La Fiscalía portuguesa ha anunciado esta semana la creación de un “grupo de reflexión” para “desarrollar estrategias de prevención y combate de fraudes con fondos europeos”. El proyecto surge en vísperas de que se inicie el reparto del histórico fondo de reconstrucción pactado en julio por los líderes europeos para hacer frente a la emergencia económica derivada del coronavirus.
El nuevo 'think tank' luso, que tendrá una duración prevista de dos años, ha sido creado a iniciativa del Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) de la Procuradoria-Geral da República (PGR), la Fiscalía lusa.
Su objetivos son fundamentalmente tres: identificar “áreas de elevado riesgo de comportamientos fraudulentos”, desarrollar “líneas orientadoras de prevención de fraude en la gestión de control de fondos europeos” y elaborar “metodologías de acción ajustadas a comportamientos fraudulentos identificados”, según una nota de la PGR.
Fuentes del Gobierno español descartan llevar a cabo una iniciativa similar porque “el fraude se persigue per se” y no es necesario un organismo de estas características.
El laboratorio de ideas lanzado por Portugal no guarda relación con la “agencia nacional para la recuperación económica de España” que propuso crear este miércoles el líder del PP, Pablo Casado, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta agencia, que se encargaría de gestionar los fondos europeos, tendría una orientación completamente distinta, mucho más ejecutiva que la del 'think tank' luso.
La portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado dispuesta a estudiar la creación de una agencia de ese tipo, que según Casado permitiría evitar “el ”clientelismo y la discrecionalidad“ en el reparto de los fondos y podría estar dirigida por alguien sin filiación política, como algún exgobernador del Banco de España o excomisario europeo. No obstante, Montero recordó que la creación de este tipo de agencias estatales está recogida en una ley que derogó el Gobierno del PP.
En el caso del nuevo 'think tank' luso, el grupo de trabajo, con un enfoque multidisciplinar y preventivo, estará integrado entre otros por un magistrado de la DCIAP y por representantes del Organismo Europeo Antifraude (OLAF), del Tribunal de Cuentas luso, del Banco de Portugal, de la Policía Judicial y la Agencia Tributaria portuguesa, entre otros organismos públicos, además de entidades del mundo académico y la sucursal de la ONG Transparencia Internacional en el país.
Va a echar a andar cuando todavía no ha empezado el reparto de los fondos europeos de reconstrucción pactados en julio, con una dotación total prevista de 750.000 millones de euros. Se espera que Portugal reciba unos 15.300 millones de euros en los próximos años, frente a los 140.000 millones que corresponderán a España.
En julio, cuando se acordó la creación de ese instrumento de ayuda a los países más golpeados por la pandemia, los líderes europeos plantearon la necesidad de prevenir el fraude en el uso de los fondos comprometidos mediante “una implicación decidida del Tribunal de Cuentas Europeo, la OLAF, Eurojust, Europol y, cuando proceda, la Fiscalía Europea, así como de las autoridades competentes de los Estados miembros”.
Historial de fraudes
Un informe publicado por la OLAF el año pasado situaba a España como el país de la UE que más irregularidades acumuló en el uso de fondos europeos y agrícolas entre 2014 y 2018, con un total de 10.995 casos, el 22% del total y muy por delante del resto de países: Rumanía era el segundo con 5.563 casos, seguido de Polonia (5.103), Italia (4.117) y Portugal (2.723).
El país vecino tiene también un historial acreditado de mal uso de fondos comunitarios. En julio pasado, Jornal de Notícias revelaba que, según estimaciones de la Policía Judicial lusa, desde 2015 se habían abierto en el país vecino un total de 443 investigaciones por posibles irregularidades en la utilización de más de 2.300 millones de euros de fondos europeos.
Esa estimación comprende investigaciones relativas a ayudas concedidas en la última década (desde 2010) a través de mecanismos como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE) o el programa Portugal 2020. Las áreas de industria, formación, agricultura, medio ambiente, tecnologías y desarrollo fueron las que más investigaciones concentraban.
Uno de los últimos casos se conocía hace unas semanas, con el registro de varias empresas en Pontevedra por parte de efectivos de la Guardia Civil española y la Policía Judicial lusa por su presunta participación en un fraude de 20 millones de euros procedentes de fondos europeos con destino al programa Portugal 2020. Empresas de ambos países habrían establecido un circuito de facturaciones falsas para obtener esas ayudas de forma ilícita.