Tener un empleo “sigue siendo la mejor forma de acceder a una situación de integración”. Pero no vale cualquier tipo de trabajo. Así lo subraya un dossier de la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas, que ahonda en las causas que llevan a trabajadores a enfrentar la exclusión social y la pobreza. El empleo parcial involuntario, por ejemplo, dispara las posibilidades de caer un situaciones de vulnerabilidad. Además, hay focos de población más expuestos a estas problemáticas, como las mujeres. Los hogares en los que ellas son la “cabeza de familia” tienen una tasa de pobreza severa que duplica el de los hogares sustentados por hombres, según el estudio.
El dossier, que Cáritas ha presentado esta semana, se titula La vulneración del derecho a un trabajo decente: Empleo y exclusión social y es la antesala del VIII Informe Foessa que se presentará el próximo mes de junio. El estudio se basa en una encuesta realizada por la fundación en 2018, con una muestra “de 11.655 hogares y 29.953 personas” de todas las Comunidades Autónomas, con un margen de error inferior al 1%, según la entidad.
El estudio aporta algunas cifras sobre la pobreza en España durante el año pasado, centradas en la situación laboral y social de los entrevistados, mientras que los últimos datos oficiales corresponden a 2017, de la Encuesta de Condiciones de Vida.
La entidad mide la exclusión social teniendo en cuenta 35 indicadores, con diferentes problemáticas en torno a tres ejes: “El económico, el acceso a derechos (como la salud, la educación, o la vivienda) y otro vinculado a las relaciones sociales”, explica a eldiario.es Francisco Lorenzo, director del área de Acción Social de Cáritas España.
Los hogares encuestados son valorados por esos 35 indicadores y se dividen en cuatro franjas: la primera es la que no está afectada por ninguno de estos problemas, que cuentan con una “integración plena”; la segunda, la que está afectada solo por algunas de ellas, pero se puede considerar que son personas integradas; la tercera y la cuarta las forman hogares en exclusión, moderada en el primer caso y severa en el último.
Según este análisis, casi la mitad de las personas desempleadas –un 46%– se encuentra en el espacio de la exclusión y el 25,9% de ellas, en ese último escalón, una situación de “exclusión severa”. Si se atiende solo a criterios económicos, la encuesta muestra que el 17,2% de las personas sin empleo vive una situación de “pobreza severa”, es decir, que tiene unos ingresos inferiores al 30% de la renta mediana del país.
Pese a la dura situación de las personas paradas, la fundación pone el acento en aquellas que tienen un empleo y aun así afrontan la exclusión y la pobreza. “Si bien es cierto que contar con un empleo sigue siendo la mejor forma de acceder a una situación de integración, la intermitencia y precariedad del mismo nos está conduciendo a un escenario en el que trabajar ya no es sinónimo de integración”, apunta el informe.
Las respuestas de los entrevistados indican que el 12,3% de la población que está trabajando se encuentra en situación de exclusión y el 2,1% en condiciones de pobreza severa.
Si se atiende a las cuatro franjas con las que la Fundación Foessa mide la exclusión, “solo un 48% de las personas vive en integración plena”, subraya Francisco Lorenzo, “por lo que otro 40% de la población trabajadora vive en integración pero con algunos problemas que es importante vigilar. Hemos comprobado con la última crisis que esta gente, cuando hay recesión, cae de la integración precaria a la exclusión porque ya no tienen mucha capacidad para afrontar nuevos problemas”.
Los datos de la encuesta señalan algunos focos de pobreza y exclusión dentro de la población trabajadora. Según el tipo de empleo, destaca el trabajo temporal y el de jornada parcial involuntario. En el primer caso, la exclusión afecta al 23,6% de las personas que cuentan con un contrato temporal, mientras que esa cifra se reduce hasta afectar al 9,5% de la población con contrato indefinido.
El trabajo a tiempo parcial involuntario se ha duplicado desde el inicio de la crisis, según la EPA, y supone una de las heridas abiertas del mercado laboral en España. Mercedes Benito, subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid, explica que, antes de la crisis, la pobreza de las personas con un trabajo que acudían a Cáritas estaba generalmente vinculada a la temporalidad, pero “después de la crisis se ha incorporado una nueva variable con mucha importancia: la parcialidad indeseada”.
