La familia Del Pino fichó para dirigir su fundación a excargos de las autoridades de defensa de la Competencia mientras Ferrovial manipulaba miles de licitaciones en España junto a otras grandes de la construcción.
Los del Pino son los principales accionistas de esta multinacional, que acaba de anunciar una polémica mudanza a Holanda, y que fue una de las fundadoras del denominado G-7. Este grupo fue sancionado el año pasado “por alterar durante más de 25 años el proceso en las licitaciones de construcción de infraestructuras”, según determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Este organismo impuso a las seis mayores constructoras españolas multas de 203,6 millones de euros. De esa cifra, 38,5 millones correspondieron a Ferrovial, que ha recurrido en la Audiencia Nacional. Según la CNMC, la constructora de los Del Pino tuvo una “intensa” participación en ese grupo.
Según la resolución de Competencia, el G7 se reunía cada semana para “tomar un café” o “contarnos nuestras penas y alegrías” y, de paso, alterar el resultado de licitaciones multimillonarias. Se fundó en 1992, dos años después del nombramiento como consejero delegado de Ferrovial de Rafael del Pino Calvo-Sotelo, actual presidente. Lo crearon, entre otras, esta constructora y Agromán, que Ferrovial adquirió en 1995 para convertirse en la tercera compañía del sector en España. Cuatro años después, ambas se fusionaron para salir a bolsa. Y el 4 de noviembre de 1999 se creó por decisión del fallecido Rafael del Pino Moreno la fundación que lleva su nombre.
La fundación inició su actividad en mayo de 2001 y su primer director general fue el catedrático Amadeo Petitbó, que hasta septiembre de 2000 y desde 1995 presidió el extinto Tribunal de la Competencia (TDC), antecesor de la actual CNMC, del que fue vocal desde 1992.
Petitbó, que está entre las decenas de cargos de Competencia y los antiguos reguladores sectoriales que han fichado por el sector privado en los últimos años, aún pertenece al patronato de la Fundación Rafael del Pino y a su comisión ejecutiva. El académico, que en los últimos días ha retuiteado mensajes de apoyo a la mudanza de Ferrovial, entre ellos a una tuitera que se alegra “INFINITO” [sic] de su marcha, es también vicepresidente del consejo asesor de la fundación.
El expresidente del TDC fue sustituido en 2013 en la dirección general de la Fundación Rafael del Pino por Vicente José Montes Gan. Técnico comercial y economista del Estado, Montes fue subdirector general de Concentraciones, Adquisiciones y Ayudas Públicas del TDC entre 1995 y 1998.
Montes se incorporó a la Fundación Rafael del Pino en 2005 como director adjunto. Al ascender a director general en 2013, el G7 seguía activo. Ferrovial permaneció en este grupo de empresas hasta abril de 2017, cuando ya se habían producido las primeras deserciones. Año y medio después, en octubre de 2018, la CNMC anunció la apertura del expediente sancionador que derivó en esa sanción millonaria para las constructoras. El organismo tuvo que reiniciar el procedimiento en 2020, tras haber caducado.
Hasta 2017, la Fundación Rafael del Pino patrocinó el programa Efficient Regulation & Markets junto a la propia CNMC, que se desarrolló durante tres años y coordinaba el economista y exeurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, exmiembro del consejo asesor de la fundación. Ese foro se ocupaba de analizar “las cuestiones más relevantes en el ámbito de la regulación y la competencia en los mercados”.
En el patronato de la fundación, además de la familia del Pino y esos dos excargos de Competencia, se sientan actualmente, entre otros, el empresario y ex alto comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros. El padre del ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros está vinculado a la entidad desde su creación. Uno de los hermanos del diputado de Vox, Beltrán Espinosa de los Monteros, está casado con Ana Cebrián Del Pino, hija de Clemente Cebrián (fundador de la empresa textil El Ganso), sobrina del presidente de Ferrovial y vicepresidenta de la Fundación Rafael del Pino.
También son patronos de la fundación la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, y el banquero Alfredo Sáenz. Y en su consejo asesor están, entre otros, el economista vinculado al PP Daniel Lacalle, que hace unos días firmaba un artículo en el que aseguraba que Ferrovial está “obligada a emigrar para crecer”; la expresidenta de la Sareb y consejera de Santander, Belén Romana, y el exconsejero de Bankia y Caja Madrid Alberto Ibáñez.
