El rastro de empresas vinculadas al alcalde del PP en Estepona lleva a nueve parques solares en trámite en la Junta

La red de sociedades en torno al alcalde de Estepona, José María García Urbano, un concejal del PP en el municipio, Salvador Pedraza, y los Selfa, una familia de constructores en la Costa del Sol, conduce a cerca de una decena de proyectos fotovoltaicos que se tramitan ante la Junta de Andalucía para instalar allí más de 400 megavatios (MW).

Esos nueve parques solares tendrían menos de 50 MW de potencia, por lo que la autoridad encargada de darles el visto bueno ambiental es la Junta. Al menos dos han sido ya autorizados por el Gobierno del popular Juan Manuel Moreno Bonilla.

El concejal de Estepona Salvador Pedraza, número 3 en la lista del PP que encabezó García Urbano en 2019, figura en el Registro Mercantil como administrador único de Bestard España Inversiones SL, domiciliada en San Pedro Alcántara (Marbella) y dedicada al “análisis, estudio, elaboración, desarrollo, coordinación, supervisión y realización de proyectos en el sector de las energías renovables, en particular instalaciones fotovoltaicas”.

En esta empresa, que cerró 2021 con activos de 3,2 millones de euros, según sus cuentas, es apoderado Álvaro Núñez, gestor de confianza de la familia Selfa. Bestard España es el socio único de ocho empresas administradas por Álvaro Núñez dedicadas a la energía limpia que tramitan al menos 420 MW fotovoltaicos en Málaga, Cádiz y Granada.

En enero, la Junta autorizaba a una empresa de Bestard España, Adar Energía, la planta solar Adar Puerto de Santamaría, con 49,9 MW de potencia y ubicada en los términos de los municipios gaditanos de San Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera y San Roque. En esta última localidad García Urbano ocupa en la actualidad su plaza de registrador de la propiedad, que simultanea con la de alcalde de Estepona.

La línea de evacuación planteada inicialmente por el promotor afectaba al espacio protegido del Parque Natural de los Alcornocales. Esto llevó a que el 20 de octubre el Servicio de Gestión del Medio Natural emitiera informe desfavorable. El promotor replanteó el proyecto al tramitar ambas infraestructuras de forma separada. Finalmente, la planta recibió la autorización ambiental, que firma el delegado territorial en Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, Óscar Curtido. Durante doce años y hasta su nombramiento el pasado septiembre, Curtido era concejal del PP en Rota (Cádiz).

El 23 de marzo la Junta publicaba el informe vinculante favorable, con condiciones, a la autorización ambiental unificada de un proyecto de instalación solar fotovoltaica de 49,99 MW y línea eléctrica subterránea de evacuación en Las Gabias (Granada). La promotora en este caso es Mitralex Energía, también de Bestard. El proyecto se ubicaría en el término municipal de una localidad que gobierna con mayoría absoluta desde 2019 la popular María Merinda Sádaba.

Red Eléctrica, operador del sistema, emitió un informe desfavorable al punto de conexión que planteaba el promotor inicialmente, criterio que ratificó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe no vinculante remitido al Gobierno andaluz en noviembre, si bien en ese conflicto de acceso el parque iba conectado a una subestación, mientras que en el expediente de la Junta la planta se conecta a una línea aérea de media tensión.

Cuatro plantas más

Al menos cuatro proyectos fotovoltaicos de filiales de Bestard están pendientes del visto bueno del gobierno andaluz. La pasada navidad, la Junta sometió a información pública la planta “Puerto de Santamaría” (45 MW) de Mitralex, también en San Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera y San Roque. De esta empresa también salió a consulta en noviembre el proyecto de la central “Tajo de la Encantada” (42 MW), en Cártama (Málaga). 

En diciembre de 2022 salió a información pública la central “Crisadar Tajo de la Encantada” (33 MW), en Coín (Málaga), la localidad natal de García Urbano, y promovida por Crisadar Energía. Y en agosto de 2021, una planta solar de Ralex Energía de 49,9 MW en Jimena de la Frontera (Cádiz) y Casares (Málaga).

La Junta ha tumbado al menos tres proyectos promovidos por sociedades de Bestard en Los Barrios (Cádiz). Se trata de la planta “Costa de la luz” que Mitralex pretendía instalar con el rechazo expreso de varios grupos municipales; el proyecto “Inti Costa de la Luz”, de Inti Energías Renovables SL; y la planta “Arunalec Costa de la Luz”, De Arunalec Energía. Los tres proyectos tenían 49,9 MW de potencia. La autorización administrativa previa se denegó en febrero.

En el buscador de procedimientos ambientales del Ministerio para la Transición Ecológica no figura ningún proyecto fotovoltaico de filiales de Bestard España, que por tanto no estarían tramitando ningún permiso ante la Administración central (parques de 50 MW o más) y han optado por promoverlos exclusivamente ante la Junta.

El nombre de Bestard España Inversiones SL, de cuyos accionistas no hay información disponible, remite al de Bestard International, sociedad luxemburguesa creada en 2020 por la familia Selfa en la que, como reveló elDiario.es, figura como administrador y accionista la española Resina de la Mairena SL, creada en diciembre por el alcalde, su concejal y Álvaro Núñez, el gestor de confianza de los Selfa.

