Los nuevos impuestos para eléctricas y bancos pasan su primer trámite parlamentario. El Congreso ha debatido este martes la toma en consideración de la norma, registrada por los grupos del PSOE y Unidas Podemos. El Ejecutivo se ha asegurado el respaldo de sus socios a que la proposición de ley pase a su debate en la Cámara Baja, lo que podrá conllevar modificaciones respecto al texto original, registrado el pasado mes de julio. En contra se ha posicionado la bancada de la derecha, con PP, Vox y Ciudadanos criticando una medida que consideran “irracional y tramposa”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante el último debate del Estado de la nación, en junio, la formalización de un impuesto extraordinario sobre los beneficios de más que obtienen eléctricas y banca debido a la inflación y la subida de los tipos de interés. El objetivo es recaudar 7.000 millones de euros en dos años de vigencia. La norma señala que las empresas de energía tendrán que abonar el 1,2% de sus ingresos y la banca el 4,8% de los intereses y comisiones.
El Ejecutivo decidió optar por la vía de la proposición de ley para tramitar esta norma. Este impuesto se registra, por tanto, por parte de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno. De este modo, se aligeran los trámites previos a la llegada del texto a la Cámara Baja, con el objetivo final de que se apruebe definitivamente antes del cierre del año y se pueda aplicar sobre los resultados de estas empresas del presente ejercicio. Se cobrará en 2023 y en 2024.
La derecha ha presentado su oposición frontal a la medida, pese a que la votación de este martes se basaba únicamente en si el Congreso debatía o no el nuevo impuesto. “El PSOE ha emprendido un viaje a ninguna parte, a la irracionalidad fiscal”, ha apuntado Mario Garcés, diputado del PP. “El único beneficio caído del cielo son los 22.000 millones de euros que le han tocado a ustedes”, ha señalado en referencia al aumento de recaudación que están teniendo las arcas públicas respecto al curso pasado debido al aumento del consumo, la mejora de la actividad económica y, especialmente, la inflación. Los paquetes de ayudas anunciados por el Gobierno frente a la subida de la inflación suponen 15.000 millones de coste. “Bien harían en adelantar las elecciones y acabar ya con esta pesadilla”, ha enfatizado al final de su intervención.
Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario de Vox, ha defendido, en la misma línea, el rechazo a la toma en consideración de esta medida. “Vuelve a imponer el interés electoralista junto a sus socios marxistas”, ha arrancado su intervención. Según el representante de la extrema derecha, la propuesta “planea sobre lo inconstitucional, daña la imagen de España y compromete la inversión y el empleo”. “Es una tramitación tramposa para eludir la consulta pública”, ha subrayado. María Martínez, de Ciudadanos, ha asegurado que estos impuestos adolecen de “sectarismo” y que debería “haberse calculado sobre los beneficios”. “No vamos a colaborar en esto”, ha zanjado.
Por su parte, el Gobierno se ha garantizado el respaldo de sus socios a que siga adelante la tramitación. ERC, PNV, EH Bildu, Más País o BNG han mostrado su voto a favor de que la medida pase a su debate. Eso sí, varios de estos socios han advertido al Gobierno de que la medida debería de ser “permanente” y no temporal, como figura en su actual tramitación. “Es positiva pero no deja de ser un parche”, ha defendido el diputado republicano Joan Margall. “Es bueno que la iniciativa salga adelante pero llega tarde”, ha enfatizado.
Además, los grupos vascos han señalado que en su tramitación se debería abordar el reparto competencial de esta medida, ya que consideran que no se han tenido en cuenta los conciertos de Euskadi y Navarra. “No vamos a cuestionar el fondo de ambas prestaciones, pero sí la forma en que se ha desarrollado. Existen ciertos problemas técnicos que se han de solventar”, ha apuntado Idoia Sagastizabal, diputada del PNV. “Resulta peculiar la forma elegida y surgen dudas”, ha apuntado sobre el modelo tributario por el que ha optado el Gobierno.
Grandes compañías
En lo que refiere a energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras), el impuesto se aplicará sobre el importe neto de la cifra de negocios, los ingresos de las compañías. Quedarán exentas aquellas que no alcancen los 1.000 millones de euros y las que, teniendo un negocio energético, éste no alcance el 50% de su facturación.
Por parte de los bancos, lo que se grava es la suma de los intereses netos (intereses cobrados menos los pagados) y las comisiones netas (comisiones cobradas menos las pagadas). Tendrán que cumplir con el impuesto los bancos que superen los 800 millones de euros en esta cifra de negocios. Se toma de referencia esta partida por su vinculación a la actividad diaria del banco y porque en el sector financiero no se cuenta con un importe neto de la cifra de negocios, como sí hay en las energéticas.
Estos impuestos se aplicarán sobre los resultados de 2022 y 2023, aunque se cobrarán en el año siguiente. En concreto, se ha fijado que lo paguen en septiembre de 2023 y de 2024 en referencia a los ejercicios previos. Se ha fijado esta fecha para poder contar con la cifra de las cuentas cerradas, que se suelen publicar definitivas en la primera mitad del año. Se abonará, sin embargo, una entrega a cuenta del 50% en febrero en base a la estimación que estos grupos hagan de sus ingresos del año anterior. Como ya se avanzó, se esperan 7.000 millones de ingresos en dos años.