Entre sus expatronos figura el jurista José Manuel Romero Moreno, octavo conde de Fontao y décimo marqués de San Saturnino. Abogado personal de Juan Carlos I durante 20 años, el aristócrata fue consejero de Expal, empresa de explosivos a la que han estado muy vinculadas dos personas de la máxima confianza del presidente de Ferrovial: su consejero José Sánchez-Junco (hermano del fiscal en excedencia Javier Sánchez-Junco, abogado del emérito para sus causas penales) y Santiago Bergareche, ex CEO de Ferrovial y expresidente de Cepsa.
Por el consejo asesor de la Fundación Rafael del Pino también tuvo un paso fugaz, tras su precipitada salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, artífice de un generoso régimen de incentivos fiscales del que se benefició Ferrovial. Esas ayudas fueron anuladas por la UE y están entre los principales litigios que todavía hoy arrastra la constructora, junto a las multas que le ha impuesto en los últimos años la CNMC y un reciente escándalo de corrupción en Polonia por el que han sido detenidos varios directivos del grupo y un exministro de Hacienda de ese país.
Por el consejo asesor de la fundación también han desfilado, entre otros, el fallecido economista e historiador Gonzalo Anes, exconsejero del Banco de España, expresidente del Patronato del Museo del Prado y responsable de que en 2011, el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia (RAH), que entonces presidía, calificara a la dictadura de Francisco Franco como “un régimen autoritario, pero no totalitario”, una afirmación que acaba de ser corregida doce años después.
Su sucesora en la RAH, la historiadora Carmen Iglesias, expresidenta de Unidad Editorial (editora de El Mundo, entre otros), también ha pasado por ese órgano. Además de empresarios como los fallecidos José Manuel Lara (grupo Planeta) o Mariano Puig, estuvieron vinculados a la fundación, entre otros, el ex secretario general del Círculo de Empresarios Vicente Boceta, y el a la postre consejero de Economía de la Comunidad de Madrid a propuesta de Ciudadanos, Manuel Giménez Rasero.
Actualmente, el secretario de la fundación es José Ignacio Ysasi-Ysasmendi y Pemán, responsable jurídico de Casa Grande de Cartagena, SA, sociedad patrimonial de los Del Pino. Miembro de la comisión ejecutiva de la entidad filantrópica, es nieto del escritor falangista José María Pemán, poeta oficial de la dictadura franquista, e hijo de Pedro Ysasi-Ysasmendi, abogado del Estado y expresidente del Círculo de Empresarios.
Su hermana Cristina fue la última directora adjunta del Gabinete de la Presidencia con Mariano Rajoy en la Moncloa y también tuvo un fugaz paso por la CNMC antes de recalar en el sector privado. Cristina Ysasi-Ysasmendi está además casada con el empresario José Sarasola, con fuertes intereses en el negocio de la energía y hermano de Borja Sarasola, exconsejero de Ignacio González en la Comunidad de Madrid y pendiente de juicio por caso Púnica de supuesta financiación irregular del PP madrileño.
A preguntas sobre este asunto, la Fundación Rafael del Pino no detalla la retribución de sus directores generales y afirma que la marcha de Ferrovial a Países Bajos no va a tener ningún efecto sobre sus actividades. Presidida en la actualidad por María del Pino, hermana del presidente de Ferrovial y consejera y accionista de la constructora, esta entidad no lucrativa contabiliza en sus últimas cuentas presentadas 135 millones en activos, con importantes inversiones financieras en deuda, bonos y acciones, y gastos de personal de 632.768 euros.
La entidad tiene entre sus fines “la formación de dirigentes, el impulso de la iniciativa individual, los principios de libre mercado y la libre empresa, la divulgación de la historia y la defensa del patrimonio cultural español”, “contribuir a mejorar la salud y las condiciones de vida de los ciudadanos” y “fomentar la actividad emprendedora y el uso de nuevas tecnologías”.
La fundación, cuyo programa de conferencias magistrales ha recibido a varios premios Nobel y Jefes de Estado y de Gobierno, arrancó su actividad con una conferencia inaugural de Bill Clinton sobre la globalización en el siglo XXI. Entre 2001 y 2021, ha desarrollado 561 programas de formación que han contado con más de 137.000 alumnos; 306 personas han disfrutado de sus becas de excelencia y “han podido realizar sus estudios en universidades y centros de vanguardia”, explica en su web.
La entidad también canaliza su labor filantrópica a través de un complejo polideportivo adaptado a las necesidades de movilidad y accesibilidad de los lesionados medulares ubicado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Entre los últimos actos celebrados en su auditorio en Madrid se cuenta el “Foro europeo por la vida”, un encuentro antiabortista internacional organizado por Vox.
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