El plan de recuperación español avanza en Bruselas pese a las zancadillas y malos augurios de la oposición

La Comisión Europea acaba de dar el visto bueno a 10.000 millones de euros para España. Es el primer tramo del fondo de recuperación, después de haber recibido 9.000 millones en prefinanciación. España, así, se convierte en el primer país en recibir ese aval del Ejecutivo comunitario. Un plan de recuperación vilipendiado por la oposición, tanto en Madrid como en Bruselas, y sobre el que no han dejado de sembrar dudas en cuanto a su diseño, su tramitación en Bruselas y su ejecución.

España, además, acaba de recibir la aprobación, por parte de Bruselas, del mecanismo de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), el esquema público-privado, el molde para canalizar parte de las inversiones de los 69.500 millones que va a recibir España en tres años en concepto de transferencias y subvenciones. Ese primer PERTE, recién aprobado por la Comisión Europea este miércoles, el del coche eléctrico y conectado, ha sido, también, disparado desde la oposición como “dinero a dedo”.

Ya en verano el plan español logró diez sobresalientes y un notable, el mismo plan criticado con fruición por PP y Ciudadanos y que servirá para recibir unos fondos que, según los partidos de Pablo Casado e Inés Arrimadas, estaban en peligro constantemente. Según la Comisión Europea, el plan de recuperación y resiliencia de España, contra el que votaron en el Congreso PP, Ciudadanos y ERC, “contribuye de manera significativa a respaldar la recuperación económica del país y a contribuir a un futuro verde, digital e inclusivo”.

Ya fuera por el estado de alarma, la gestión de la pandemia, la supuesta falta de mecanismos de control, el sistema de gobernanza, la reforma no nata del sistema de elección del Poder Judicial o incluso el bautizado Ministerio de la Verdad –defendido por la Comisión Europea–, PP y Ciudadanos han ido llamando al suspenso al plan español en Bruselas y en Madrid durante repetidas ocasiones desde antes incluso que se aprobara el mecanismo europeo en julio de 2020.

“Le pedimos transparencia, reformas y que se invierta en las personas. Espero que la Comisión haga su trabajo y aseguremos que esta oportunidad no es una oportunidad perdida”, ha dicho en el Parlamento europeo el portavoz de Ciudadanos, Luis Garicano.

Pero no es sólo el plan de recuperación español el primero de los 27 que va recibiendo avales por parte de Bruselas, es que la Comisión Europea ha reconocido la posición fiscal de los presupuestos españoles, “contractiva”, por las partidas destinadas a reducir el déficit y la deuda. Cosa que sólo hacen tres países de la Unión Europea.

A pesar de eso, el presidente del PP, Pablo Casado, ha tachado los presupuestos de “falsos y ruinosos” unos días antes de que fueran aprobados por Bruselas con la etiqueta de “prudentes”.

La idea de los presupuestos mal hechos también ha sido defendida por Ciudadanos, que asegura: “Si somos los últimos de la clase fiscal, nos sancionarán en 2023”.

Bruselas, en cambio, reconoce el carácter “contractivo”, que no expansivo, de las cuentas españolas para 2022, aprobadas por la Comisión Europea. “Lo que vemos en términos de la caída fiscal o el menor apoyo de gasto está relacionado en parte con el hecho de que España tomó medidas considerables en 2020 y 2021, por encima de la media de la UE”, explican fuentes comunitarias.

“A dedo”

“A dedo”, así es como suele calificar la oposición el reparto de los fondos europeos. Sin embargo, este jueves, cuando la Comisión Europea aprueba el primer PERTE, la vicepresidenta de Competencia, afirma: “Este esquema español de 3.000 millones ayudará a habilitar una cadena de valor innovadora y sostenible para los vehículos eléctricos, en línea con las normas sobre ayudas estatales y los objetivos del Pacto Verde Europeo. Desempeñará un papel importante en la recuperación verde y digital de la economía española, garantizando al mismo tiempo que se minimizan las posibles distorsiones de la competencia”.

“Programa electoral radical”, dice Casado. Pero, ¿qué dice Bruselas? Según el Ejecutivo comunitario, “el esquema es necesario para facilitar las inversiones en I + D + i, así como los esfuerzos de inversión en protección ambiental de las empresas, y las medidas de eficiencia energética en la cadena de suministro de vehículos eléctricos y conectados. También tiene un efecto incentivador, ya que los proyectos no se llevarían a cabo sin el apoyo público”.

En contra de lo que dice Casado, Bruselas entiende que “la ayuda es proporcionada y se limita al mínimo necesario”, y que “existen las salvaguardas necesarias para limitar cualquier efecto negativo indebido. En particular, se limitará el importe máximo de ayuda para un único beneficiario; se garantizará la adecuada participación de las pymes en el esquema; y las empresas participantes deben demostrar que los importes de ayuda solicitados se limitan al mínimo necesario”.

Por último, la Comisión Europea destaca que “los efectos positivos de la medida, en particular sobre el medio ambiente, la integridad del Espacio Europeo de Investigación para la cadena de valor y la recuperación de la economía española, superan los efectos negativos en términos de posibles distorsiones de la competencia. De hecho, el plan ayudará a España a cumplir sus objetivos medioambientales, establecidos a nivel europeo y nacional, y respaldará la transición digital, ya que fomenta las inversiones en la conectividad de los vehículos eléctricos. 

En todo caso, para el PP, los PERTE recién validados por Bruselas son “agujeros negros”, en palabras de su dirigente Elvira Rodríguez.

Unos argumentos del PP similares a los expresados por el jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y vicepresidente del grupo liberal (Renew), Luis Garicano.

Así, Garicano suspende los PERTE recién aprobados por la Comisión Europea: “El único PERTE que se ha anunciado hasta ahora ha sido el de las baterías y no se ha hecho de forma competitiva, ni se ha explicado por qué se ha elegido a esas empresas. El Gobierno debe garantizar que el Plan responde a lo que más necesita España y para eso necesita expertos. Y también que la adjudicación sea transparente y clara. Con el precedente que tenemos con Plus Ultra no nos da esta impresión”.

“Se sacrifica la inversión industrial a favor de subvencionar el consumo para la clase media”, dice Garicano: “Los criterios de asignación, el registro de PERTES, la forma en la que se desembolsa el dinero, etc... Sugieren que el mecanismo se ha diseñado de forma apresurada y hay dudas muy significativas sobre su utilidad y gobernanza. El primer PERTE adjudicado con nombres y apellidos a través de una columna de opinión firmada por el propio presidente del Gobierno”.

“El plan español NO cumple las reglas europeas”

Garicano afirmaba en mayo que el plan de recuperación español no cumplía las reglas europeas. Justo un mes antes de que fuera aprobado por la Comisión Europea con diez sobresalientes y un notable, dos meses antes de que recibiera 9.000 millones como prefinanciación; seis meses antes de que el Ejecutivo comunitario diera el visto bueno al primer desembolso de 10.000 millones.

¿Por qué? Así lo expresaba recientemente el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis: “Felicitaciones a España por haber puesto ya tantas reformas en marcha”.

Es decir, no sólo el plan está aprobado, sino que se está cumpliendo. Y, por ello, España Bruselas ya ha aprobado 19.000 millones en este año para España. De ellos, los últimos 10.000 millones están pendientes del visto bueno del Consejo –los gobiernos– de aquí a final de año.