Según el Ayuntamiento de Estepona, García Urbano, Pedraza y Álvaro Núñez son meros “albaceas” de esa familia tras el fallecimiento del patriarca, el promotor inmobiliario Enrique Selfa. Nacido en Valencia en 1938 e íntimo del alcalde, oficialmente Selfa estaba afincado en Loulé (Portugal), aunque otras fuentes aseguran que en realidad residía en la Costa del Sol y que Urbano y su concejal eran perfectamente conscientes de esa circunstancia.

En total, las dos sociedades en el Gran Ducado de las que es accionista y administradora la empresa que crearon en diciembre el alcalde y su edil manejan activos de 58 millones de euros, de los que una buena parte son inmuebles en Andalucía. La única que los detalla es Bestard International, que en el Registro de Luxemburgo figura como accionista de una promotora en Marbella, Kasar de Altavista SL, de la que tiene un 34% el polémico constructor José Domingo Rodríguez Losada, conocido por ser el dueño del hotel ilegal del Algarrobico (Almería).

Con importantes intereses en Estepona, a Rodríguez Losada se le ha vinculado con el ex comisario José Manuel Villarejo, el caso Astapa en ese municipio de la Costa del Sol o el inicio de la Gürtel en la zona oeste de Madrid.

Mismo día, mismo lugar

Todas las sociedades de renovables que controla Bestard España iniciaron sus operaciones el mismo día, el 23 de mayo de 2019, poco después de la llegada a la Junta de Moreno Bonilla. Comparten domicilio social en la Urbanización Guadalmina de San Pedro Alcántara, donde, según el Registro de Luxemburgo, residen los miembros de la familia Selfa para los que son albaceas el alcalde, su concejal y el administrador de esas sociedades. 

Guadalmina también alberga la sede social de Kasar Altavista SL, la promotora aparentemente inactiva en la que comparten acciones el dueño del Algarrobico y esa firma de Luxemburgo vinculada a los Selfa y al alcalde.

Y en esa urbanización tiene también varios chalés a su nombre la española Bahía de Casares SL, una de las sociedades pertenecientes a esa empresa de Luxemburgo, dueña de varios inmuebles sobre los que pesan órdenes de embargo del propio Ayuntamiento de Estepona, según el Registro de la Propiedad. La información registral refleja que hay varias fincas controladas por empresas participadas por la luxemburguesa Bestard que están en esa misma situación.

El concejal Salvador Pedraza figura como administrador único de Bestard España desde su creación en marzo de 2017. Inicialmente su objeto era “la promoción y licitación de operaciones inmobiliarias y servicios relacionados con ellas, así como la información y asesoramiento de ambos a través de la red de internet o cualquier otro medio electrónico”, y “la gestión inmobiliaria y urbanística”. Lo cambió por la promoción de renovables en julio de 2019. 

En abril de 2022 Bestard se convirtió en socio único de esas sociedades que administra Álvaro Núñez, con el que elDiario.es contactó a través de una dirección de correo electrónico sin obtener respuesta.

Núñez, el tercer albacea de los Selfa junto al alcalde y su concejal, según el ayuntamiento, sustituyó en 2019 como secretario de una fundación de esa familia de constructores a Ricardo Chamorro, actual diputado de Vox en el Congreso: “Núñez es el secretario de la Fundación después de mi renuncia”, confirma a elDiario.es Chamorro, actual candidato a la alcaldía de Ciudad Real de la formación ultraderechista. La fundación de los Selfa, aparentemente inactiva, se dedicaba a estudiar el legado de la batalla de las Navas de Tolosa.

El concejal Álvaro Pedraza administra desde hace años sociedades de los Selfa cuyo rastro lleva a Luxemburgo, Holanda, Curaçao y Madeira (Portugal). Ahora acaba de emerger el nombre de García Urbano, que gobierna desde 2011 con mayoría absoluta ese municipio de la Costa del Sol vecino a Marbella, un punto caliente en la historia española de los escándalos inmobiliarios. 

García Urbano fue socio de un condenado en la Operación Malaya prófugo de la Justicia, Juan Hoffman, y vendió locales a mitad de precio a un constructor local del que también fue socio, Bonifacio Solís, en una operación sobre la que la Fiscalía ha requerido documentación al Ayuntamiento, según dijo el propio García Urbano la semana pasada.

Famoso por aquel peligroso tobogán que se inauguró en 2019 y duró 24 horas abierto, el popular fue ese año por segunda vez consecutiva el alcalde más votado en las mayores ciudades españolas, con casi el 70% de los votos.

El político es, además de registrador de la propiedad, abogado del Estado en excedencia y notario, plaza que es incompatible simultanear con la de registrador. En su notaría en Estepona se firmó una madrugada de agosto de 2003, cuando estaba en ejercicio como fedatario público, la moción de censura que derrocó al ex alcalde marbellí Julián Muñoz y que impulsaron el fallecido Jesús Gil y el cerebro de Malaya, Juan Antonio Roca, del que su socio prófugo, Hoffman, fue testaferro.

Este martes, Emma Molina, candidata socialista a la alcaldía de Estepona, instaba al alcalde a que aclare “si está usando su cargo con fines ilegítimos vinculados al urbanismo” y a que presente su declaración de bienes “si no tiene nada que ocultar”.

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