Más de la mitad de los encuestados con contratos a tiempo parcial, el 51,7%, afirmaron tener este tipo de jornada reducida por no haber podido encontrar un empleo de jornada completa. En este colectivo de jornada parcial indeseada, casi una de cada tres personas (32,8%) vive en situación de exclusión y hasta el 7,7% en pobreza severa.
De la experiencia que las personas que llegan a Cáritas demandando ayuda, Mercedes Benito destaca la situación en la que encontrar un empleo “no sale a cuenta” a la economía familiar cuando es precario. En ocasiones, si la familia está formada por niños y solo un miembro adulto consigue un empleo, pero este es a tiempo parcial, los ingresos obtenidos se quedan por debajo de lo que el hogar lograría con una renta mínima de inserción y los mecanismos sociales asociadas a esta ayuda.
Además, el dossier identifica a las mujeres como un colectivo con más papeletas de sufrir exclusión y la pobreza que los hombres. La encuesta se fija en la situación de los hogares en función de quién sea el “sustentador principal”, también conocido como “cabeza de familia”. Si se trata de una mujer, “esos hogares tienen el doble de probabilidades de vivir en pobreza severa que los que tienen a un hombre como sustento principal”, apunta Francisco Lorenzo. La tasa de pobreza severa en el primer caso es del 4,5% y en el segundo, del 2,1%.
“El concepto del género multiplica la situación de exclusión”, sostiene Mercedes Benito, que explica el bucle en el que se ven envueltas algunas mujeres con la referencia de unas ondas en el agua. Ser mujer en el mercado laboral, recuerda, implica unas problemáticas de por sí, como la brecha salarial o las dificultades de acceso o promoción. Si a eso se suman cargas familiares no compartidas, ya sea por cuidado de hijos o de personas mayores, “las ondas se van haciendo más y más grandes”.
Benito subraya los casos de mujeres que “abandonan el mercado laboral para cuidar a un mayor dependiente, su padre o su madre, porque necesitan un cuidador y lo que pagarían por contratar a alguien es lo que ganan, así que dejan su trabajo y viven de la pensión del mayor. Cuando esa persona fallece, estas mujeres ya han salido del mercado y sin contar con lo que han vivido emocionalmente y en su salud por cuidar a un mayor dependiente”.
Las diferencias de género se manifiestan en varios resultados de la encuesta. En términos de exclusión severa, afecta al 6,7% de los hogares con una mujer como sustentadora principal, mientras que si el “cabeza de familia” es un hombre el porcentaje es del 4%. Si se atiende a los hogares que han tenido dos o más retrasos en el pago del alquiler, hipoteca o suministros del hogar, el dato de las familias con mujeres como sustento es del 7,8%, mientras que el de los apoyados principalmente sobre un hombre es del 5,6%.
Lorenzo pide a las instituciones públicas que dirijan sus medidas contra la pobreza y la exclusión hacia los colectivos más vulnerables, como las mujeres y las familias con hijos, y que las empresas mejoren la calidad de sus ofertas de trabajo. “Desde Cáritas tenemos iniciativas intermedias para el acceso al mercado laboral normalizado, que para muchas personas es muy exigente y es complicado llegar. Tenemos programas de inserción que permiten acercar a estas personas y es una inversión, al final se devuelve a la sociedad”, añade.
Además de soluciones en el mercado de trabajo, Mercedes Benito llama la atención sobre el segundo problema principal que ahoga a las familias que viven en riesgo de pobreza: la vivienda. “Es fundamental, los recursos que pone la Administración pública para ello no son suficientes”, lamenta.
La imagen final de la exclusión en España, subraya Benito, no es la de hace unos años. “Se identificaba con problemáticas muy concretas, como la prisión, las drogas, el maltrato... Todo eso sigue existiendo, pero hay factores mucho más cercanos a todos nosotros, que hacen que pasar de la integración a la vulnerabilidad sea muy fácil y de la vulnerabilidad a la exclusión también”.
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