El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y sus secretarios de Estado están dando datos de subidas o bajadas respecto a los presupuestos de 2016 que no cuadran con los datos que se recogen en el informe económico-financiero que acompaña a los presupuestos. La razón: según conviene utilizan los datos del presupuesto ejecutado de 2016 y no del que se presupuestó en su momento.
La diferencia entre presupuestado y ejecutado es que lo más habitual es que del dicho al hecho haya un trecho y lo previsto sobre el papel se acabe por desviar. Esta cifra final de lo que se ha gastado se llama ejecutado.
En los presupuestos que se esbozan año a año la comparación se hace presupuesto sobre presupuesto porque son los datos comparables. Lo cierto es que tampoco podrían hacer otra cosa ya que en el calendario tradicional en el que se elaboran las cuentas (septiembre) no permite saber lo que se ha gastado de verdad en el ejercicio en curso.
Pero aprovechando que ya se ha hecho el cierre de las cuentas de 2016, los portavoces están utilizando las cifras a conveniencia. En algunos momentos comparan presupuesto sobre presupuesto y en otros presupuesto sobre ejecutado.
Al hacerlo así, el gasto en personal público cae en lugar de subir, y las inversiones suben en lugar de caer.
Para justificar esta utilización Montoro se ha amparado en el “año en funciones” que fue 2016 y en la alta “inejecución” de los presupuestos“. Para Montoro, es una forma de ”quitar argumentos a quienes dicen que no nos van a votar“.
Si el gasto del Estado baja... ¿Cómo es que cuando han presentado los Presupuestos parece que todo sube?
Hacienda ha hecho varios enjuagues a las cuentas públicas de este año para disimular lo que es en realidad un año más de recortes y de abrocharse el cinturón. Que el techo de gasto era menor que el de 2016 era algo que ya se sabía (obligados por Bruselas cansados de los incumplimientos). Pero, además, teniendo menos se ha tenido que repartir entre más porque los primeros presupuestos con minoría parlamentaria están cargados de concesiones a partidos nacionalistas. Entonces, ¿cómo cuadran las cuentas?
El Gobierno ha decidido recortar por primera vez el presupuesto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que echó a andar a finales de 2014 y que en los últimos meses se ha enfrentado al Ministerio de Hacienda (del que depende orgánicamente) por asuntos como la publicación de los beneficiarios de la amnistía fiscal aprobada por Cristóbal Montoro en 2012. El proyecto de Presupuestos contempla un recorte de la partida para este organismo del 1,7% con respecto a 2016, hasta 2,92 millones de euros. Para los gastos de personal del CTBG se destinan 1,36 millones; para gastos corrientes en bienes y servicios, 1,26 millones; y para inversiones reales, 210.000 euros.
El Pleno del Congreso celebrará tras el puente de mayo el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, primer examen parlamentario, y las enmiendas de devolución se votarán el día 4 de mayo, según el calendario aprobado por la Mesa del Congreso.
El proyecto del Gobierno será publicado este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y a las 14 horas de ese día expira el plazo para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno con el fin de explicar las cuentas.
Eso sí, las comparecencias no tendrán lugar hasta después de Semana Santa. Concretamente se reservan para la semana del 24 al 28 de abril. Ahí será el momento para que los grupos parlamentarios decidan si presentan o no enmiendas de totalidad pidiendo la devolución del proyecto. El plazo para registrarlas acabará el 28 de abril a las 14 horas.
Tras un recorte acumulado de más del 70% desde 2011, la mermada política de cooperación al desarrollo continúa sin recibir una subida presupuestaria que le permita resurgir. El presupuesto destinado a esta partida dentro del Ministerio de Exteriores desciende un 0.99%, quedándose con 512,58 millones. Aunque el dinero público derivado a la Agencia Estatal de Cooperación sube, la bajada general está motivada sobre todo por el recorte aplicado a un criticado mecanismo empleado por el Gobierno para canalizar la cooperación al desarrollo, el FONPRODE.
