Dos hermanos contratados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) tienen una empresa que ha facturado al menos 375.502,07 euros a esa sociedad estatal, según cifras facilitadas por Enresa tras una investigación de elDiario.es
Este medio desveló los lazos familiares que vinculan a al menos un tercio de la plantilla de esa infraestructura ubicada junto al Valle del Guadiato, en una zona muy poco poblada y con pocas alternativas de empleo al norte de la provincia de Córdoba.
Y en el caso de estos dos hermanos se confunden la familia, los negocios y los posibles conflictos de interés en esa empresa estatal. Enresa, que tiene el monopolio de un servicio público esencial, está financiada de forma indirecta por los consumidores de luz a través de la tasa que cobra a las eléctricas para hacer frente al multimillonario coste de gestionar el desmantelamiento de las centrales nucleares y sus residuos.
Los empleados en cuestión son J. J. y F. J. El primero entró en septiembre de 2021 en la plantilla de la planta cordobesa como inspector de Garantía de Calidad. Y su hermana se incorporó a la empresa pública ya el año pasado. No obstante, su relación con Enresa viene de atrás. El primero de ellos llevaba desde 2009 empotrado en la sociedad estatal subcontratado a través de una tercera compañía, Applus+, tal y como refleja su perfil en LinkedIn.
“Cuando vi el perfil pensé que solo podía entrar él. Solo faltaba poner la letra para que entrara. Luego se aprovechó y metió a la hermana”, resume una persona que estuvo al tanto de esos procesos de selección. Esta persona, que pide el anonimato, asegura que “por las tardes van a su empresa, tanto el hermano como ella”.
La empresa de ambos hermanos, que han declinado atender a elDiario.es, es una pyme, Joroyfa SL, domiciliada en un polígono industrial de Peñaroya-Pueblonuevo, muy cerca de El Cabril. Solo desde 2014 hasta 2022, esta empresa ha recibido de Enresa contratos y pedidos de adjudicación por un importe medio anual superior a los 40.000 euros, según datos facilitados por la sociedad estatal a elDiario.es
Joroyfa se constituyó en 1993. Su objeto social es el de “agencia comercial mediadora independiente, la ostentación de representación de productos o firmas comerciales, en exclusiva o no, y el ejercicio de actividades mediadoras y de intermediación en el ámbito comercial”, de acuerdo con el Registro Mercantil. A cierre de 2021 tenía un empleado, según sus últimas cuentas anuales, disponibles a través de Insight View.
Desde octubre de 2021, un mes después de incorporarse a Enresa como trabajador de plantilla, su administrador único es J. J., que sucedió en ese puesto a su hermana, también empleada de la empresa estatal desde el año pasado.
Este medio ha localizado más de 60 contratos adjudicados por Enresa a Joroyfa desde 2014. Ese año las empresas públicas empezaron a estar obligadas a publicar la información de los contratos menores tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia a finales de 2013.
La mayoría de esas adjudicaciones son menores (a dedo, casi sin controles ni transparencia), empezando por el último que se ha publicado, de 248 euros, para la “adquisición de gafas de seguridad graduadas para un trabajador”.
Este es un concepto recurrente, pero hay otros muchos: de “repuestos para maquinaria industrial” (941,4 euros, mayo de 2022) a “solución lavaojos” (648 euros, marzo de 2022), “suministro de bolas de limpieza para los sistemas de inmovilización” (febrero de 2022, 3.501 euros), “garras de elevación vertical” (1.000 euros, julio de 2021) material para los programas de vigilancia ambiental y control radiológico del emplazamiento (6.367,4 euros, junio de 2022)…
El contrato de mayor importe que ha podido localizar este medio, de 117.389,65 euros (todas las cantidades son sin IVA), es para el “suministro de materiales industriales correspondiente al lote 1 del expediente de suministro de materiales industriales y repuestos para el Centro de Almacenamiento RBMA El Cabril”.
Enresa lo adjudicó por procedimiento abierto y lo formalizó con la propia F. J., a la postre empleada de la empresa pública, cuando su hermano ya llevaba años subcontratado para ella. Fuentes de Enresa destacan que “la licitación se inició en 2020, previa a la incorporación de estos empleados”, y “su oferta económica fue lo que les asignó la mayor puntuación”.
Ese contrato se adjudicó en diciembre de 2020, ejercicio en el que Enresa realizó contratos y pedidos a Joroyfa por importe de 61.909,28 euros, según la información que ha facilitado a este medio. Esa cantidad es más de la mitad (el 52%) de la facturación que tuvo la empresa en 2020.
“Previamente, Joroyfa resultó adjudicataria, en 2017, de algunos lotes de suministros similares al de 2020, licitados por procedimiento abierto, con anuncio publicado en la plataforma de contratación, valorando las ofertas económicas y sin criterios de valoración subjetivos”, indica Enresa. La empresa pública reconoce que las decenas de contratos menores que se ha adjudicado Joroyfa son independientes de esa licitación de 2020.
Durante el anterior gobierno del PP, Enresa ya fue protagonista de varios escándalos bajo la presidencia de Francisco Gil-Ortega, muy cercano a María Dolores de Cospedal: de los gastos sin justificar con cargo a la tarjeta de crédito de su entonces máximo responsable, con elevados cargos en “comidas de empresa” y bebidas alcohólicas, al intento de adjudicar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos a una filial de Iberdrola que había contratado al marido de Cospedal, pasando por decenas de contrataciones de personal a dedo.
“Actuaciones internas”
Preguntada por si estos dos empleados comunicaron su situación ante una posible vulneración del código ético de Enresa por los contratos con Joroyfa, y por una eventual violación de su código ético, fuentes de la empresa pública indican que “se están realizando actuaciones internas para recopilar toda la información necesaria que permita valorar posibles incumplimientos del código ético”.
Este documento señala que “los profesionales de Enresa deben actuar lealmente, atender y perseguir los intereses de la compañía y evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto entre aquellos y sus intereses personales. Existe interés personal del profesional cuando el asunto le afecta a él o a una persona con él vinculada”.
“De producirse tal conflicto, deben, previamente a la realización de la actuación de que se trate, ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico y del Gestor Ético que, con respeto de la confidencialidad e intimidad de las personas y previa consulta con la dirección responsable de recursos humanos, propondrá al Comité Ético las medidas a adoptar”.
“El profesional incurso en esta situación debe indicar en su comunicación si el conflicto de interés le afecta personalmente o a través de persona vinculada, a la que debe identificar, y la situación concreta que da lugar al conflicto de interés, con el detalle del objeto, de las principales condiciones de la actuación y del importe o evaluación económica aproximada”, señala el código ético de Enresa.
elDiario.es también contactó con Applus+, que no respondió a la pregunta de si su ex empleado vulneró el código ético de la multinacional al adjudicarse la empresa Joroyfa esos contratos con Enresa. “Ya no trabaja en Applus+”, indicó una portavoz en un escueto correo electrónico.