El economista Guillermo Aponte es desde este martes presidente interino del Banco Central de Bolivia, en reemplazo de Pablo Ramos, investigado por supuesto favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
La presidenta transitoria del país, Jeanine Áñez, destacó el “alto nivel técnico y ético” del presidente interino y cuatro directores nombrados al frente de la entidad.
Áñez subrayó también que el banco central “recupera la autonomía de decisión”, tras haber estado cuestionado de estar al servicio del anterior Gobierno de Evo Morales.
La mandataria provisional expresó su plena confianza en “la calidad de profesionales” del nuevo directorio de la entidad, en el acto de posesión en el palacio de Gobierno en La Paz.
Aponte, por su parte, enumeró en su discurso una serie de datos para mostrar que el sistema financiero boliviano “es solvente y estable”, con un respaldo de unos 25.652 millones de dólares.
El nuevo presidente interino es un economista con especialidad en seguros y seguridad social, que fue viceministro de Pensiones y Seguros entre 2002 y 2003 y superintendente del área en dos ocasiones, la última entre 2003 y 2006, entre otros cargos en la Administración pública boliviana, además de otros en España y Suiza.
La designación se produce tras haberse iniciado un proceso penal contra su antecesor, por movimientos sospechosos de camiones blindados que supuestamente sacaron divisas del banco en horarios inusuales y préstamos a empresas estatales sin supuestamente cumplir los procedimientos requeridos.
Los movimientos sospechosos se produjeron los pasados 25 de octubre y 6 de noviembre, según datos de la Fiscalía General del Estado de Bolivia.
La salida el 25 de octubre corresponde una vagoneta del órgano electoral asignada a la entonces presidenta María Eugenia Choque, que se encuentra en detención preventiva por un supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre, que fueron anuladas.
Ramos es investigado además por la concesión sin supuestamente respetar los procedimientos de préstamos por parte del Gobierno de Evo Morales a empresas estatales, por unos 75 millones de dólares.