El programa de Podemos para las próximas elecciones generales apuesta por “aprovechar Bankia como banco público” y que “con carácter inmediato”, el Congreso elija por una mayoría de tres quintos “una nueva presidencia de Bankia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país”.
Además de la destitución del actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, nombrado tras el rescate de la entidad en 2012, el documento propone auditar los activos tóxicos de las entidades rescatadas con dinero público e incorporar a los programas de vivienda “las viviendas cedidas a fondos buitre o a la Sareb”, el denominado banco malo.
Asimismo, plantea crear un canon bancario, gestionado por Bankia, para llevar cajeros a los pueblos; que el impuesto de transacciones financieras vaya más allá y penalice también los derivados, y que la agencia Tributaria recupere “para la gente” el dinero del impuesto de Actos Jurídicos Documentados AJD de las hipotecas que debían pagar los bancos, según una primera sentencia del Tribunal Supremo posteriormente enmendada.
En materia de energía, la formación morada quiere “reducir la producción energética primaria basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de la producción de fuentes renovables en 2040” y adelantar los objetivos de cierre de las centrales de carbón “antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional)” y de las centrales nucleares “antes del final de 2024. Se garantizará que se hayan creado previamente dos empleos por cada uno que se pierda”.
También proponen una reforma tarifaria para lograr “una factura de la luz más barata y justa”; crear una empresa pública de energía que asuma las concesiones hidroeléctricas que vayan caducando y que “desempeñará un rol activo en la instalación de energías renovables, empujará hacia la transformación del mercado eléctrico” y hará posible cumplir los objetivos de penetración de las renovables; además, “se descartarán proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas y se realizará una auditoría de costes del sector eléctrico”.
Por último, se creará un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) para financiar la expansión de las energías renovables, del coche eléctrico y de otras industrias verdes, así como la digitalización de la industria o el impulso a las inversiones en I+D+i.
El programa propone “declarar el taxi servicio público de interés general y establecer un requisito de 2 horas de precontratación para las VTC”; “frenar la renovación de las concesiones de autopistas a grandes corporaciones” y “preservar la soberanía de sectores estratégicos, como los puertos”.
“Los puertos del Estado se orientarán hacia el interés general de la ciudadanía y del país. Estudiaremos fórmulas para revertir el control de empresas externas en servicios de estiba, astilleros e industria naval y se modificarán las normas de liberalización que conlleven una pérdida de soberanía y un expolio de las inversiones públicas”.