El Gobierno de coalición cerró este lunes, en último Consejo de Ministros del año, la “reforma fiscal” que lleva semanas negociando, apurando los tiempos en cada ocasión en un pulso agónico con sus socios parlamentarios a la izquierda y a la derecha. El consenso general, entre las formaciones políticas, los expertos y las formaciones políticas, es que la “reforma” pretendida se ha quedado en “paquete”. Finalmente, tras los cambios aprobados este lunes, incluye compromisos como el impuesto a la banca —pero solo por tres años— y como la prórroga a las energéticas en 2025 —pero por un real decreto-ley que a priori no apoyarían ni PNV, ni Junts, ni Podemos en el Congreso—, junto a otras medidas. Mientras, el Ejecutivo ha pospuesto la subida de la tributación del diésel para igualarlo a la gasolina.
“Es importante reconocer que este Gobierno, como hacen los buenos equipos, compite al máximo nivel desde el minuto uno hasta el minuto 90. Nosotros no damos un balón por perdido. Nosotros salimos a ganar, cada partido. Porque sabemos lo que nos estamos jugando. Y no es si gana un partido político u otro, nos estamos jugando los derechos de la gente. Somos muy conscientes de cuál es la complejidad del parlamento, pero salimos a ganar”, argumentó este mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que hizo balance de año.
Esa filosofía expuesta por Sánchez explica bien las negociaciones del “paquete fiscal”, que todavía coleará el próximo año. Según los cálculos del Banco de España, el conjunto de medidas adoptadas elevará en 4.500 millones de euros la recaudación de la Agencia Tributaria en 2025. Pero este aumento se reducirá a 3.000 millones en 2026 y 2027, principalmente por “la rebaja progresiva a las pequeñas empresas”. Esta estimación del regulador financiero tiene en cuenta el gravamen temporal en 2025, aunque el Gobierno no ha logrado retirar la incertidumbre sobre él, ya que, al prorrogarlo con un real decreto-ley tendrá que ser convalidado en el Congreso de los Diputados.
La reforma fiscal es una reivindicación histórica de los expertos y, también, un compromiso con la Comisión Europea, incluido entre los hitos del Plan de Recuperación. Concretamente, debe ser aprobada en Bruselas para desbloquear el quinto desembolso. Por otro lado, la reforma es esencial para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE, que obligan a limitar el gasto público y a reducir el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos). El objetivo es reducirlo al 3% del PIB en 2025. Y el gran reto es no comprometer la capacidad de respuesta del Estado ante catástrofes que exigen un nuevo esfuerzo en el gasto público; como las medidas aprobadas en respuesta a la DANA que afectó a varias provincias españolas a finales de octubre.
El impuesto a las energéticas
El Ministerio de Hacienda informó este lunes que la prórroga del gravamen a las energéticas lo “tendrán que satisfacer en el ejercicio 2025 determinadas empresas consideradas operadores principales en sectores energéticos”. En este tributo se introduce una novedad respecto al diseño de 2022: “Una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales. Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás”, según explica Hacienda.
Este era el requisito exigido por Junts y PNV —alineados con Repsol, Iberdrola, Naturgy, Endesa o Cepsa— inicialmente, que, según el Banco de España, limita “significativamente” la recaudación, que espera “menor que la anticipada [en 2023 fue de cerca de 1.000 millones]”. “Este Gobierno cumple con sus compromisos con las distintas formaciones políticas, en la medida que se mantiene el tributo en 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética”, aseguró Pedro Sánchez este lunes.
Uno de los socios a la izquierda del Gobierno, EH Bildu, confirmó que el decreto incluye una disposición para la revisión y concertación del gravamen en el sistema tributario de Euskadi y Navarra. “Este acuerdo garantiza que sean las haciendas forales quienes recauden y gestionen los ingresos derivados de esta medida, fortaleciendo así el autogobierno fiscal vasco”, celebraron los 'abertzales' tras dar a conocer la medida. Con el compromiso de convertir la tasa en un impuesto, la formación considera que “no existe ninguna razón válida” para que el PNV se oponga a la medida, por lo que ha instado a los nacionalistas a “abandonar las excusas y a apoyar la convalidación del decreto”. “No convalidarlo supondría perder más de 67 millones de euros anuales para las arcas forales”, advirtió EH Bildu.
Unas horas antes, este mismo lunes, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, había señalado que la aprobación del decreto para la prórroga del gravamen a las energéticas es “purito paripé de Podemos” para “hablar otra vez sobre lo mismo”, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez “sabe que no va a salir”. Mientras, Podemos aseguró que tampoco apoyará el nuevo real decreto-ley precisamente por ser temporal.
Las cuatro mayores energéticas cotizadas de España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) alcanzaron un beneficio conjunto de 10.247 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024, superando las ganancias récord de 9.037 millones que lograron hasta septiembre de 2022. Ese año, los precios del gas natural pulverizaron todos los máximos tras la crisis energética que siguió a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Cepsa, que no cotiza en bolsa, suma casi 500 millones de beneficio neto en el mismo periodo de 2024. “Un impuesto permanente está motivado principalmente por las posiciones de poder monopolístico, en sectores estratégicos donde el poder de los grandes oligopolios detrae rentas de la ciudadanía de manera estructural y compromete el bienestar de la mayoría”, explica la Plataforma por la Justicia Fiscal, que incluye a sindicatos, a asociaciones de consumidores, ecologistas y a otras organizaciones que luchan contra la desigualdad.
