Los sindicatos y la dirección de PSA han llegado a un preacuerdo este lunes sobre el convenio de negociación colectiva en la planta de Opel de Figueruelas (Aragón), que las organizaciones de trabajadores someterán a referéndum entre los empleados mañana, según han explicado fuentes de la negociación a eldiario.es. Poco antes de las 21 horas, las partes se encontraban firmando el principio de acuerdo, tras cuatro días de negociaciones en las que han apurado el límite que dio la empresa, hasta este lunes.
El acuerdo recoge un convenio colectivo para los próximos cinco años, hasta 2022, condicionado a un plan industrial “que utilice a plena capacidad la planta”. Supone una congelación salarial para este año, una subida del 50% del IPC hasta 2020 y del 60% en los dos años siguientes. Entre las cesiones de los empleados figuran la disminución de 5 minutos de pausa, la reducción del 5% de los pluses por nocturnidad y festivos y la eliminación progresiva (en cinco años) de los pluses de calendarios.
La multinacional francesa afirma en un comunicado difundido a los medios que el pacto ha requerido “un gran esfuerzo y entendimiento” por ambas partes y apela a “la responsabilidad” de los empleados para apoyar el acuerdo.
Por su parte, UGT y CCOO también han elaborado unos documentos informativos en los que piden a los trabajadores que voten 'sí' en el referéndum. “Hemos limitado los daños tanto como nos ha sido posible”, argumenta el texto de Comisiones Obreras, donde estiman que si hay un rechazo de los trabajadores a este acuerdo, no se tendrá que pelear por un mejor convenio sino por el propio futuro de la planta. “No es el convenio que queríamos nosotros pero tampoco el que quería PSA”, añade el sindicato.
El conflicto entre los trabajadores y la dirección de la planta llegó a su punto álgido este miércoles, cuando el grupo PSA-Opel anunció que se llevaba de la planta aragonesa la fabricación del Corsa y las inversiones vinculadas a nuevos modelos. La fábrica tiene 6.000 puestos de trabajo directos y unos 25.000 indirectos. Además, suma el 54% de las exportaciones de Aragón (el 87% de su producción se vende en otros países).
La multinacional comunicó esta decisión para lograr una mayor competitividad, tachada de “chantaje” por los sindicatos, después de que las organizaciones de trabajadores suspendieran las negociaciones del nuevo convenio colectivo, en el que exigían cinco mínimos que la compañía no había aceptado.
Estos consistían en presentar un plan industrial con dos líneas de producción y tres turnos de trabajo, aplicar contratos de relevo desde los 60 años, contratar a los 170 trabajadores finiquitados en los últimos meses, rejuvenecer la plantilla con salidas pactadas a los 61 años e incluir en el convenio de los llamados nivel 6 y 7.
Se llegaba a este punto después de que la multinacional francesa planteara una ampliación de jornada con una rebaja salarial del 6%, modificada luego por una congelación de tres años que elevaría a trece los de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Cuando el comité de empresa (UGT, CCOO, OSTA, CGT y Acumagme) puso sobre la mesa el documento de cinco reclamaciones que las asambleas consideran un punto de partida innegociable, la dirección comunicó la retirada de gran parte del futuro trabajo de la planta.
Los trabajadores y la dirección volvieron a sentarse a la mesa de negociación este viernes tras la intermediación del Gobierno de Javier Lambán, que pidió a las partes un “esfuerzo adicional” en una industria clave para la Comunidad Autónoma.