El tramo más alto de los salarios por los que no se cotiza aportaría hasta 8.626 millones a la Seguridad Social
La Seguridad Social acumula un déficit récord: unos 18.000 millones de euros, cerca del 1,6% del PIB. Se trata de un agujero que no ha parado de crecer en los últimos años y que ha vuelto a poner el foco sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Gobierno, sindicatos y patronal se vuelven a reunir este martes en una mesa creada con el propósito de buscar alternativas y que, sin embargo, apenas parece avanzar. Una de las propuestas sobre la mesa es la de destopar las bases máximas de cotización, una medida que podría suponer una inyección de más de 8.626 millones anuales para la Seguridad Social, según estima en un informe CCOO, que defiende la propuesta como forma de apoyar la sostenibilidad del sistema.
La ley regula la base mínima y la máxima por las que se cotizan en España. Para este año, la base mínima es de 825 euros al mes para una jornada completa. La máxima se sitúa en 3.751 euros mensuales. Esto quiere decir que los salarios más altos no cotizan a la Seguridad Social por encima de esa cantidad: alguien que cobre 4.000 euros al mes cotiza por los primeros 3.751 euros pero no por los 249 euros siguientes.
En 2015 casi un millón y medio de personas cotizaron al menos durante un mes por la base máxima, según el informe de CCOO. El perfil de estos cotizantes es el de un hombre de entre 42 y 53 años de nacionalidad española con contrato indefinido a tiempo completo. El importe total por el que no cotizaron ese año asciende a 30.479 millones de euros. Es un 14% más que el año anterior, un aumento que se debe, sobre todo, a que a la retribución media de estas personas creció. “La importante recuperación de la actividad económica que se produjo en 215 parece haber beneficiado en particular a estos cotizantes”, señala el sindicato.
Los cálculos muestran que si se cotizaran por el total de esos salarios la Seguridad Social ingresaría 8.626 millones de euros anuales. Si, por ejemplo, el destope se hiciera en un periodo transitorio de cinco años (para que las cotizaciones fueran subiendo progresivamente), cada año se añadirían 1.725 millones de euros a la Seguridad Social. En 2020, cuando el destope fuera total, la recaudación acumulada llegaría a los 8.626 millones de euros y se mantendría ya en esa cifra cada año.
Pensiones más altas
Si las bases máximas suben, la pensión máxima también lo haría para preservar la “contributividad” del sistema. Es decir, de esos 8.626 millones habría que restar lo que se gaste en pagar las subidas de las prestaciones. No obstante, el secretario de Política Social de CCOO, Carlos Bravo, apunta una opción para controlar el gasto: “La pensión máxima tiene que evolucionar como la base máxima pero no necesariamente de la misma manera”.
Es decir, si en general una pensión supone el 80% del salario de un cotizante (la llamada tasa de reemplazo), en el caso de las pensiones máximas ese diferencial podría ser más bajo como mecanismo de solidaridad. Podrían, por ejemplo, existir diferentes tipos de diferenciales en función de los tramos salariales. De esa forma, una persona con un sueldo bajo podría tener una pensión que supusiera el 80% de sus ingresos, mientras que una persona en los tramos salariales más altos podría cobrar una prestación que supusiera, por poner el caso, el 70% de su sueldo.
Cotizaciones más altas implicarían más gasto para las empresas, algo que sería difícil de asumir para la patronal. Bravo defiende que su contribución está por debajo de la media europea y que, en todo caso, las empresas también se beneficiarían de una Seguridad Social estable y equilibrada. “El Estado podría dedicar así recursos a otras cosas”, dice.
CCOO argumenta también que una parte de la subida de cotizaciones (un 25% del alza) la costearía en realidad el Estado. ¿Por qué? Las empresas pueden deducirse las cotizaciones por contingencias comunes en el Impuesto de Sociedades, de forma que ese aumento del coste quedaría reducido en cierta medida. También la parte que pagan los trabajadores (el 4,7% de las contingencias) se elevaría y sería parcialmente absorbida por el Estado: una parte de esa cotización se usa como reducción del IRPF.
Esta será una de las propuestas que agentes sociales y Gobiernos discutirán este martes. Sin embargo, tanto CCOO como UGT critican la lentitud y la falta de contenidos de la mesa creada para hablar de pensiones. Al mismo tiempo, la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso continúa con sus trabajos que culminarán en unas conclusiones que tampoco se esperan a corto plazo.
