Queda una semana para una cumbre a cara de perro para discutir el fondo de recuperación de la UE para la crisis de la pandemia y el presupuesto plurianual para 2021-2027. Y ya ha empezado el regateo.
Mes y medio después de que la Comisión Europea presentara su propuesta –750.000 millones para la recuperación, de los cuales 500.000 serían en transferencias; y 1,1 billones para el presupuesto plurianual–, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha presentado este viernes una contrapropuesta que cede terreno ante el norte frente al sur, y que será la que debatan los líderes europeos el 17 y 18 de julio próximo.
Michel, ex primer ministro belga, perteneciente a la familia liberal, es el encargado de presidir las reuniones de los líderes de la UE –las cumbres, los Consejos Europeos–, de ordenar las agendas y, sobre todo, de facilitar acuerdos.
En su propuesta, afronta varios aspectos delicados. El primero, es el monto del fondo de recuperación y su composición que, de momento, queda como lo propuso la Comisión Europea: 750.000 millones; 500.000 en transferencias y 250.000 en préstamos. Un monto que resulta excesivo para Holanda y sus aliados; que incluso a Alemania le sobran los 250.000 en préstamos; y que, en principio, satisfacía a España, Italia y el resto de países del sur.
Pero los guiños de Michel al norte, en particular a los cuatro frugales –Holanda, Austria, Dinamarca y Finlandia– en tanto que no van en la reducción del monto ni en el aumento de la proporción de préstamos, va en reducir el monto total del presupuesto de la UE –de 1,1 billones a 1,074– y en cómo conceder el dinero.
Para empezar, se refuerzan las condicionalidades: tanto en el cumplimiento del Estado de Derecho, mirando de reojo a países como Hungría y Polonia, como en las condicionalidades económicas. El propio Michel ha explicado este viernes en rueda de prensa que su propuesta sobre el Fondo de Recuperación requiere que los países beneficiarios cumplan con las recomendaciones de la UE “en los últimos años” y no solo en 2020.
Y la redacción de la propuesta deja abierta la puerta a las interpretaciones y, en todo caso, deja la última palabra a los 27 por mayoría cualificada a imagen y semejanza de la propuesta alemana:
“Los planes de recuperación y resiliencia serán evaluados por la Comisión Europea dentro de los dos meses posteriores a su presentación. La coherencia con las recomendaciones específicas de cada país, así como el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado necesitarán la puntuación puntaje más alta en la evaluación. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un requisito previo para una evaluación positiva. La evaluación de los planes de recuperación y resiliencia será aprobada por el Consejo, por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión, dentro de las 4 semanas posteriores a la propuesta. La evaluación positiva de las solicitudes de pago estará sujeta al cumplimiento satisfactorio de objetivos relevantes. La Comisión adoptará la decisión sobre la aprobación de los pagos, teniendo en cuenta el dictamen del Ecofin [ministros de Economía de la UE]”.
La institución que no aparece en este proceso es el Parlamento Europeo: se replica la propuesta de la presidencia alemana de turno de la UE, que fortalece el papel del Consejo en la aprobación de los planes nacionales.
Michel, además, mantiene la idea de nuevos recursos propios para el repago de la deuda emitida por la Comisión Europea para financiar el fondo de recuperación: incluye la tasa de plásticos, un mecanismo de ajuste de carbón en frontera y una tasa digital, pero se olvida de algo muy delicado para países como Holanda e Irlanda, que este jueves arrebataba la presidencia del Eurogrupo a España: un impuesto armonizado en la UE para grandes empresas beneficiadas por el mercado único.
Y en cuanto al reparto de los 310.000 millones de transferencias asociados directamente al fondo de recuperación de 560.000 –los 190.000 restantes hasta los 750.000 se reparten en otras partidas, como en el reforzamiento del Fondo de Transición Justa, por ejemplo–, el 70%, es decir, 217.000 millones, se asignarán de acuerdo con la propuesta de la Comisión y debería comprometerse en 2021 y 2022. El resto (93.000 millones) se distribuirá en 2022 de acuerdo con el déficit acumulado del PIB. Esto responde a las críticas a que la propuesta de la Comisión no tiene en cuenta el daño económico real de la pandemia –caída del PIB–. “Sin embargo, en lugar de acelerar el proceso, esta nueva regla consolida el gasto lento”, como explicaba Lucas Guttenberg, director adjunto del Instituto Delors. : “Casi 1/3 de los fondos solo se podían comprometer en 2023, y eso significa que los pagos reales llegarían incluso más tarde. Y hasta el verano de 2022, ningún país tendría certeza sobre su asignación final del fondo de recuperación. Por lo tanto, el coste de tener en cuenta las pérdidas reales del PIB llevará consigo una desaceleración del proceso”.