La pobreza energética le estalla al nuevo ministro de Energía tras años de dejadez gubernamental
La muerte por asfixia de una anciana en Reus (Tarragona) a la que Gas Natural había cortado la luz y cuya casa se incendió con las velas que utilizaba para iluminarla ha llevado a la primera línea el debate sobre la pobreza energética. Un problema que, según algunas estimaciones, afecta en España a 5,1 millones de personas (el 11% de los hogares), y que ha estallado sobre la mesa del nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, a los pocos días después de tomar posesión.
Al exjefe de la Oficina Económica de Moncloa no se le conoce su posición sobre un fenómeno que ha crecido exponencialmente con la crisis, de forma paralela al encarecimiento del suministro eléctrico, y contra el que el anterior Gobierno, que ha presumido de una recuperación “muy social” (en expresión de la ministra de Empleo, Fátima Báñez), no tomó ninguna medida, obsesionado como estaba con atajar el denominado déficit de tarifa eléctrico. Nadal fue el responsable del programa económico del PP en las dos últimas elecciones, en el que no se hacía ni una mención al problema de la pobreza energética.
El PP se dedicó más bien a torpedear todas las iniciativas de la oposición en el Congreso y, por la vía judicial, el Gobierno de Rajoy ha cortado el paso a las comunidades autónomas con el recurso contra un decreto catalán pionero en esta materia anulado por el Tribunal Constitucional en abril. Ante la inacción estatal, cada región ha hecho la guerra por su cuenta y la mayoría de las comunidades autónomas cuentan con ayudas directas para los más vulnerables. Cataluña, la más activa, tiene en vigor un protocolo que debía haber salvado la vida de la anciana de Reus y Aragón acaba de aprobar una ley de reducción de la pobreza energética que entró en vigor la semana pasada.
En un primer momento, las eléctricas relativizaron el problema (“De todas las pobrezas, la pobreza energética probablemente no sea la más acuciante”, llegó a decir hace dos años el presidente de la patronal Unesa, Eduardo Montes), pero desde hace tiempo las compañías dicen ser conscientes de su gravedad. Argumentan que, en ausencia de una normativa estatal, han firmado centenares de convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG para intentar evitar cortes de suministro de clientes vulnerables.
Qué se hace en Europa
España ni siquiera tiene una definición oficial de pobreza energética, a diferencia de otros países como Francia, Reino Unido, Eslovaquia, Irlanda o Chipre.
En cuanto a las medidas efectivas para atajar el problema, Reino Unido ofrece el Warm Home Discount (WHD), descuentos sobre las facturas energéticas a consumidores vulnerables, además de pagos directos a cuenta y ayudas para mejorar la eficiencia energética; en Francia existen descuentos de entre el 40% en tarifas de gas y electricidad para hogares de ingresos reducidos y subvenciones para mejora de la eficiencia energética de las viviendas e incluso se introdujo una prohibición de cortar la luz durante la llamada tregua invernal (del 1 de noviembre al 31 de marzo). En Italia tiene un bono eléctrico y de gas similar al español de la luz, pero ligado a la renta. En Alemania existe una renta complementaria para hogares por debajo de un determinado nivel de ingresos.
El bono social
Desde hace un mes, el Gobierno tiene sobre la mesa una Proposición No de Ley apoyada por el PP que pidió al Ejecutivo medidas para garantizar que las empresas no lleven a cabo cortes de suministro durante el invierno a los usuarios que tengan reconocida la condición de consumidores vulnerables. La tragedia de Reus puede precipitar los acontecimientos, según algunas fuentes del sector.
En primer lugar, Álvaro Nadal, que ni siquiera ha nombrado aún a su secretario de Estado de Energía, va a tener que rediseñar el denominado bono social de la luz, la única medida que tiene en marcha el Gobierno central para los consumidores vulnerables y que desde 2009 ofrece descuentos sobre la tarifa para determinados colectivos. Este mecanismo no se concede en función de la renta y el Tribunal Supremo ha anulado el sistema de financiación (a cargo de las eléctricas) que puso en marcha en 2014 el hermano del nuevo ministro, Alberto Nadal, cuando era secretario de Energía. Cumplir la sentencia tendrá un coste de unos 500 millones de euros, más intereses.
En el sector se especula con la posibilidad de que el titular de Energía utilice parte del superávit que acumula la tarifa eléctrica desde 2014, que ronda los 1.500 millones de euros, y que el Gobierno tiene inmovilizado en una cuenta en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La ley eléctrica obliga a utilizar este excedente para amortizar la deuda de los consumidores con las eléctricas (unos 24.000 millones), pero el Ejecutivo no lo ha hecho. Un cambio normativo podría permitir destinar todo o parte de ese dinero a mejorar y ampliar el bono social.
El bono cuesta actualmente unos 200 millones al año y, en principio, a las eléctricas no les parece mal que se destine a ese fin el excedente, puesto que ya han cobrado el déficit tras su conversión en bonos.
La propuesta de Endesa
La propuesta más clara llegó de Endesa a finales de abril, con el Gobierno en funciones. Propuso “rediseñar” el bono para que “cumpla realmente con la finalidad asistencial que impulsó su creación” y financiarlo con un fondo de 131 millones podría financiarse a través del Presupuesto del Estado, “por su evidente función social”, o a través de la tarifa, “teniendo en cuenta que la actual situación de superávit tarifario permitiría incorporar este coste sin crear ningún tipo de desequilibrio”.
Endesa también propuso crear un fondo de 20 millones sufragado vía presupuestos o tarifa y ayuntamientos destinado a abonar las facturas de clientes que no puedan hacer frente al pago de su recibo eléctrico por hallarse en una situación de vulnerabilidad o emergencia social que esté acreditada por los Servicios Sociales de sus respectivos Ayuntamientos.
Con la tragedia de Reus convertida en argumento para la oposición contra la política energética del Gobierno, el problema para Nadal y el conjunto del Ejecutivo es que la coyuntura de precios de la energía no ayuda. La tarifa eléctrica acumula seis meses al alza y apunta nuevas subidas. Este jueves, el precio de la energía en el mercado mayorista se situaba en el nivel más alto desde el pasado 10 de diciembre.
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