Las empresas españolas presionan a los eurodiputados para que las políticas que se aprueban en la UE beneficien sus intereses. Al analizar las veinte compañías de nuestro país que más dinero se han gastado en ejercer su lobby el desembolso supera los 22 millones de euros anuales. Desde que se iniciaron en el registro, han mantenido 316 reuniones con los diputados y diferentes funcionarios de los que dependen las leyes europeas y cuentan con 20 acreditaciones para acceder a los locales de la Unión Europea y participar en los intergrupos de la Eurocámara. Se encuentran desde las empresas más reconocidas en España, como Repsol, el BBVA, Indra o el Banco Santander hasta agrupaciones empresariales como la energética aelec o la petrolera AOP, pasando por instituciones y asociaciones como la CEOE o la Real Federación Española de Caza.
Los datos analizados son actualizados por los grupos de presión a través del Registro de Transparencia de la Unión Europea y han sido consultados por elDiario.es. La finalidad de este portal, según el propio Parlamento Europeo tiene como fin “mostrar qué intereses están representados a escala de la UE y en nombre de quién, así como los recursos económicos y humanos dedicados a estas actividades”. No suelen aportar la cantidad monetaria exacta, sino una aproximación entre dos cifras. Aunque hay más de 12.000 compañías y asociaciones registradas —802 son españolas—, la transparencia no es estrictamente obligatoria para todos los grupos de presión: por ejemplo, el registro es indispensable para solicitar las acreditaciones de acceso al Parlamento a las personas que representen al lobby.
Según los datos aportados por las propias empresas, la firma española que más gasta en hacer lobby es Telefónica, con un gasto aproximado de entre 2 y 2,25 millones de euros anuales. La teleoperadora española, de la que se ha hecho máximo accionista una de las mayores empresas de Arabia Saudí, ha tenido un total de 135 reuniones con miembros de la Comisión Europea y tiene seis acreditaciones para que sus representantes accedan al Parlamento Europeo.
Muchas empresas no ejercen presión solo de forma individual. También se organizan de forma colectiva en asociaciones comerciales y empresariales que son a su vez agentes de lobby en Bruselas. Telefónica es cliente de la empresa alemana FGS Global Gmbh, consultora a la que paga 200.000 euros anuales por sus servicios. Esta empresa de lobby también representa los intereses de compañías como las farmacéuticas Bayer o BioNTech. Además, la operadora contrata los servicios de la firma de comunicación española Prestomedia S.L. por 10.000 euros anuales.
Agrupaciones empresariales como la Asociación para el cuidado de la salud (ANEFP), que reúne a empresas comercializadoras de medicamentos; CTMarmol, un conglomerado de compañía de construcción, se gastan entre 2 y 1,5 millones de euros anuales respectivamente en defender sus intereses en la UE.
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), fundada hace 30 años para representar los intereses de las compañías dedicadas al refino del petróleo y a su distribución, gasta más de un millón de euros al año. En esta asociación se defienden los intereses de Cepsa, Repsol, Saras energía, Galp o el grupo BP. Aunque alguna de estas empresas trata de influir directamente, como es el caso de Cepsa, que se gasta otros 200.000 euros anuales en ejercer presión en Bruselas y cuenta con un acreditado al Parlamento Europeo.
En el caso de Repsol, aún perteneciendo a la AOP, se encuentra dentro de las 20 empresas españolas que más dinero desembolsan en influenciar en políticas europeas. Destina más de 800.000 euros al año en hacer lobby. Han tenido 32 reuniones con diferentes miembros de la cámara europea desde 2014.
La empresa petrolera y de gas española es cliente de Fleishman-Hillard, el mayor despacho de abogados lobbista y de mayor influencia de Europa: 23.000 empleados y dedica más de 10 millones de euros en ejercer sus presiones. Este bufete presta sus servicios a Amazon, Google o Meta. Repsol le paga 25.000 euros anuales por servicios de consultoría de financiación en políticas climáticas. Repsol también paga otros 100.000 euros a la consultora de relaciones públicas sueca Weber Shandwick. Esta compañía maneja los asuntos de otras compañías españolas como la Fundación Once, que le paga 300.000 euros al año.
Otra empresa española que paga los servicios de Fleishman-Hillard es el Banco Santander, que remunera con hasta 100.000 euros anuales los servicios financieros y de políticas digitales de esta consultora de origen estadounidense con oficinas en Bruselas.
La empresa de Ana Botín no se encuentra entre las veinte firmas españolas que más gastan para ejercer presión en Europa con 700.000 euros. Pero el dato que más destaca es el de las 112 reuniones con eurodiputados y miembros de la Comisión, solo por detrás de Telefónica. La última que han tenido ha sido sobre el Green Deal Europeo, con Antoine Colombani, miembro del gabinete de la Comisión Europea.
La mitad de los eurodiputados no notifica sus reuniones con los lobbies. Así lo certifica una investigación de Civio que detalla que 346 de los 705 miembros del Parlamento Europeo no informaron de los encuentros con los grupos de presión en 2021. La regulación de la transparencia del lobby de la Eurocámara “tiene un fuerte carácter voluntario y solo obliga a rendir cuentas de aquellas reuniones con actores privados, organismos públicos u oenegés cuyo objetivo sea influir en las políticas o en la toma de decisiones de las instituciones europeas. Y no a todos los parlamentarios: solo a los ponentes y presidentes de una comisión y durante la redacción de sus informes”.
En cuestión está también el registro de bienes de los lobbies. El Código Ético de los eurodiputados prohíbe los regalos que superen los 150 euros y obliga hacer públicos todos los ingresos que superen los 5.000 euros al año, acreditando siempre la fuente. Fuentes parlamentarias consultadas por elDiario.es denuncian que faltan mecanismos en caso de querer rechazar o devolver los regalos y demandan “más organismos de control”.
Eso sí, tras el escándalo del Qatargate, una trama de sobornos a diputados de la UE, la Eurocámara acaba de adoptar nuevas normas de transparencia y control interno más severas. Refuerzan también las medidas contra las puertas giratorias y los diputados tendrán que realizar declaraciones de bienes al principio y al final de cada mandato, así como un endurecimiento de la aceptación de regalos y la declaración de gastos de viaje y estancia pagados por terceros. Los cambios entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2023, pero las declaraciones de intereses presentadas antes de estos cambios siguen siendo válidas hasta finales de año.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.