La inestabilidad política que vive Italia tras la dimisión del primer ministro, Matteo Renzi, por haber perdido el referéndum constitucional, ha aumentado la presión sobre sus bancos, cuyo saneamiento es inminente. Las entidades italianas acumulan un total de 198.000 millones en préstamos dudosos o fallidos, según los últimos datos del Banco de Italia, siendo el Monte dei Paschi di Siena (MPS) –el tercero más grande del país– el principal perjudicado, ya que posee el 35% de estos créditos.
El banco estaba intentando montar una ampliación de capital de 5.000 millones de euros sin mucho éxito hasta ahora. Los planes de JPMorgan y Mediobanca –asesores de MPS– para convencer a inversores cataríes de que inyectaran 1.000 millones de euros no dieron sus frutos y sin su participación, la recapitalización iba a ser insuficiente.
Ante esta perspectiva, los responsables de la entidad habían pedido al Banco Central Europeo prolongar hasta finales de enero la fecha límite para encontrar una solución, pero el supervisor lo ha denegado el viernes. La negativa ha provocado una debacle de las cotizaciones del sector bancario en Italia, liderado por MPS que llegó a perder más de un 16%. La filtración por parte del periódico La Repubblica de que este mismo fin de semana se rescatará a la entidad (la más antigua del mundo) contuvo la sangría hasta el 10% con el que cerró la jornada.
El Gobierno italiano lleva meses negociando con la Comisión Europea un rescate del banco con fondos públicos, pero la nueva directiva europea de resolución que entró en vigor en enero de este año obliga a que los inversores sean los primeros en asumir pérdidas. La condición podría convertirse en un problema político en el país. Como apunta Silvia Merler, la analista del think tank Bruegel, “el 65% de la deuda subordinada del MPS está en manos de pequeños inversores”, similares a los preferentistas españoles.
El Ejecutivo italiano quiere salvar a toda costa esta dificultad y por eso pretende acogerse a las excepciones que prevé la normativa: el Estado puede acudir al rescate de un banco si las pérdidas que deberían asumir los inversores provocan un problema económico mayor. Al contrario de lo que ocurrió con el rescate bancario español, por tanto, los pequeños inversores podrían salir menos perjudicados.
El periódico La Stampa aseguraba el miércoles que Italia estudiaba pedir 15.000 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad. El fondo de rescate de la eurozona negó haber recibido ninguna solicitud.
La agencia Reuters informaba de que el Gobierno está preparando la toma del 40% del banco para adquirir la deuda subordinada de 40.000 inversores, inyectando 2.000 millones de euros. Es una cantidad insuficiente para recapitalizar el Monte dei Paschi di Siena.
Una banca arraigada en la comunidad local
El sistema bancario italiano ha ido capeando la crisis gracias a su propia naturaleza. Se trata de una banca muy fragmentada y arraigada en la comunidad local. Esto ha facilitado que la deuda de las entidades esté en manos de las pequeñas y medianas empresas del país, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con los bancos españoles, donde los inversores alemanes y franceses huyeron cuando empezaron a surgir las dudas sobre su solvencia. También el BCE ha jugado un papel importante con sus programas de compra de deuda.
Pero ese arraigo local ha terminado por perjudicarle, pues a medida que ha avanzado la crisis, muchas pymes han desaparecido y los créditos se han quedado sin cobrar. La crisis de Gobierno ha activado las alertas, puesto que Italia es la tercera economía más importante de la eurozona, aunque Bruselas cree que no hay motivos todavía para temer una vuelta a los peores años de la crisis.
El problema puede llegar si la inestabilidad política se prolonga en el tiempo. Una de las principales tareas del nuevo Ejecutivo va a ser la de la reforma de la ley electoral antes de acudir a unas nuevos comicios. “El periodo de transición puede durar un tiempo”, explica Silvia Merler. “Todos los partidos políticos intentarán cambiar la ley electoral de una forma que beneficie sus perspectivas electorales. Durante este periodo, cualquier reforma quedará congelada y en un país como Italia difícilmente se puede considerar como una buena noticia”.