La foto del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán sentado en el banquillo de los acusados es una de las imágenes icónicas de la crisis. Es también la imagen de una patronal que lidia con casos de fraude, facturas falsas y apropiación indebida en sus organizaciones territoriales casi también desde que el grifo del dinero se cortara el 2008. Desde entonces, varios de sus dirigentes han sido condenados o están procesados en casos que cuestionan su gestión y sus prácticas.
Es el caso de los expresidentes de la patronal de las pequeñas empresas Cepyme Jesús Bárcenas y Jesús Terciado, que estuvieron en el puesto entre 2002 y 2010 y entre 2010 y 2014, respectivamente. Los dos están procesados por cobrar de la organización de forma opaca miles de euros, a pesar de que los estatutos no contemplaban retribución alguna y de que no informaron a los socios. El auto del juez, que publicó El Confidencial, señala que Terciado percibió su sueldo a través de “facturas plenamente falsas”. Bárcenas, por su parte, recibía pagos en especie.
Después de que el caso saliera a la luz, la CEOE forzó la dimisión de Jesús Terciado como presidente de Cepyme y vicepresidente de la patronal. Ahora, tanto él como Bárcenas están acusados de apropiación indebida y falsedad documental y se enfrentan a cuatro años de cárcel. Otros cargos de la patronal serán juzgados como cooperadores necesarios.
Algunas organizaciones territoriales de CEOE han pasado por dificultades extremas estos años. Es el caso de la de Ciudad Real, que ha desaparecido: hace unos meses su expresidente Arturo Mesa y el exsecretario general Álvaro Maldonado fueron declarados culpables de su quiebra. El juez les inhabilitó durante tres años para administrar bienes ajenos y para representar a cualquier persona, tener un cargo o intervenir en empresas.
En la sentencia, entre otras cosas, el juez consideró probado que varios millones de euros en subvenciones a la formación sirvieron en realidad para pagar gastos y nóminas. Los dos excargos tendrán que pagar parte del déficit que llevó a la quiebra a la organización.
Sospechas sobre fondos para la formación
También acabó en concurso la patronal de Castellón. A finales de 2015, su deuda ascendía a 1,7 millones de euros, tal y como publicó El País. En 2016, la Confederación de Empresarios de Castellón destituyó a su secretario general, Rafael Montero. Un juzgado había procesado a Montero y al director de Economía y Formación, José Antonio Espejo, por presuntas irregularidades en la gestión de los fondos públicos para la formación y posible falsedad documental. Otros tres empresarios fueron también procesados por coordinarse con responsables de la patronal para beneficiarse de estas subvenciones. En total, el fraude asciende a 1,8 millones de euros.
Debido al carácter complejo de la instrucción, el magistrado amplió a 18 meses el plazo para instruir la causa. Entonces, el actual presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, aseguró que la organización no había tomado medidas contra estas personas porque desconocían la investigación.
Este fue solo el paso previo a la petición del preconcurso de la patronal de la comunidad valenciana (Cierval) que el mes pasado optó por la vía de la liquidación para saldar las deudas que arrastran sus federaciones.
Otro caso reseñable es el del expresidente de la Federación Asturiana de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Oviedo, Severino García Vigón, que en 2015 fue condenado a 18 meses de cárcel y a una multa de casi 300.000 euros por tres delitos contra la Hacienda Pública por el impago del IVA durante tres ejercicios en su empresa Enastur. Para entonces, García Vigón ya había dejado la presidencia de la patronal asturiana: una semana después de conocer la apertura del procedimiento penal dimitió. Desde 2009 había sido vicepresidente de la complicada CEOE que conformó Gerardo Díaz Ferrán.
Pero sin duda el vicepresidente de CEOE cuyas andanzas judiciales han hecho correr más ríos de tinta es Arturo Fernández. Hubo un momento en que Fernández lo era todo en la patronal madrileña, y en parte en la española. Vicepresidente de CEOE, presidente de CEIM, presidente de la Cámara de Comercio madrileña y representante en la española. Fernández ha sido condenado a seis meses por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid. Pero este caso era el menor de sus problemas.
Al menos cuatro empresas de Fernández están en la lista de morosos de Montoro, con un imperio empresarial en desguace. Por ahora, sigue imputado por el caso Bankia y en Púnica. Además, las instituciones madrileñas investigan el uso del dinero que se hizo por la financiación de la Cámara de Comercio (una entidad de derecho público) y las contratas de Fernández.
Otro de los vicepresidentes territoriales más poderosos, Joan Gaspart, también estuvo imputado aunque por una cuestión bien distinta: el juicio por el accidente de Spanair. Gaspart salió librado de esa aventura judicial pero como empresario está hundido. En el último año ha ido vendido lo que le quedaba en la cadena hotelera HUSA, otrora una de las más boyantes del país, por la que presentó un concurso de acreedores de 200 millones de euros en 2014.