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Los desahucios por impago de alquiler siguen al alza y superan los 7.500 entre julio y septiembre
El recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular ha presentado para tumbar el real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, y que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, acusa al Gobierno (que pactó el texto con Unidas Podemos) de haber utilizado “datos falsos” o “parciales” para justificar la “urgencia” de un cambio legal que supuso, entre otras cosas, alargar los contratos de tres a cinco o siete años, en el caso de las personas jurídicas.
Sin embargo, el propio recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, hace cálculos a conveniencia en cuanto a periodos comparados y utiliza incluso datos erróneos, como el número de desahucios a inquilinos, para pedir al Constitucional que anule el decreto. El PP también da por supuesto que el Gobierno prepara una limitación de las subidas de precios del alquiler.
En el recurso de inconstitucionalidad se lee literalmente que “los datos y las afirmaciones de la exposición de motivos aportadas como justificación de una situación de extraordinaria y urgente necesidad en materia de vivienda de alquiler son o bien falsos (caso de la afirmación de la intensa subida de precios en provincias como Madrid o Málaga) o parciales e incompletos que conducen a error y no muestran la realidad completa y existente (caso del número de lanzamientos de arrendatarios o de la tasa de esfuerzo de la persona o familia en alquiler)”.
Ante esta descripción de los hechos, los juristas del PP se aprestan a proporcionar lo que ellos denominan “datos reales”.
¿Cuál es el porcentaje de familias que paga demasiado por su vivienda?
Uno de los aspectos en los que más incide el PP en sus alegaciones para tratar de desmontar los argumentos del Gobierno es el del esfuerzo económico dedicado al alquiler, que aparece como la primera justificación de la urgencia del decreto.
La Unión Europea considera que destinar más del 40% de los ingresos al pago de una vivienda es un esfuerzo “inadmisible”. El FMI rebaja el porcentaje al 30%. En la actualidad, la tasa de esfuerzo media en nuestro país es del 32,3% de los ingresos, según datos del Banco de España.
La oficina de estadística comunitaria (Eurostat) divide además esta tasa de esfuerzo por tipo de tenencia. Así, calcula qué porcentaje de hogares de alquiler paga más de lo aconsejable. Según dicha estadística, en 2017 un 42,1% de los hogares que vivían en alquiler en el mercado libre pagaban más del 40% de sus ingresos como cuota.
Tanto en el decreto como en la defensa que hizo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cuando se convalidó en el Congreso, se afirma que “según datos de Eurostat, en el año 2017, más del 42% de los hogares españoles destinaban más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Ello supone que España se sitúa 17 puntos porcentuales por encima del valor medio de la Unión Europea”.
El hecho de que el Gobierno no puntualice que este porcentaje se refiere a personas u hogares que viven de alquiler, y no al resto de la población, es utilizado por el PP para hablar de datos falsos, si bien el contexto es el de un decreto que alude al problema del mercado libre del alquiler.
Pero además, el PP hace un cálculo propio en su recurso de qué porcentaje de hogares pagan en realidad más del 40% de sus ingresos para su vivienda. Para ello, calcula cuánto supone un 42% de los 6 millones de viviendas en alquiler, que es el 23,3% de las viviendas, y llega a la conclusión de que se corresponde con el 9,7% de los hogares españoles.
En realidad, el PP olvida añadir a esta suma los hogares en los que teniendo un régimen diferente también destinan más del 40% de los ingresos al pago de la vivienda, aunque en estos casos el porcentaje afectado es menor. En el caso de los alquileres a precio de mercado, España se encuentra muy por encima de la media europea (42% frente al 26%), no así en el resto de las categorías, en las que se encuentra en la media.
De nuevo según la misma estadística de Eurostat, un 13,1% de los inquilinos de casas con precio público reducido usaban en 2017 más del 40% de sus ingresos al alquiler; el mismo caso en el 4,5% de las viviendas en propiedad con hipoteca, y el 2,9% de aquellos que cuentan con fórmulas alternativas de financiación.
En total, según Eurostat, un 9,8% de los hogares españoles pagaban en 2017 más del 40%, un porcentaje ligeramente superior al que alega el PP.
¿Han subido o han bajado los precios del alquiler?
El PP también niega otro de los argumentos usados por el Gobierno para justificar la urgencia del decreto: la subida de los precios del alquiler sobre todo en determinadas zonas, básicamente Madrid, Barcelona, Málaga y las islas. En este punto, el grupo popular utiliza datos del Observatorio de Vivienda del Ministerio de Fomento y del portal inmobiliario enalquiler.com para concluir que si se compara el pico de la burbuja inmobiliaria –2007– con 2017 –desde entonces los alquileres han seguido subiendo–, los precios en realidad han caído.
Los populares se centran en las comunidades autónomas para afirmar que entre 2007 y 2017 los precios del alquiler solo se han incrementado en Catalunya (1,7%) y Murcia (1,4%). Por ciudades, no mencionan, por ejemplo, el caso de Madrid capital –donde los precios han subido un 36,11% en 2019 respecto a 2007, según idealista– y afirman que en la Comunidad han bajado un 0,9% respecto al pico.
Según los datos de la plataforma idealista –en ausencia de estadísticas oficiales, son los portales inmobiliarios los que pueden dar mayor información–, entre 2007 y la actualidad, los precios del alquiler han subido de media en España un 21,35%, y un 6,74% hasta 2017, año que usa el PP. El Partido Popular en su recurso de inconstitucionalidad habla, sin embargo, de una bajada global del 17,3%.
En el siguiente gráfico se puede observar la variación de los precios del alquiler en las capitales de provincia españolas respecto a otro de los picos de la burbuja inmobiliaria, diciembre de 2008, según datos de Fotocasa.
Cifra de origen desconocido de desahucios a inquilinos
Además, el PP utiliza un número de lanzamientos –desahucios– de arrendatarios en España, a partir de datos supuestamente extraídos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), completamente distinto al que ofrece públicamente esa institución.
En su recurso ante el Constitucional, el PP afirma literalmente: “El número de lanzamientos de arrendatarios es ínfimo, representando un 0.6% de todos los lanzamientos, que son, en concreto, 36.340 en 2017 según datos del Consejo General del Poder Judicial, es decir, 218 personas”. El PP dice solidarizarse con el “drama individualizado” de esas 218 personas y sus familias.
Pero lejos de estas cifras, lo que ha comunicado públicamente el CGPJ es que en 2017 hubo en total 60.754 desahucios, de los que 35.666, el 58,7%, fueron consecuencia de impagos del alquiler. La cifra de lanzamientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y cada vez menos frecuentes entre los hipotecados no ha hecho sino aumentar en los dos siguientes periodos.
El Tribunal Constitucional deberá en los próximos meses decidir si declara la inconstitucionalidad del decreto de vivienda que entró en vigor el pasado 6 de marzo.