La primera cooperativa de prostitutas reabre el debate sobre su legalización
La cooperativa Sealeer ha conseguido ser la primera registrada en España para ofrecer servicios sexuales. Con su reivindicación del derecho a la libre empresa recogido en la Constitución lograron que la Consejería de Economía de Baleares les diera el visto bueno. La iniciativa no puede escapar al debate de fondo: si la prostitución debe ser una actividad legal con categoría de trabajo o si debe abolirse y considerarse una forma de violencia contra las mujeres.
El colectivo Hetaira, formado en parte por mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución, apuesta por lo primero. “Es un tipo de trabajo que, por el estigma y la desconsideración social, hace que las mujeres que lo ejercen sean más vulnerables a las agresiones y la violencia. Pero el ejercicio de la actividad no es en sí violento si existe voluntariedad”, dice Cristina Garaizabal.
Una postura muy diferente a la que mantienen otras asociaciones y teóricas. “Es una cosificación del cuerpo de las mujeres y un ataque a la dignidad de las personas. No nos parece que sea un tipo de comercio lícito. La violencia de género es una relación de subordinado y dominante, y, cuando en una relación sexual una de las personas paga, puede ejercer el control y el dominio, por eso se paga. Es una situación, además, ligada a la falta de oportunidades económicas. Por ejemplo, desde que las españolas tuvieron acceso al mercado laboral y mejores posibilidades, son las inmigrantes las que la ejercen mayoritariamente”, expone la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, que ve en la decisión de Baleares una forma de legalizar de facto la prostitución.
También Sara Vicente, de la Comisión de Malos Tratos a Mujeres, ve en esta decisión un paso más en “la normalización de la prostitución”. “No estamos por la labor de que legalice, porque se trata de una explotación y utilización del cuerpo de la mujer; es una forma de violencia y no una profesión”, subraya Vicente, que denuncia que, a pesar de que la prostitución es alegal, se han legalizado las asociaciones de dueños de clubes y diariamente se conceden licencias de locales por toda la geografía española. Según la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres Por la Abolición de la Prostitución, el 90% de las mujeres que la ejercen lo hacen explotadas por proxenetas.
Tanto la Federación como la Comisión apuestan por el modelo sueco: el país nórdico prohibió el consumo de prostitución en 1999, penalizó su compra, y dedicó grandes cantidades de dinero a políticas sociales integrales. La propuesta se extendió a Noruega e Islandia, que también consideran la prostitución una forma de violencia y explotación de las mujeres. Hace poco, Francia aprobó también la penalización de los clientes. “La prostitución existe porque hay demanda, porque se paga por ella”, señala Besteiro.
En el lado opuesto, quien es partidario de la regulación aboga por marcar condiciones para el ejercicio de la prostitución: “Por ejemplo, tendría que estar prohibido que vivieran y durmieran en el mismo sitio donde ejercieran su trabajo y cada mujer decidiría qué servicios sexuales ofrecer y qué clientela escoger”, explica Cristina Garaizabal.
Rechazo a la situación actual
Si en algo coinciden todas las voces es en que la situación actual sólo beneficia a los dueños de clubes y prostíbulos, y nada a las mujeres. “Todo lo que no sea lo que hay ahora, es mejor. Si vamos al modelo sueco, vayamos a una prohibición total, no al sistema de ahora, donde se protege a proxenetas y dueños de clubes. Yo soy eminentemente práctica: la prostitución existe y, mientras sea así, qué menos que las mujeres que se dedican a ello, siempre que sea libremente, lo hagan en las mejores condiciones posibles, generen derechos, puedan decidir a quién atienden o no, o si un día no trabajan porque están enfermas”, dice la jueza Gloria Poyatos, cuyo trabajo inspiró la formación de la cooperativa ibicenca.
Pero si la prostitución puede ser una actividad ejercida libremente al cien por cien es, precisamente, una de las cuestiones más espinosas del debate. “Toda voluntariedad está guiada por las necesidades que tienen todas las personas y por las posibilidades que ofrece la sociedad. Hay gente que decide ser auxiliar de geriatría, y también lo hace por necesidad”, afirma Cristina Garaizabal, de Hetaira. “También habrá personas que venderían un riñón, ¿y eso deberíamos permitirlo por el hecho de que lo quisieran hacer libremente?”, argumenta, en cambio, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.
Para Sara Vicente, de la Comisión de Malos Tratos a Mujeres, la voluntariedad no hace que la prostitución deje de ser una forma de violencia. “Con independencia de que las personas que la ejercen quieran o no, es en sí un acto de violencia, es una relación desigual, no es una relación sexual en igualdad”.
