El acuerdo para un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos incluye la subida del IRPF a las rentas altas, el establecimiento de un tipo mínimo en Sociedades, su bajada para las pymes o la regulación de precios del alquiler. Por primera vez, las socimis (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria) tendrán que tributar por su beneficio no distribuido y se pondrá a las sicavs bajo la lupa de la Agencia Tributaria. Se ha pactado también el desarrollo de un Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social y medidas en Educación, Sanidad, cambio climático, feminismo o despoblación.
Estos planes han sido recibidos por algunos medios y partidos políticos como una “cesión al populismo” y y una condena al “paro y la pobreza”, en palabras del líder del PP, Pablo Casado. La CEOE ha considerado que impactarán de forma “muy negativa en la creación de empleo, en el futuro de las empresas y desincentivarán cualquier posibilidad de inversión en España”, especialmente disconformes con la anunciada derogación de la reforma laboral de 2012.
Otros afirman que son imposibles de cumplir si se pretenden observar los objetivos de estabilidad presupuestaria pactados con Bruselas: “Es un programa electoral, pero no de gobierno. El compromiso de subir un 2% el sueldo a los funcionarios públicos y un 1% a los pensionistas, más el aumento vegetativo de pensionistas y de la pensión media, ya suponen unos 10.000 millones de euros, un punto de PIB”, recalca el economista José Carlos Díez.
“Hay que pensar que es un proyecto a cuatro años y que la idea es renegociar la senda de déficit para establecer unos objetivos más realistas y que permitan bajar déficit y deuda sin perjudicar a la economía”, responden fuentes del Ministerio de Hacienda.
El Gobierno quiere que el desequilibrio entre ingresos y gastos en 2020 ascienda al 1,1% del PIB, al 0,4% en 2021 y al 0% en 2022. Pero el rechazo del PP y Ciudadanos (y la abstención de Unidas Podemos y ERC, entre otros), dejó fijada la actual senda en en el 1,3% en 2019, 0,5% en 2020 y un superávit del 0,1% en 2021. Es decir, las CCAA y la Seguridad Social (donde se había introducido la mayoría del nuevo margen) cuentan con 6.000 millones menos cada año. En los próximos meses se volverá a intentar renegociar la cifra. Para 2019, la previsión del Gobierno es cerrar en el 2%, pero la mayoría de los analistas calculan que el déficit acabará el año en torno al 2,5% del PIB.
Lo cierto es que el propio pacto de PSOE con UP no incluye previsión ni cálculo alguno sobre su viabilidad. Preguntadas al respecto, fuentes de la negociación se remiten a la futura aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado y al proyecto que se intentó aprobar para 2019, cuyas cifras sí se desgranaban.
De hecho, las medidas de ingresos que aparecen en el pacto son iguales o muy similares a las ya acordadas entre ambas formaciones en anteriores intentos de sacar adelante un gobierno. En el proyecto de presupuestos para 2019, que no fue aprobado en el Congreso, se cifró en 5.678 millones de euros el impacto global de las medidas fiscales acordadas.
La principal fuente de ingresos sería la limitación de exenciones y la fijación de una tributación mínima del Impuesto de Sociedades para grandes empresas, con un impacto de 1.776 millones de euros. La creación de un impuesto sobre servicios digitales supondría 1.200 millones de euros y el impuesto sobre transacciones financieras, 850 millones. A la nueva fiscalidad verde se achacaba un impacto de 670 millones de euros, que se corresponden con el incremento del diésel para equipararlo progresivamente a la gasolina.
Subir dos puntos los tipos impositivos sobre la base general del IRPF para contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos la parte que exceda 300.000 euros, medida que afectará a un 0,4% de los contribuyentes (80.000 en total) supondrá ingresar 328 millones más.
Ha desaparecido del nuevo pacto la medida de elevar el impuesto del Patrimonio un punto, lo que iba a dar unos ingresos estimados de 339 millones en el proyecto de presupuestos. Se incluye, eso sí, una referencia a que “se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”. El impuesto de Patrimonio está cedido a las comunidades autónomas, que, como en el caso de Madrid, podían decidir bonificar esta subida y dejarla sin efecto.
