Entre finales de marzo y principios de abril, varias asociaciones del campo —Asaja y Afrucat entre ellas— lanzaron un llamamiento a la desesperada: el confinamiento dejaría las cosechas sin mano de obra. El Gobierno se sumó a su toque de atención, cifrando en 150.000 los trabajadores necesarios y aprobando medidas urgentes para favorecer la contratación.
Dos meses después, la alerta ha desembocado en un problema social, especialmente en las provincias de Huesca y Lleida: centenares de personas de toda España que acudieron en busca de sustento duermen hoy en la calle. En Alcarrás y Serós (Lleida) y Fraga (Huesca) se han detectado positivos por coronavirus y ha habido que habilitar albergues para aislar a quienes no pueden guardar la cuarentena en casa. Esto es lo que sucede cuando el hambre provoca un efecto llamada en mitad de una pandemia.
“Se habló de cantidades que no se correspondían con la realidad de años anteriores. Me imagino que se pretendía crear un clima de pánico: si no venían los trabajadores que siguen en Rumanía, Marruecos o Colombia había un problema”, resume Ventura Campo, responsable del sector agrario de CCOO en Terres de Lleida. “Ese clima se trasladó a la administración y a los medios. Y al final lo que ha provocado es que, en la campaña en la que menos movilidad debería haber, es en la que más personas están durmiendo en la calle”.
En el centro de Lleida ciudad duermen aún al raso unas 200 personas. En Fraga, a 30 kilómetros, hay varios asentamientos alrededor de la ciudad. Hace diez días, Aragón registró un brote de once temporeros en la localidad. “Se puso en marcha un pabellón para aislar a los positivos que no necesitan hospitalización. También para personas de la temporada agrícola que no pueden realizar el confinamiento en sus casas”, indican fuentes municipales. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento trabaja en otro pabellón para alojar a los temporeros que viven en la calle. Pero va lento y aún no está. El consistorio no tiene competencias en servicios sociales: las tiene la comarca, que no tiene competencias en albergues. La alcaldesa lamentó la burocracia y dijo que su voluntad era que no hubiera gente en la calle, sobre todo en esta situación.
Ana Laliena trabaja en Cruz Blanca, una de las fundaciones que, junto a Cáritas y Cruz Roja, atiende a los sintecho estos días. Reconoce que todos los años entre mayo y octubre hay afluencia de trabajadores, pero que este año ha sido mayor. “Hay una buena cosecha. Pero ese llamamiento del Ministerio de Agricultura, amplificado por los medios, ha hecho que vengan más temporeros. Hemos contactado con 80 personas en los alrededores de Fraga: repartimos mascarillas, neceseres, tomamos la temperatura... Salimos a los asentamientos porque hay mucho riesgo de contagio. Es una labor de prevención”.
La movilidad exterior aumentó en las provincias agrícolas
¿Cómo es posible que se desplazara tanta gente si la movilidad entre comunidades sigue limitada y ni siquiera había empezado la campaña, cuyo punto álgido se alcanza a finales de junio?
“Esa pregunta la hizo CCOO. Ibas por la carretera regional que llega a Serós, que es muy pequeña, y veías a trabajadores con las maletas o bolsitas de alguna ONG. ¿Cómo llegaba toda esta gente, si teóricamente no puede venir sin contrato de trabajo? ¿Y si ahora, en fase 2, no puedes cambiar de provincia? Es la gran pregunta”, añade Campo.
eldiario.es analizó hace varias semanas datos de movilidad del Ministerio de Transportes correspondientes a la semana del 13 al 17 de abril, justo después de la Semana Santa. Ese lunes terminaron los permisos retribuidos y las actividades no esenciales volvieron al trabajo. El mapa de entonces ya dibujaba una alta recuperación de la movilidad en los municipios de la frontera entre Lleida y Huesca, en los alrededores de Murcia y entre Navarra y La Rioja, zona en la que hay varias empresas de alimentación. Los viajes entre Lleida y Huesca estaban un 18% por debajo de lo normal, cuando la media de España era una caída del 50%.
Este es el mapa actual. En Serós (Lleida), la movilidad exterior está ya entre un 9% y un 12% por encima de la semana de referencia (del 14 al 21 de febrero). En Alcarrás (Lleida), igual. En Huércanos (La Rioja), donde se detectaron tres positivos que se aislaron en Lardero, la movilidad total está un 10% por encima de lo normal.
Los datos de movilidad interprovincial hasta el pasado 1 de junio dan una lectura similar. Las provincias agrícolas son las que más rápido recuperan el movimiento. Entre los casos conocidos está el de Aitona, otro pueblo de la comarca leridana del Baix Segre al que llegaron cincuenta personas sin contrato: 25 de Madrid y el resto de Córdoba y Toledo. Según denunció la alcaldesa ante la subdelegación del Gobierno, los procedentes de Madrid manifestaron “que Cruz Roja les había indicado que tendrían trabajo en Aitona”. También CC.OO denunció a la ETT Treball Aldia por entregar salvoconductos en blanco a personas que aún no tenían contrato de trabajo para saltarse las restricciones de movilidad. La empresa no ha respondido a una solicitud de información de eldiario.es.
“Nosotros sabíamos la mano de obra que teníamos y no nos salía la cuenta. Pero al final nos salió. Yo tenía los datos de parados agrícolas de Fraga y eran unos 200. Necesitábamos 3.000 personas”, describe Óscar Moret, responsable de fruta en la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. “Con el estado de alarma y las restricciones de movilidad teníamos claro que no recogíamos un melocotón. A toro pasado, parece que el efecto llamada funcionó”.
