¿Cómo conseguir un 100% de energías renovables para 2050 si las inversiones a los combustibles fósiles se encuentran protegidas? Es la paradoja en la que se encuentra la UE y el resto de países firmantes del Tratado de la Carta de la Energía.
¿Y qué es el Tratado de la Carta de la Energía? Es un acuerdo comercial y de inversión plurilateral aplicable al sector energético. Fue firmado por la Unión Europea (UE) en diciembre de 1994 y entró en vigor en 1998. Hasta la fecha, 52 Estados, así como la UE y EURATOM se han adherido al TCE.
Una de las principales funciones del tratado, que no establece como objetivo la lucha contra la crisis climática ni la consecución de ningún objetivo de sostenibilidad, es su mecanismo de solución de conflictos: protege a los inversores contra cambios regulatorios repentinos que podrían cancelar los proyectos de energía en los que han invertido. ¿Y cómo alcanzar los objetivos en renovables si no se producen cambios regulatorios en el sector energético?
Según publica Forbes, el 67% de las demandas de los inversores gracias al tratado son presentadas por un inversor de un país de la Unión Europea contra el gobierno de otro país de la UE. Los inversores en Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido representan el 60% de los 150 inversores involucrados en reclamaciones. La tasa de demandas que utilizan el TCE también se ha disparado en la última década. Se presentaron 75 demandas de inversores en los últimos cinco años, en comparación con solo 19 durante los primeros diez años del acuerdo (1998-2008).
Y el récord de demandas contra un país se registra en España, con más de cuatro decenas, con la particularidad de que muchas de ellas han venido tras el hachazo a las renovables de los gobiernos de Mariano Rajoy.
“Pero, paradójicamente”, explica Yamina Saheb, exdirectiva del Tratado y redactora del informe publicado por OpenExp y presentado en Bruselas por Friends of the Earth Europe, TNI, CNCD 11.11.11 y Corporate Europe Observatory, “lejos de impulsar las renovables en España, lo que hace es poner en guardia a todos los actores ante cambios legislativos, los desincentiva y protege el statu quo, que es incompatible con los objetivos climáticos”.
Los 28 Estados miembros dieron el visto bueno en julio a la propuesta de la Comisión Europea de negociar la reforma de la protección a las inversiones del TCE, en la línea de alinearlo con objetivos medioambientales y considerar inaplicables los arbitrajes en tratados bilaterales entre países o inversores de la UE. El Ejecutivo comunitario sostiene que “los tribunales nacionales están obligados a anular cualquier laudo arbitral emitido sobre esta base y a renunciar a aplicarlo”. En el caso de España, supondría la anulación de los laudos emitidos contra el país por estos tribunales de arbitraje por el recorte de la retribución a las energías renovables, que reclaman 7.600 millones.
Sin embargo, esas decisiones no se aplican automáticamente, y en todo caso no aplica a las inversiones de empresas de fuera de la UE, por ejemplo.
Además, la UE apoya que un TCE reformado sea más tajante sobre el desarrollo sostenible, incluido el cambio climático y la transición energética, y que el Tratado contribuya a la promoción de los derechos humanos y las normas internacionales del trabajo, incluso a través de disposiciones sobre transparencia y conducta empresarial responsable.
El ministro de Energía de Luxemburgo, Claude Turmes, que cargó duramente contra la gestión “neoliberal y anti renovables” del exministro Álvaro Nadal, denunciaba en Bruselas en la presentación del informe la incompatibilidad de la Carta con la lucha contra la crisis climática: “El Gobierno de Luxemburgo está intentando crear una coalición de países responsables climáticamente para reformar el tratado y alinearlo con los objetivos del Acuerdo de París”.
Pero esto es muy complicado mientras mantenga su razón de ser originaria: proteger legalmente a las empresas de petróleo y gas que invierten en el antiguo bloque soviético –y, por ende, de toda Europa–. Empresas que pueden reclamar reparaciones sin límites a gobiernos que frustren las inversiones en proyectos de combustibles fósiles.
Carlo Pettinato, jefe de la Unidad de Políticas de Inversión de la Comisión Europea, replicaba a las acusaciones de tibieza del ministro luxemburgués: “Tenemos que asegurarnos no solo de que la reforma refleje nuestro enfoque sobre la protección de la inversión y la solución de controversias, sino también de que sea totalmente compatible con el Acuerdo Climático de París”.
Es decir, la Comisión Europea reconoce que, en la actualidad, no es “totalmente compatible”.
Pero Saheb, ex miembro del secretariado de la Carta de la Energía, es escéptica con la reforma: “Hay países dependientes de las inversiones en combustibles fósiles que no van a apoyar ese tipo de reformas”. Cualquier cambio requiere de la unanimidad de los 55 países firmantes, incluidos exportadores de gas y petróleo como Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán. “Lo normal es que estos países no voten a favor de acabar con la protección a las inversiones”, insiste Saheb, “porque no querrán ver reducidos sus beneficios”.
“La reforma puede durar años”, decía Nathalie Bernasconi-Osterwalder, del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, “lo correcto sería salirse del tratado”. El ministro de Energía luxemburgués terció: “Es una opción que hay que sopesar seriamente, si bien le daría unos meses a la posibilidad de la reforma”.
Una ventaja de la reforma es esquivar la “cláusula de supervivencia”, que mantiene vigente el tratado durante 20 años tras la retirada de un miembro.
“Es importante que cualquier acuerdo sobre la energía tuviera como objetivo el cumplimiento de los acuerdos de París, y que dejara las disputas en manos de los tribunales europeos”, insiste Saheb: “Son más predecibles y responden más al interés público que los arbitrajes privados”.
Cuatrecasas, el bufete que fichó en marzo pasado a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, es la firma española que más casos ha logrado captar hasta ahora en estos procedimientos de arbitraje, planteados siempre por inversores extranjeros y vinculados a los recortes realizados por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 a las renovables, con José Manuel Soria como ministro de Industria. Ese aluvión ha situado a España en los primeros puestos del ránking de denuncias ante el Ciadi, junto a países como Venezuela o Argentina.
Según un recuento realizado en diciembre pasado por la publicación especializada CIAR Global, Cuatrecasas tenía a esa fecha en cartera siete casos relacionados con este asunto ante el CIADI: el de NextEra –ganado en marzo– y los de las firmas Itochu, OperaFund, JGC Corporation, BayWa, Renergy e InfraRed. Cuatrecasas es segunda en ese ranking, empatada con la estadounidense King & Spalding y solo por detrás de la estadounidense Allen & Overy (diez casos).
El hachazo a las renovables es, junto a la creación del Banco Malo, una de las decisiones del Gobierno de Rajoy de las que más se ha beneficiado en los últimos años Cuatrecasas, el despacho de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
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