La subida al diésel
Hasta el último minuto, como reseñó Pedro Sánchez, el Gobierno intentó añadir en el real decreto-ley con medidas fiscales del último Consejo de Ministros del año la subida a la tributación del diésel para equipararla a la gasolina. Esta es otra de las medidas que se quedó fuera del paquete el Congreso aprobó en noviembre, y que encuentra una oposición férrea del PNV, pero también de Podemos. En este caso, la Comisión Europea exige eliminar la bonificación fiscal de la que disfruta el diésel. El aumento de recaudación pública sería de unos 1.500 millones.
El impuesto a la banca
En noviembre, el Gobierno sí consiguió una mayoría en el Congreso —de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, BNG, Junts, PNV y Podemos— para aprobar el impuesto a la banca, eso sí de 2025 a 2027. En 2024, el gravamen temporal a las entidades financieras recaudó cerca de 1.500 millones de euros. Este gravamen se creó por los récords de beneficios del sector, tanto en 2022 como en 2023, gracias a las subidas de los tipos de interés de referencia del Banco Central Europeo (BCE).
Este 2024, pese a los recortes del 'precio' oficial del dinero en la eurozona desde mitad de año, los tipos de interés estarán de media en máximos o muy cerca del nivel promedio de 2023, apoyando otro ejercicio extraordinario para los bancos, mientras muchas familias se han visto ahogadas por sus hipotecas a tipo de interés variable.
El nuevo impuesto bancario que “grava el margen de intereses y comisiones obtenidos por entidades de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, en las actividades que desarrollen en España”, según detalla el Ministerio de Hacienda. El tipo del impuesto tendrá un carácter progresivo con una escala en el gravamen que oscilará entre el 1% y el 7% en función de la base liquidable. La recaudación obtenida se distribuirá a las Comunidades Autónomas. “El objetivo de este impuesto está en que el sector bancario, que obtiene grandes ganancias, siga contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos, siguiendo el principio de justicia fiscal, donde quien más gana, más aporta”, defienden desde el departamento que lidera la vicepresidenta Montero.
Deducciones por reformar la vivienda y por comprar coches eléctricos
Entre las nuevas medidas, destaca que el Consejo de Ministros aprobó este lunes la prórroga de las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energéticas en viviendas de uso habitual. “Se trata de una medida vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que permite a los contribuyentes una deducción en el IRPF de un 20%, 40% e incluso 60% de dichas obras”, defiende el Ministerio de Hacienda.
También se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga. En este caso, la deducción alcanza el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga.
En el impuesto sobre Sociedades, el decreto prorroga al ejercicio 2025 la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables. El objetivo de esta medida es promover el desplazamiento de los combustibles fósiles por energías renovables producidas de forma autóctona para contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas españolas, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la seguridad energética del país.
Medidas para los autónomos
Por otra parte, el “decreto fiscal” de este final de año también incluye la prórroga durante 2025 de los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. “Con esta medida se muestra el compromiso del Gobierno con los autónomos”, dicen desde Hacienda. Asimismo, también se prorrogan para el período impositivo 2025 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el IVA.
Rebaja en el IRPF para las rentas más bajas
De nuevo en materia de IRPF, “y para beneficiar a las rentas más bajas”, el Gobierno eleva de 1.500 a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores que obligan a presentar la declaración de la renta. Es decir, que no estarán obligados a presentar la declaración de Renta aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros que tengan más de un pagador siempre que la suma de las rentas del segundo o restantes pagadores no superen los 2.500 euros (hasta ahora eran 1.500 euros).
Se retrasa el impuesto a los vapeadores
La norma aprobada también contempla retrasar hasta el 1 de abril de 2025 la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos (los vapeadores) y otros productos relacionados con el tabaco. “De esta manera se concede un mayor margen temporal para que los sujetos afectados puedan adaptarse a la nueva figura impositiva”, prosiguen desde Hacienda.
El paquete de noviembre
Además del impuesto a la banca, el “paquete” aprobado en noviembre en el Congreso comprende, en primer término, la transposición de la directiva europea que pone un suelo del 15% al impuesto de Sociedades de las multinacionales en toda la UE y en otros países de la OCDE. En segundo, una subida de dos puntos al tipo de IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros. También, la citada bajada de impuestos a pymes y micropymes. Además, se suman unas modificaciones para “atajar el fraude de los hidrocarburos”. Junto a la resolución de los problemas generados por “la fallida reforma fiscal” de Cristóbal Montoro (el ministro de Hacienda del Ejecutivo de Mariano Rajoy).
Asimismo, se prorrogó dos años más el límite del 50% para compensar bases imponibles negativas de los grupos que componen una multinacional, pudiendo integrar las cantidades no computadas en los diez ejercicios siguientes. Se excluye de la aplicación de esta medida a fundaciones que formen parte de las sociedades fiscales.