La visita de Mariano Rajoy a Andorra, la primera de un presidente del Gobierno español a ese país, no va a terminar con las trabas que todavía existen para la entrega de información fiscal a España por parte de las autoridades andorranas. Aunque en los últimos días Moncloa y el Ministerio español de Hacienda han vendido la versión de que el acuerdo que se firma este mediodía incluirá la puesta en marcha de un sistema “automático” de intercambio de información fiscal entre ambos países, fuentes del Gobierno andorrano lo desmienten.
“Pese a lo que se ha publicado, el intercambio de información no va a ser automático sino a demanda”, explica un portavoz del Gobierno andorrano, que señala que el acuerdo que se rubrica hoy se limita a un convenio de doble imposición para que empresas y personas físicas tributen a la vez en ambos países.
En él se incluirá alguna alusión al intercambio de información, aunque la “referencia” para Andorra en este marco será “cómo evolucione la legislación internacional” en este ámbito. “No hay un acuerdo de intercambio automático de información”, insiste ese portavoz. Así, la declaración final de la última cumbre del G20 en Brisbane (Australia) estableció que el intercambio automático de información fiscal entre países no será obligatorio hasta 2017 o, incluso, 2018.
Dinero escondido en Andorra
Un acuerdo automático de información permitiría que a final de año las agencias tributarias de ambos países enviasen toda la información de relevancia fiscal de sus titulares y dificultaría en el futuro los fraudes de los españoles que tienen dinero escondido en Andorra para ocultarlo al fisco español. El exponente más conocido es el del ex president catalán Jordi Pujol, que el año pasado confesó haber mantenido oculta allí durante 34 años una importante fortuna.
Un portavoz del Ministerio español de Hacienda se limita a señalar que “los convenios que está firmando España se basan en el modelo de la OCDE” y que, en el caso del que se suscribe con Andorra, “además de para evitar la doble imposición contiene cuestiones para prevenir la evasión fiscal”, que no detalla. “Se pretende ampliar el convenio de intercambio de información que ya se tenía firmado”, dice este portavoz, que subraya, no obstante, que “los convenios normalmente se tienen que firmar y se ratifican por los Parlamentos”, y es entonces cuando se les da publicidad.
La situación actual con Andorra no va a cambiar, por tanto, sustancialmente con esta visita de Rajoy, al que acompañan el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado del ramo, Miguel Ferré, y que, con el caso Pujol de fondo, ha puesto en guardia a los nacionalistas de CiU.
Hace tres años, España dejó de considerar paraíso fiscal a Andorra, tras la entrada en vigor del acuerdo de intercambio de información fiscal suscrito entre ambos países el 14 de enero de 2010, que desde el 10 de febrero de 2011 obliga al Principado a compartir datos de sus clientes en procedimientos penales y tributarios abiertos en España.
Antes de la firma de ese acuerdo, el intercambio de información se llevaba a cabo solo en procedimientos penales, y desde entonces esa colaboración cubre también los tributarios, pero solo para casos concretos. España, que es el primer socio comercial de Andorra, no puede pedir al Principado, por ejemplo, una lista con todos los españoles que tengan una cuenta bancaria allí, lo que en el argot de los inspectores de Hacienda se conoce como una “expedición de pesca”.
El flujo de datos tributarios entre España y Andorra sigue el modelo estándar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), basado en peticiones individualizadas, en las que el país que solicita información “tiene que justificar que ha agotado todos los medios que tiene a su disposición en su territorio, algo que en la práctica es lo que más problemas presenta”, explica el inspector de Hacienda José María Peláez.
Sin delito fiscal
La otra vía de colaboración es la judicial, que, como se ha demostrado con el caso Pujol, sigue siendo un problema, al basarse en otra normativa totalmente diferente a la tributaria, la que regula las comisiones rogatorias de jueces y fiscales a nivel internacional. Como Andorra (al igual que Suiza) no tiene tipificado el delito fiscal en su ordenamiento jurídico, el intercambio de información no está ni mucho menos garantizado.
Andorra, un microestado de 468 kilómetros cuadrados de superficie (solo el 1,3% está urbanizado) que en teoría eliminó el secreto bancario en 2010, acaba de empezar a aplicar por primera vez un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que excluye del pago del impuesto a los asalariados que cobren menos de 27.000 euros anuales. Muchos quedarán exentos en un país en el que el sueldo medio ronda los 2.000 euros mensuales netos. Para los más ricos, el gravamen no superará el 10% de los ingresos.
Con una población estimada de 69.966 habitantes (una cuarta parte, españoles), apenas 701 personas en situación de “búsqueda de empleo” y un parque automovilístico de 73.694 vehículos, Andorra –un país profundamente conservador (las mujeres no pudieron votar hasta los años 70) con ribetes de sistema feudal hasta hace apenas dos décadas– tiene un PIB de 2.447 millones de euros, equivalente a la mitad del presupuesto anual del Ministerio español de Fomento. El 18% de esa cifra tiene su origen en el sector financiero, el más importante tras el turismo y los servicios.