Por su parte, después de un recorte acumulado situado también en torno al 70%, la debilitada Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) recibirá un 12,5% más de presupuesto, obteniendo 284,43 millones de euros, frente a los 252,75 millones inyectados en 2016.En el ámbito del Ministerio de Exteriores, la cooperación al desarrollo cuenta con dos instrumentos presupuestarios más además de la AECID.
El Gobierno dotará en 2017 con casi 261 millones de euros al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que supone un aumento del 8,3 % respecto al pasado año, y reducirá en 335.000 euros los fondos reservados destinados al Ministerio del Interior, mientras que se mantienen los de Exteriores y Defensa. Así figura en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 que el Gobierno ha enviado hoy al Parlamento.
El CNI, que sigue dependiendo de la Vicepresidencia del Gobierno, tiene un presupuesto de 260,96 millones, un 8,3 % superior a los 240,98 millones con los que contó en 2016. La mayor parte del presupuesto del CNI se destina a gastos de personal, que suman 178,95 millones de euros.
Los gastos corrientes en bienes y servicios se dotan con 50,42 millones de euros y se fija en 31 millones la partida destinada a inversiones reales. Por otra parte, el Gobierno ha previsto una partida total de 7.061.120 euros para gastos reservados, cifra que desciende un 4,9 por ciento respecto a los presupuestos de 2016.
La reducción afecta a los fondos que maneja el Ministerio del Interior, que dispondrá el próximo ejercicio de 6.374.810 euros en fondos reservados, frente a los 6.709.610 euros de 2016. El Ministerio de Defensa vuelve a contar con medio millón de euros para este tipo de gastos, y el de Exteriores tendrá de nuevo este año 186.310 euros.
“Los presupuestos van a contar con el rechazo frontal del PSOE”, ha asegurado el portavoz de la gestora, Mario Jiménez. “Estos presupuestos son una oportunidad perdida para España”, ha expresado en una intervención ante el grupo parlamentario socialista: “De Rajoy no esperamos nada ni bueno ni nuevo. Se ha vuelto a superar”.
“Sus cuentas perjudican directamente a más 12 millones de personas (pensionistas, funcionarios... ),ha criticado Jiménez, que ha lamentado que 2017 será el año ”de la austeridad mal entendida“. ”Solo así se puede entender que previendo un 7% más de ingresos se reduzca obscenamente el dinero para políticas sociales“, ha señalado. Así, el socialista ha asegurado que las cuentas son ”papel mojado“ para la mejora de la situación española.
“Los socialistas vamos a presentar una enmienda a la totalidad que entendemos está plenamente justificada”, ha dicho Jiménez, para quien la congelación de las pensiones que afectan a nueve millones de personas y otras partidas de los presupuestos respaldan su rechazo. Jiménez ha censurado que se trate de unas “presupuestos falseados”, que reducen la inversión en infreaestructuras, que bajan los impuestos a los “que más tienen” en detrimento de los que “más lo necesitan”...
“Se han hecho en contra de los intereses de la mayoría social”, ha concluido el portavoz de la gestora.
Dirigentes de Unidos Podemos han secundado el rechazo de la coalición a los Presupuestos Generales a través del hastag en Twitter #soncuentosnocuentas.
Canarias es la única Comunidad Autónoma para la que el proyecto de Presupuestos prevé un incremento de las inversiones en infraestructuras, con un repunte del 2,5% de la inversión real, hasta 270,28 millones de euros. Si se exceptúa la ciudad autónoma de Melilla, donde también aumenta la inversión (un 15,2%, hasta 32,21 millones), Canarias va a contracorriente del resto. Se trata de la región de influencia de Pedro Quevedo, el diputado de Nuevas Canarias que se presentó a las elecciones con el PSOE y cuyo voto se presume clave para sacar adelante estos PGE. Pese a las promesas de Mariano Rajoy, la inversión en infraestructuras en Catalunya retrocede un 2,7%, hasta 1.149 millones, un recorte que está muy por debajo del que experimenta la inversión real regionalizable del conjunto de autonomías, que es del 22,7%, hasta 8.597,43 millones. Las comunidades que sufren un mayor recorte son Andalucía (36,6%), Galicia (32,4%), Castilla y León (31,9%) y Asturias (31,6%).