El alcalde de Alcarrás, Manel Ezquerra, cree que el asunto se ha sobredimensionado. “No creo que haya venido más gente que otros años. En Lleida sí parece así, pero es un problema que tienen cada año: 30 o 40 personas durmiendo en la plaza”, cuenta. “Hay una plataforma que dice que son entre 70 y 90. Y en cuanto se ha habilitado un albergue han aparecido 140. Hay de todo: hay gente que tiene un problema social y que si ve la posibilidad que pone el Ayuntamiento de dormir y tener comida caliente... Ese es el problema. Los pueblos estamos molestos, porque el problema es de la sociedad, no de la campaña de la fruta”.
Las medidas urgentes para favorecer la contratación y que las empresas no se quedaran sin su mano de obra para recoger fruta establecían tres posibilidades. Una: contratación temporal de trabajadores desempleados o en ERTE. Dos: migrantes con permiso de trabajo concluido entre el 14 de marzo y el 30 de junio. Y tres: jóvenes de entre 18 y 21 años en situación regular. Según datos del Ministerio de Trabajo, hasta el 26 de mayo se comunicaron 2.090 contratos acogidos al decreto, de los cuales 570 eran trabajadores extranjeros. Las provincias con mayor número de contratos son Murcia (28%), La Rioja (25%), Huelva (10%), Cáceres (7%) y Badajoz (6%). La teoría era que acudieran a trabajar quienes vivieran cerca de la empresa, con contrato (que por convenio debe incluir alojamiento si el trabajador vive a más de 75 kilómetros), pero en la práctica esto no sucedió.
“Tuvimos una reunión con la subdelegación del Gobierno y lo planteamos: una cosa es lo que diga el decreto y otra la realidad. A Fraga estaba llegando gente sin contrato y sin permiso de trabajo”, continúa Moret. “Y este año hay más reticencia a alquilar viviendas. Y yo por ejemplo tengo espacio para diez trabajadores, pero el sentido común me dice que instale a la mitad. Ahí pedimos que se habilitaran espacios en los pueblos para aislar quien lo necesitara”.
Ezquerra explica que, al limitarse la edad, la mayoría de inmigrantes empadronados en Alcarrás quedaban en un limbo legal. “Aquí llegó gente sin contrato cuando estaba limitada la movilidad. La llamada que hicimos fue que se permitiera trabajar a los inmigrantes empadronados pero sin permiso de residencia, la mayoría entre 21 y 40 años. Si no consiguen contrato de un año, no se les puede regularizar. Pedimos que lo articularan enlazando campañas, porque en un trabajo de temporada no consigues ese contrato. Antes del coronavirus buscábamos soluciones, pero cuando llegó, más”.
“Detectamos en trabajadores que venían de Valencia y Andalucía, y no solo población migrante, también en españoles que se habían quedado en paro”, añade José Fuentes, adjunto al sector campo en CC.OO. “Todo esto ha generado un 'stock' de trabajadores sin contrato que obliga a los ayuntamientos a intervenir para ofrecerles alojamiento”.
En busca de espacios de confinamiento para tratar los rebrotes
La llegada de más trabajadores de lo habitual en el año de la pandemia ha llevado a los ayuntamientos a habilitar espacios para confinarlos cuando ha sido necesario. La alta movilidad de los temporeros y las malas condiciones de vivienda —bien porque comparten piso entre muchos o bien porque los empresarios los hacinan (la Guardia Civil ha detenido a tres personas por este motivo en La Rioja y Huesca)— ha multiplicado los contagios.
En Murcia, Totana detectó y controló un brote, surgido en un autobús que incumplía las medidas de seguridad, que le impidió pasar a fase 2. En Murcia hay ahora mismo siete casos importados de jornaleros que volvían de Francia en autobús.
En Serós hay medio centenar de temporeros aislados tras la detección de un caso positivo. En Alcarrás se detectaron tres positivos y hubo que aislar a catorce personas, los que convivían con alguno de ellos. “El primer positivo fue hace quince días. Hubo tres casos con la misma casuística: pisos en los que vivían seis personas o así, algunos que viven todo el año y otros que acogen a familiares o amigos durante la campaña. Los positivos se iban a un hotel en Lleida y los compañeros a un albergue que tenemos”, continúa su alcalde. “De los catorce confinados, han salido 8 positivos asintomáticos. Ahora tendrán que cumplir otra cuarentena, pero hemos determinado que solo una persona por habitación. Ellos no tienen red familiar, así que les llevamos la comida y medicamentos y ejercemos como tal”.
La problemática del alojamiento en una campaña en el que hay que extremar las precauciones llevó al futbolista Keita Baldé, del AS Monaco, a buscar y costear de su bolsillo un edificio para temporeros que están en la calle tras la negativa de varios hoteles. Nogay Ndiaye, la activista local que se ha encargado de las gestiones, explica que a día de hoy aún no está habilitado. “Se nos está complicando: tenía que venir un técnico para ver si era habitable, conceder la cédula de habitabilidad... Seguramente tiremos de las pocas plazas que tenemos para alojar de forma momentánea a estas personas”, dice. Entre los hoteles que se negaron a acogerlos están el Goya y el Berenguer IV: el primero dice que solo tiene quince habitaciones y el segundo que sus trabajadores están en un ERTE y que el 22 abren para todo el mundo, “y el que quiera venir que venga”.
Para la Asociación Fruta con Justicia, que demanda desde hace años alojamiento digno y regularización de temporeros, Lleida se ha convertido este año en la única salida de mucha gente. “Muchos son población de origen migrante que hacen la ruta: Andalucía, Valencia, La Rioja, Francia... Ha venido gente de ahí. Y hay sectores que, con el estado de alarma, no podían trabajar: hostelería, manteros que no podían vender. Si te dicen que no hay gente y no puedes salir a trabajar, ¿qué haces? Te vas a Lleida que está la fruta. Ha sido tremendo”.