Una semana después de la aprobación del Plan de Vivienda 2018–2021 del Gobierno, y en medio de importantes subidas de precios, sobre todo en determinadas ciudades, el PSOE ha presentado a través de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados sus medidas para fomentar el alquiler estable.
Entre las ideas que incluye la propuesta, promover un sistema público de precios de referencia por zonas, como ya está haciendo la ciudad de Barcelona, para que aquellos propietarios que no alquilen con precios superiores al mismo puedan beneficiarse de deducciones de IRPF de entre el 60% y el 100% de sus ganancias.
En esa horquilla entrarían todos los arrendadores que no subieran por encima de ese precio de referencia, subiría al 70% si el propietario hace obras de mejora energética y al 100% si a quien alquila es un joven entre 18 y 30 años con ingresos bajos.
Otra de las medidas fiscales que proponen los socialistas en su proposición, que ha presentado este viernes la ex ministra de Vivienda y portavoz de este área del PSOE, Beatriz Corredor, es que si se vende un inmueble y se compra otra para destinarla al alquiler durante diez años, las ganancias de la venta de la primera queden excluidas de IRPF.
Los propios arrendatarios también disfrutarían de un mejor trato fiscal: los inquilinos con una base imponible inferior a los 30.000 euros anuales, podrán deducirse un 10,05% de las cantidades que paguen en concepto de alquiler.
Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y vuelta a los 5 años de alquiler y a las subidas por IPC
Según los socialistas, que aseguran haber entrado en contacto con colectivos ciudadanos para elaborar su propuesta, la “tormenta perfecta” que ha provocado la subida de los alquileres ha sido la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013, el auge del alquiler turístico (que tratarán en otra iniciativa parlamentaria, dicen) y el repunte de la inversión inmobiliaria, en particular a través de fondos.
La reforma de la LAU , que entró en vigor cuando los precios de los inmuebles bajaban (ahora siguen la tendencia contraria en la mayor parte del país) generó a juicio de los socialistas una mayor vulnerabilidad del inquilino. En aquella modificación legislativa, para animar a los propietarios, se redujo de cinco a tres años la duración de los contratos y se acabó con la referenciación al IPC de las subidas anuales de precios. Según los socialistas, la ley debe volver atrás en estos dos puntos concretos.
Corredor ha recordado que mientras los precios de la vivienda de alquiler volvían a elevarse entre 2014 y 2017, a dos dígitos en ciudades como Madrid y Barcelona, los salarios apenas se han recuperado un 0,4%. Para un hogar con un salario medio de 1.908 euros al mes (similar al del cuarto trimestre de 2017) el esfuerzo de acceso para acceder a una vivienda de alquiler ha pasado del 33,3% en 2013 al 38,5% en 2017.
Para los sueldos más habituales, que no llegan a los mil euros, el esfuerzo es aún mayor. Para los salarios del decil tres (1.118 euros al mes) el esfuerzo de acceso ha crecido desde el 56,3% de los ingresos en 2013 hasta el 65,6% en 2017.