La gestión del todavía director general de la Radio Televisión Pública de Asturias (RTPA), Antonio Virgili, está en entredicho tras la reciente imputación de dos de sus principales directivos por supuestos delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales, y en vista de las sombras que, apuntan fuentes del sector, plantean algunas de las prácticas de contratación del ente público, que atraviesa una complicada situación económica, con un déficit presupuestario que ronda los 3 millones de euros (más del 10% de su presupuesto).
Virgili ha visto cómo el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón imputa a dos directivos, la secretaria general de RTPA, Ana Lada, y el responsable de Recursos Humanos, Manuel José Castrillo, por dos supuestos delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales tras una querella criminal presentada por el sindicato CSI.
La querella, que recuerda que la RTPA acumula más de 40 sentencias firmes falladas en contra en los últimos años por cesión ilegal de trabajadores, denuncia “unos procedimientos de contratación fraudulentos cuyo fin es desviar fondos públicos a entidades privadas”. Y, como ejemplo, cita la contratación entre TPA y otra sociedad llamada Teletemas, SL., aunque asegura que ese procedimiento de contratación se repite con ligeras variaciones en la contratación entre la cadena autonómica y otras empresas. En su declaración del mes pasado, Lada y Castrillo argumentaron que cumplían órdenes de sus superiores.
Uno de los contratos que se cuestionan en el sector es el relativo a la publicidad de la RTPA, que este año cumple una década de andadura. La cadena tiene adjudicada la publicidad de la radio, la televisión y el periódico digital a una sociedad vinculada al empresario audiovisual José Velasco, que a su vez es uno de sus principales proveedores de contenidos (es el productor de los programas de la franja de tarde), lo que apunta a “prácticas de riesgo” en sus contrataciones, señalan fuentes del sector.
El contrato publicitario se adjudicó el 18 de enero de 2013, cuando se encomendaron, por concurso público, los “servicios de agencia para las comunicaciones comerciales” de RTPA a una unión temporal de empresas (UTE) formada por las empresas Zebra Producciones y Expressive Media Projects. Actualmente, esa joint-venture “es la entidad encargada de comercializar en exclusiva la publicidad de Televisión del Principado de Asturias, Radio del Principado de Asturias y del Periódico Digital. Dicha empresa ofrece los espacios publicitarios de los citados soportes a las centrales de compra, agencias de publicidad y directamente a los anunciantes”, según se recoge en la web del ente público.
Más allá de la cuantía del contrato, que según el anuncio de adjudicación tenía un valor estimado de 180.000 euros sin incluir el IVA, correspondiente a una comisión del 15% “para un volumen de inversión publicitaria neta estimada de 600.000,0€”, según el anuncio de adjudicación, con este contrato el empresario asturiano José Velasco se está vendiendo y comprando contenidos a sí mismo por su condición de agente publicitario en exclusiva y proveedor de contenidos.
Una de las dos integrantes de esa UTE, Zebra Producciones, está presidida por el propio Velasco, a su vez muy vinculado a otra empresa, la productora Proima-Zebrastur, que es uno de los mayores proveedores de contenidos de la cadena asturiana.
Así, RTPA, como empresa pública, contrata a un proveedor (Proima-Zebrastur) que, con la UTE que comercializa la publicidad, es al mismo tiempo cliente suyo, lo que implica “que un tercero controle las cuentas de la cadena”, explican fuentes del sector, que critican que, con este esquema, la RTPA no puede verificar si las transacciones entre las dos concesionarias se realizan a precios de mercado “porque no tiene mecanismos de control de gestión” sobre las mismas.
Zebra no ha hecho comentarios sobre este asunto, mientras que un portavoz de la RTPA dice que “las órdenes publicitarias son autorizadas por RTPA” y el control del departamento de márketing del ente autonómico es “absoluto”. “En nada tiene que ver que a su vez, la empresa Zebrastur tenga encargos de producción de programas televisivos. En caso de tener patrocinios o spots para dichos programas, es RTPA quién controla ese aspecto”, señala. Los programas de Zebrastur tienen “poca petición publicitaria”, añade.
La presencia de ETB
Otro aspecto controvertido del contrato es que la otra pata de la UTE que gestiona la publicidad de RTPA, Expressive Media Projects, tiene como accionista a otra televisión pública, la vasca ETB, según reconoció en noviembre de 2009 el entonces director general de la cadena, Alberto Surio, en una respuesta parlamentaria.
Esta circunstancia, apuntan fuentes del sector, podría contravenir la normativa comunitaria de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión, que establece que la publicidad no entra dentro de las categorías de actividades de “servicio público” que deben ofrecer estos entes para satisfacer las “necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad”. A preguntas sobre este asunto, fuentes de ETB señalan que “Expressive es una empresa mercantil privada, con una participación minoritaria de empresa pública, por lo que dicha empresa tiene carácter privado” y “puede prestar sus servicios a cualquier cliente u organismo, privado o público”. La participación del ente público vasco, a través de la sociedad EiTBNET, es del 25%.
Virgili llegó a la dirección de la RTPA en 2011 para sustituir a Juan José Guerenabarreana a propuesta de Foro Asturias, entonces al frente del Gobierno regional, y el mes pasado se convirtió en administrador único de la nueva RTPA SA, constituida a raíz de la reciente fusión por absorción de la televisión, la radio y la productora del Principado tras la extinción del Ente Público de Comunicación.
La operación fue consecuencia de la entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración del sector público autonómico, que establece la prestación del servicio público de comunicación audiovisual de manera directa a través de esa empresa.
La nueva ley reduce el número de entidades prestadoras de este servicio suprimiendo el Ente Público y fusionando las tres empresas públicas existentes en una única sociedad anónima para ganar eficacia y capacidad de actuación. La norma establece que la Junta General debe nombrar una comisión de control, para posteriormente designar a los miembros del nuevo consejo de administración -el anterior ha sido disuelto-. El director general será uno de los consejeros y presidente del consejo, y su nombramiento debe ser aprobado por el Parlamento regional, por lo que la designación está pendiente de un acuerdo de los grupos políticos del principado. Y todo apunta a una salida inminente de Virgili.