En cuanto a los gastos, la bajada de Sociedades del 25 al 23% a las empresas que tributen menos de un millón de euros se calcula en 260 millones anuales, la rebaja del IVA en los servicios veterinarios, en 35 millones, la de los productos de higiene femenina en 18 millones y la de los libros electrónicos, en 24 millones. En total, se hablaba de 2.082 millones adicionales de gasto con las medidas incluidas en el presupuesto pactado con Unidas Podemos que no salió adelante y del que bebe este nuevo acuerdo.
Debería añadirse ahora la propuesta de ingreso mínimo vital, que tendría un coste de entre 5.000 y 6.000 millones de euros, como señalaba hace algo más de un año en una entrevista en eldiario.es el experto en desigualdad, diputado socialista y entonces Alto Comisionado para la Lucha Contra la Pobreza Infantil, Pau-Marí Klose. Explicaba: “se puede avanzar secuencialmente, sobre todo en transferencias por hijo a cargo. No hace falta llegar a estas cifras tan altas para ir mejorando significativamente la situación de pobreza severa y desigualdad”.
Panorama de ralentización económica
Todo este plan de gobierno se ejecutará previsiblemente en un entorno de enfriamiento de la economía mundial y española, aunque parece que el peligro de recesión está descartado según las instituciones que se dedican a efectuar este tipo de análisis. Este lunes se conoció que el PIB del tercer trimestre ha crecido un 0,4%, un 1,9% interanual. Se trata de la primera vez que baja del 2% en los últimos cinco años. Según la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), el año que viene el crecimiento será del 1,5%. La previsión del Gobierno para el próximo ejercicio es del 1,9%.
Lo que busca el acuerdo presupuestario es precisamente poner bridas a este contexto de ralentización. “El acuerdo no está limitado por el enfriamiento económico. Solo la ortodoxia liberal lo puede dificultar. Precisamente el impulso para evitar la ralentización es la actuación pública mediante un programa de gasto e inversión como el que hemos acordado”, asegura el dirigente de IU Carlos Sánchez Mato.
Se pronuncia contra el “mantra neoliberal muy extendido” que sostiene que la izquierda no sabe gestionar adecuadamente la economía. “En el imaginario colectivo, moldeado con éxito por el sistema actual, impera la idea de que tenemos buenas intenciones y que anhelamos la igualdad, pero que nunca somos capaces de alcanzar nuestros objetivos porque son, al fin y al cabo, utópicos. La experiencia que pusimos en marcha los comunistas en Madrid en política económica demuestra que ese mensaje es falso”.
Sánchez Mato, que ostentó el cargo de concejal de Hacienda hasta que un enfrentamiento fiscal con el entonces ministro Cristóbal Montoro se lo llevó por delante, defiende que “se puede mejorar la vida de la gente con las políticas públicas y además hacer eso compatible con el saneamiento de las cuentas públicas”. “Aunque lo más conocido fue la vertiginosa reducción de deuda pública, no es de lo que nos sentimos especialmente orgullosos. El éxito fue el gran incremento del gasto y la inversión social que iban de la mano de esa política de desapalancamiento”.
El entorno internacional está ahora algo más relajado que hace unos meses, cuando se temía que Alemania entrara en recesión, la guerra comercial entre EEUU y China estaba en pleno apogeo y existía incertidumbre sobre el BBreidthardt (ahora se sabe que va a producirse). Pero siguen abiertas incógnitas, como destaca la profesora de Economía en la Universidad Jaume I Mariam Camarero.
Sobre la salida de Reino Unido de la UE quedan dos años de negociaciones para conocer las condiciones finales, y los cálculos sobre costes y beneficios relativos por países (separadamente) y para el conjunto de la UE van a continuar siendo fuente de discusión e incertidumbre. Respecto a Donald Trump, ya ha aplicado las medidas arancelarias como represalia por el caso Boeing–Airbus, pero siendo un año electoral en Estados Unidos son de esperar nuevos anuncios de medidas proteccionistas o el mantenimiento de las actuales restricciones.
El crecimiento en el centro de Europa y en Alemania se ha recuperado levemente. “Sin embargo, tenemos una nueva persona al frente del BCE, Christine Lagarde, y no sabemos cómo va a actuar”, señala Camarero. Es de esperar que sea continuista, pero la política monetaria tiene ahora poco margen, dado que los tipos de interés han tocado suelo (están alrededor del 0%). Respecto a las incertidumbres internacionales que se han sumado a las del pasado verano, Camarero destaca la inestabilidad política en países de Latinoamérica tradicionalmente estables, como Chile.