Podemos cifra en 5.000 millones de euros anuales la recaudación proveniente del impuesto de solidaridad que debería pagar todo el sector bancario para financiar el rescate a la banca de 2012, aunque deja fuera a Bankia, una vez nacionalizada.
El secretario general del equipo económico de Podemos, Nacho Álvarez, ha explicado que al ser Bankia un banco público los efectos de pago del rescate a través de un impuesto de solidaridad no tendrían efecto, puesto que entrarían en el erario público.
En rueda de prensa, ha afirmado que es necesario reabrir el Memorándum de Entendimiento firmado con Bruselas y que incluye el pago del rescate financiero en un plazo de 10 años para que sean las entidades financieras las que abonen este importe.
En este sentido, ha indicado que el impuesto de solidaridad que incluyen en su programa económico contempla que todas las entidades bancarias, excepto Bankia, que sería nacionalizada, paguen un impuesto nuevo sobre sus beneficios, con el que se recaudarían 5.000 millones de euros anuales, 20.000 millones de euros en cuatro años, y 40.000 millones en ocho años.
De esta forma se cubriría el coste de la devolución de esta deuda pública a un ritmo adecuado.
Según Álvarez, el impuesto debería ser para todo el sector financiero, ya que aunque algunas entidades no han sido rescatadas, sí se han beneficiado de bonos convertibles, ayudas de créditos fiscales o de la compra de otras entidades debido a la reforma bancaria.
Sobre este aspecto de la reestructuración de la deuda pública y también privada, el partido que preside Pablo Iglesias ve más diferencias de encuentro con el PSOE, aunque reconoce que en todas las negociaciones siempre hay que ceder.
Así, aunque no ha puesto “líneas rojas” en ninguna negociación con los socialistas, el equipo económico de Podemos ha reiterado que hay principios básicos como la derogación de la reforma laboral, una reforma fiscal más progresiva, una renta garantizada o un rescate al ciudadano, a los que no van a renunciar.
Sobre la reestructuración de la deuda privada, en especial la de las hipotecas de muchos ciudadanos con rentas muy bajas, Álvarez ha insistido en que hay que liberar la carga y acometer una dación en pago de forma retroactiva.
Para ello, ha explicado que habría que hacer una reducción de los valores de las hipotecas y de los activos inmobiliarios y tener en cuenta sólo los hogares con rentas inferiores 3 veces al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con el fin de reducir el impacto que tendría la dación en los balances bancarios.
Esta medida se acometería, no obstante, en un plazo de dos legislaturas.