El PSOE rechaza “auditorías de deuda, impagos ni cosas así; eso está descartado”

El secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, ha rechazado hoy una auditoría de la deuda como la que propone Podemos, una medida que su partido ya ha rechazado con anterioridad en el Congreso de los Diputados. “No vamos a hablar de auditorías de deuda, impagos ni cosas así; eso está descartado”, ha dicho, durante un encuentro con periodistas para exponer las líneas generales de la política económica de su partido para las próximas elecciones generales.

El dirigente del PSOE ha señalado que su partido quiere tener una “posición seria” y ha rechazado este tipo de medidas, “poco reflexionadas” y “propias del lenguaje de otros continentes y otras épocas”.

“El Partido Socialista no va a defender nunca una reestructuración unilateral de la deuda, por distintas razones”. En el marco de una unión monetaria, “dispararía el coste de financiación”, provocaría una “salida masiva de capitales”, “serios problemas para financiar el déficit” e imposibilitaría mantener el Estado del Bienestar. También tendría un “efecto rapídisimo” sobre el sector financiero, dado que los bancos españoles son los principales tenedores de deuda soberana. Y “podría producir rápidamente una salida del euro” si el Banco Central Europeo cortara el grifo de la financiación a las entidades.

De la Rocha ha defendido, en cambio, la derogación, anunciada el lunes por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de la reforma del artículo 135 de la Constitución que obliga a la estabilidad presupuestaria de las administraciones, aprobada en la recta final del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo del PP.

Esa reforma se hizo “en circunstancias muy excepcionales”, con España “al borde del rescate”, pero ahora “lo peor de la crisis ha pasado”. Por eso, los socialistas apuestan por “blindar nuestros derechos sociales” (educación, salud y pensiones) y su financiación en la Carta Magna, manteniendo, eso sí, el compromiso con la estabilidad presupuestaria y garantizando el pago de la deuda. Esa medida, calificada de “populista” por el PP, “no va a espantar a los inversores”, ha dicho De la Rocha, que ha subrayado que sólo cuatro países europeos han aprobado esa “regla de oro” en sus constituciones.

De la Rocha, secretario de Economía del PSOE desde agosto pasado, ha expuesto las cinco grandes líneas del programa económico que está elaborando su partido de cara a las próximas elecciones generales. La primera pata es una reforma del mercado de trabajo que incluya la “derogación” de la última reforma laboral del PP, mediante una adaptación del Estatuto de los Trabajadores, aunque sin incrementar el coste del despido.

La segunda es un plan de reindustrialización y competitividad que redunde en un empleo “de mejor calidad y más pagado”; la tercera, una “gran transición energética” que incluya una “auditoría de los supuestos costes regulados” del sistema eléctrico, cuyo “supuesto” déficit de tarifa los socialistas ponen “en cuestión”; la cuarta, una apuesta por “democratizar la economía” que incluya un nuevo sistema de elección de los consejeros y presidentes de los organismos reguladores; y la quinta, una reforma fiscal que haga hincapié en los ingresos (nueve puntos por debajo de la media europea) mediante una “limpieza” de las deducciones del Impuesto de Sociedades y el nuevo “impuesto a la riqueza”, entre otras medidas.

En el caso de los reguladores, el “modelo ideal”, en opinión de De la Rocha, sería el anglosajón, donde los candidatos a formar parte de su consejo de administración se postulan tras la publicación de una oferta pública. Sin embargo, “como estamos en España”, el PSOE se decanta por que a sus presidentes y consejeros los elija un tribunal formado por miembros propuestos por los partidos y designados por “pseudo sorteo” (insaculación), que seleccionaría a los candidatos que se presentaran libremente al puesto. Posteriormente, el Parlamento debería ratificar por mayoría cualificada la selección de ese tribunal.

El PSOE se autodescarta para nombrar a un consejero en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 'súperregulador' creado hace un año, aunque este partido tiene “serias dudas” sobre la cualificación de “varios” de los vocales del organismo.