El PSOE ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso en la que pide al Gobierno que frene el uso que muchas administraciones hacen de los parados bajo la figura de la llamada colaboración social, es decir, aportando un complemento que se añade a su prestación, pero sin que su trabajo suponga una relación laboral.
Después de que eldiario.es publicara que el Ministerio de Educación utilizará a parados bajo esta fórmula para apoyar la gestión de becas del principio de curso, el grupo socialista ha registrado la proposición para exigir que las administraciones no usen a desempleados para desempeñar tareas estructurales y propias. El texto se debatirá en la Comisión de Empleo y en el Pleno de la Cámara.
El Ministerio de Educación ha solicitado a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas que recluten a parados bajo la llamada fórmula de la colaboración social para apoyar la gestión y la tramitación de becas del inicio de curso. En un documento, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo reconoce que las becas implican un incremento enorme de las tareas sin que haya un aumento proporcional de las plantillas. Ese es el razonamiento con el que Educación justifica la necesidad de contar con un personal extra, que será parados sin contrato, como ha sucedido en años anteriores.
El grupo socialista en el Congreso acaba de registrar la proposición no de ley en la que pide que el Ministerio haga la “contratación necesaria” para cubrir ese pico de trabajo “mediante las modalidades vigentes”, en lugar de acudir a la colaboración social con parados.
“Se trata de mano de obra barata, precarizada y sin vinculación laboral ya que la administración únicamente va a pagar la diferencia que existe entre un salario normal y la prestación, pero el desempleado agota su prestación, no cotizará por los días trabajados ni para su jubilación, por lo que tampoco acumulará nuevos derechos de prestación de desempleo”, dice el texto registrado por la diputada Rocío De Frutos y el diputado Miguel Ángel Heredia.
Sin cambios legislativos
El Tribunal Supremo limitó el uso de la colaboración social en 2014, tal y como adelantó eldiario.es: sentó nueva doctrina por la cual las administraciones no pueden utilizar a parados en colaboración social para cubrir tareas habituales o permanentes, sino solo para trabajos temporales puntuales acotados en el tiempo. Decenas de sentencias han reconocido unarelación laborala muchos parados que han ejercicio labores de colaboración social.
La PNL argumenta que este cambio jurídico no se ha reflejado en ningún cambio legislativo. Por contra, dice el texto, las administraciones han seguido utilizando de forma intensiva la colaboración social. “No es razonable que se contrate a desempleados para cubrir tareas habituales, aunque sean periódicas como es el caso de la tramitación de becas y aún menos después de la sentencia del Tribunal Supremo”, dice la proposición.
Por eso, el grupo socialista pide al Gobierno que revise, junto a los sindicatos, el régimen jurídico que rige la colaboración social y que se impulsen las “medidas necesarias” para que las administraciones adapten sus acciones a la doctrina del Tribunal Supremo.
“El desempleado queda atrapado con este plan, porque le obliga a consumir su prestación y, al mismo tiempo, le impide buscar un empleo de verdad, porque estará trabajando a jornada completa”, subraya el texto, que también menciona que la fórmula de la colaboración social prioriza a los parados que cobran una prestación frente a los que no la reciben.