El PP considera que la banca tiene todavía plantillas “sobredimensionadas” pese al despido de 83.000 empleados
Durante el periodo de crisis, los bancos han despedido a 83.000 personas y han cerrado el 40% de las sucursales. A ello, pronto se sucederán nuevos recortes en las plantillas de entidades como Banco Santander o Unicaja. Pese a esto, el Partido Popular considera que las plantillas de algunas empresas todavía “se encuentran sobredimensionadas”. Apunta que este es “el primero” de los “retos muy importantes” a los que tiene que hacer frente el sector.
El PP ha incluido esta idea en su documento de conclusiones sobre la comisión de investigación de la crisis financiera y el rescate bancario. Tanto los populares como el resto de grupos parlamentarios presentaron en el Congreso este jueves sus respectivos documentos entre los que se señalan las causas de la crisis y se plantean las propuestas de regulación que cada formación hace para evitar los errores pasados.
Los responsables de la crisis y las causas que llevaron a la debacle financiera difieren entre los documentos de los distintos partidos. Sin embargo, sí se muestran algunas coincidencias. Por un lado, se destacan razones macroeconómicas, como el aumento del crédito, la excesiva dependencia de la financiación exterior o el impacto de la crisis financiera llegada de EEUU.
También hay cierta coincidencia en señalar a los supervisores, y en especial al Banco de España, como uno de los responsables del agravamiento de la crisis financiera. Los grupos políticos, además de criticar los desmanes de las cajas de ahorros, señalan el papel del supervisor en los años previos en los que se gestó la debacle del sistema financiero. Tanto en el caso de Ciudadanos, como PSOE, PNV, ERC o Unidos Podemos se leen críticas a la gestión que se hizo del organismo. En algunos casos, como en el de la formación que dirige Pablo Iglesias, se llega a hablar de “negligencia” por parte del organismo
Por ello, en los documentos de todas las formaciones políticas se proponen reformas de los organismos de supervisión, en especial el Banco de España y la CNMV. Estas propuestas se dirigen a aspectos como la transparencia o la independencia del Banco de España, aunque no se encuentra una propuesta común entre las formaciones.
Algunas de estas aportaciones se dirigen a una mejora de los instrumentos para la contratación y selección del personal de estos organismos. También se plantea la necesidad de dotar de instrumentos de defensa del consumidor y dar una mayor capacidad sancionadora en caso de infracciones de la regulación, así como crear una nueva autoridad de control de riesgos sistémicos. Algunos partidos elevan la responsabilidad también al BCE, como Unidos Podemos.
Diferencias y acusaciones cruzadas
Hasta ahí las grandes coincidencias en las propuestas para un sistema financiero mejor que el que mostró la crisis. En sus respectivos documentos se desarrollan medidas dispares y, en ocasiones, hay incluso acusaciones cruzadas, como las que se realizan entre el PSOE y el PP, o el señalamiento que hacen Unidos Podemos y Ciudadanos de ambas formaciones.
En el caso del PSOE, ahora en el Gobierno, el grupo parlamentario reconoce fallos como que se fuera “excesivamente optimistas” en los primeros momentos de la crisis financiera, aunque acusa a la ley del suelo del año 1998, en época del Gobierno de José María Aznar, como el detonante de la burbuja inmobiliaria. Los socialistas también entonan el mea culpa por las “reticencias” para pinchar dicha burbuja. Las propuestas del partido van desde la creación de una autoridad de defensa del consumidor a limitar la presión de los accionistas especuladores en la banca, pasando por el impuesto de transacciones financieras, ya anunciado, o herramientas para evitar la exclusión financiera.
El Partido Popular evita la autocrítica en su documento en la gestión de casos como el de Bankia o el del rescate financiero y se remite en repetidas ocasiones a actuaciones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ensalza que tras la crisis las entidades son más fuertes y solventes aunque apunta a retos como el del “sobredimensionamiento”, ya citado, o la digitalización. Entre las propuestas que realiza para el futuro destaca la necesidad de privatizar Bankia o la reforma de la ley hipotecaria, una normativa que acumuló meses de retraso durante su presencia en el Gobierno.
Por su lado, Unidos Podemos ha presentado un extenso documento en el que señala que no fue una crisis exclusiva de las cajas de ahorros sino que fue también culpa de las “malas prácticas” en las entidades bancarias. Acusa a los gestores y a los supervisores de no haber atajado la crisis previamente y culpa a estos últimos de incentivar las emisiones de activos como las preferentes. Señala además a PSOE y PP como “colaboradores necesarios”. La coalición de izquierdas apunta que pese a las reformas, el sector sigue teniendo malas prácticas y que se ha incentivado un modelo “oligopólico” primando la concentración de entidades financieras.
La formación propone la instalación de un impuesto a la banca o la creación de un gran vehículo público de banca que permita hacer políticas sociales sin pensar en el ánimo de lucro. En este punto el único partido que coincide en cierto modo es ERC, que también incluye la necesidad de mantener una banca pública.
Ciudadanos considera que la crisis tuvo una fuerte raíz política, tal y como se ha mostrado, según la formación naranja, en el Gobierno corporativo de las cajas de ahorros “controladas por PP, PSOE y los nacionalistas”, o en la salida a Bolsa de Bankia que apunta que fue una “decisión política”. Por ello, entre sus propuestas subraya la necesidad de “despolitizar las administraciones públicas y dotar a los supervisores de nombramientos meritocráticos”.
Tanto PNV como ERC centran sus respectivos documentos en la crítica al papel que tuvieron los supervisores durante la crisis financiera y proponen reformas en los modelos de control. El PNV critica además los sistemas de retribuciones de las entidades financieras como Bankia y subrayan la necesidad de crear mecanismos de “auditorías externas”. Por su lado, ERC solicita que se lleve a juicio a todos aquellos comparecientes en la comisión que no ayudaron a frenar la crisis.
