El Consejo de Ministros ha vuelto de las vacaciones de agosto con proyecto de ley bajo el brazo. El Ejecutivo ha aprobado este martes su legislación sobre el primer bloque de la reforma de pensiones que acordó con sindicatos y patronal. Se trata de la segunda vez que pasa por el Consejo, como corresponde, tras aprobar el anteproyecto a comienzos de julio. Ahora, el proyecto de ley va rumbo al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, con el objetivo de que esté aprobado antes de terminar el año tal y como prometió el Gobierno en Bruselas.
“Tras una década de incertidumbre, recuperamos el consenso y el diálogo social en pensiones en el marco del Pacto de Toledo con este proyecto de ley”, ha destacado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. “A partir de ahora, ningún pensionista tendrá que preocuparse por sus pensiones”, ha destacado Rodríguez por la vuelta a la revalorización según los precios, que mantendrá el poder adquisitivo de los jubilados. “Si el IPC es negativo, las pensiones se mantendrán como el año anterior”, ha añadido.
Las principales medidas de este primer paquete de la reforma podrían dividirse en dos grandes grupos. En primer lugar, la derogación de los aspectos clave de la legislación de pensiones del Gobierno del PP: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25%, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de “equidad intergeneracional”, que aún debe negociarse.
En segundo lugar, otro grupo de medidas pretende retrasar la edad efectiva a la que se jubila la población para acercarla a la legal. El Ministerio de la Seguridad Social y los agentes sociales han pactado una serie de incentivos para ello, como dificultar la jubilación forzosa por convenio, intentar retrasar al menos unos meses las jubilaciones anticipadas voluntarias mediante nuevos desincentivos y premiar más económicamente a aquellas personas que decidan trabajar más allá de la edad legal de jubilación, entre otros.
Se refuerzan también los ingresos de la Seguridad Social, con el compromiso de transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado por valor de unos 21.000 millones de euros. Además, el acuerdo de pensiones incluyó algunos compromisos de calado que deberán desarrollarse. Se estableció un plazo de “seis meses” para equiparar el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho y los matrimonios y recoge también que “en tres meses” todos los becarios, cobren o no por sus prácticas, deben estar cotizando a la Seguridad Social.
Como novedad de la segunda vuelta de aprobación de la norma, el Gobierno ha incorporado que las pensiones de las Clases Pasivas (régimen de funcionarios a extinguir) se revaloricen al igual que el resto y también accedan a los incentivos por demorar la jubilación.
Alcanzar de nuevo el consenso político
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se enfrenta ahora a un nuevo reto. Volver a conseguir el consenso político en las Cortes, tras el logrado en noviembre sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo, para aprobar definitivamente este primer paquete de medidas. El PP ya dejó ver antes del verano que no lo pondrá fácil, con críticas al acuerdo de pensiones con los agentes sociales, que Pablo Casado llegó a tachar de “gran error”.
La meta del Ejecutivo es que la legislación entre en vigor el 1 de enero de 2022, con algunas medidas de aplicación inmediata, como la revalorización de las pensiones según el IPC, y otras que irán desplegándose poco a poco, como la equiparación de las penalizaciones en la jubilación anticipada de los trabajadores con altos salarios.
Tras el consenso social alcanzado con los sindicatos y patronales, que costó meses, ahora el Gobierno afrontará el debate parlamentario del proyecto de ley con el resto de fuerzas políticas, tras el que el texto puede sufrir algunos cambios y ser “mejorado”, ha recordado la portavoz del Gobierno.
Hay cuestiones poco discutidas, ya que prácticamente se limitaron a llevar al papel recomendaciones expresas del Pacto de Toledo, como la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, pero hay otras más complejas (jubilación anticipada, mecanismo de equidad intergeneracional) que pueden dar lugar a más diferencias entre los partidos. Así quedó patente en la última comparecencia del ministro Escrivá en la comisión del Pacto de Toledo, en la que las fuerzas de la oposición, e incluso los socios de legislatura, advirtieron de varias diferencias con el acuerdo de pensiones.
La ministra Isabel Rodríguez ha confiado en alcanzar de nuevo el acuerdo político. Rodríguez ha recordado como principal valor el acuerdo en “el diálogo social, recuperado tras una década”. “Sreo que debe ser tenido en cuenta por los grupos parlamentarios”, ha destacado.
Se abren también nuevas negociaciones
Queda un importante fleco pendiente por atar en este primer bloque de pensiones: el “mecanismo de equidad intergeneracional”. El Ministerio de la Seguridad Social acordó con los sindicatos y los empresarios negociar este, que sustituirá al factor de sostenibilidad del Gobierno de Rajoy, para que se incluya en la regulación vía enmienda en la tramitación parlamentaria.
El plazo de tiempo para definir este elemento da de margen hasta el 15 de noviembre. De momento no ha comenzado la negociación de este mecanismo, ni hay apenas información sobre los planes del Gobierno al respecto.
El mecanismo estuvo marcado por la polémica al comienzo del verano por unas declaraciones del ministro José Luis Escrivá que apuntaban que podría suponer que los baby boomers tuvieran que elegir entre un “pequeño recorte” en su pensión o trabajar más antes de jubilarse. El responsable de la Seguridad Social rectificó y aseguró que solo se trataba de “reflexiones”.
Los sindicatos UGT y CCOO han destacado este martes que confían en que el Parlamento apruebe en los próximos meses el proyecto de ley y han recordado que ahora hay “tres procesos simultáneos” pendientes: la tramitación parlamentaria, el desarrollo de varios compromisos derivados de este primer pacto y continuar con la negociación del segundo bloque de la reforma de pensiones.
“Queda una segunda fase de negociación que va a ser igualmente importante”, ha destacado la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez. Esta segunda etapa “tiene que abordar una mejora de las pensiones mínimas, un incremento de las bases máximas de cotización, establecer mecanismos que nos permitan garantizar la sostenibilidad y suficiencia de nuestro sistema de pensiones, mejorando las mismas, y, por último, un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que tenga una definición adecuada y no restrictiva como creemos que es posible”, ha sostenido Carlos Bravo, secretario de Políticas públicas y Protección social de CCOO.