Ángel Luis López Roa, director en 2003 de la tesis doctoral de Rodrigo Rato y consejero y miembro de la comisión ejecutiva del Banco de España desde 2005 hasta enero de 2017, acaba de sumarse al selecto grupo de ex miembros del órgano de gestión del supervisor que se ponen al servicio del sector financiero.
López Roa, de 73 años, ha sido nombrado consejero de EBN Banco de Negocios, entidad sujeta a la supervisión del Banco de España. Este doctor en Económicas y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense vuelve al sector financiero, en el que ya trabajó con anterioridad a su paso por el supervisor bancario como directivo del Banco Atlántico (hoy Banco Sabadell).
Ahora, ha sido nombrado consejero independiente de una entidad que, pese al entorno de tipos de interés ultrabajos, se está destacando por una agresiva política de captación de depósitos, con rentabilidades muy superiores a las del resto del sector. EBN es el antiguo banco de inversión de las cajas de ahorro (lo crearon en 1991) y fue adquirido en 2015 por el inversor catalán José Gracia Barba, exconsejero de Banco Popular, y Santiago Fernández Valbuena, exdirector de estrategia de Telefónica con César Alierta.
Se da la circunstancia de que Valbuena, vicepresidente de EBN, también perteneció (fue el secretario) al tribunal que valoró con un sobresaliente “cum laude” la tesis de Rato, un trabajo de casi 400 páginas que el entonces vicepresidente económico del Gobierno, en prisión por el caso de las tarjetas ‘black’ y pendiente de sentencia por la presunta estafa en la salida a Bolsa de Bankia, presentó bajo el título de “El ajuste fiscal: un modelo explicativo del crecimiento de la economía española en la segunda mitad de los noventa”.
López Roa entonces era director general de la Fundación SEPI (que dependía de Rato) y se convirtió dos años después en miembro del consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva del supervisor bancario a propuesta del PP. Ahora, sigue el camino emprendido por otros ex miembros de ese órgano que luego pasaron a trabajar para entidades a las que supervisaban. Es una práctica habitual también entre los exgobernadores del Banco de España: de Luis Ángel Rojo (1992-2000), consejero de Banco Santander desde 2005 hasta su fallecimiento en 2011, a Jaime Caruana (2000-2006), fichado por BBVA en junio de 2018, por citar los dos casos más recientes.
Otros ejemplos
Entre los que han seguido una senda similar a López Roa está Jaime Requeijo, que también formó parte del tribunal que evaluó la tesis de Rato junto a, entre otros, el luego consejero del Banco de España y hoy presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada. Requeijo fue miembro del consejo de Gobierno del Banco de España entre 1998 y 2004 y después fue nombrado director de CUNEF, el centro universitario privado especializado en finanzas de la patronal bancaria AEB.
Ya en 2013, el Fondo de Rescate bancario nombró a Requeijo consejero de la extinta NCG (solo estuvo unos meses, porque el banco fue vendido al venezolano Banesco) y en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy le colocó como consejero del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Otros casos recientes son los de José Manuel González Páramo, actual consejero ejecutivo del BBVA, por el que fichó en 2013 tras pasar por el Banco de España y por el Banco Central Europeo (BCE), de cuyo Comité Ejecutivo y Consejo de Gobierno formó parte entre 2004 y 2012; o la actual consejera de Banco Santander Belén Romana, que fue consejera nata del Banco de España durante su etapa como directora general del Tesoro y de Política Financiera (hasta 2005). En 2008, Romana fue nombrada consejera de Banesto y en 2012 pasó a ser presidenta de Sareb, el denominado Banco Malo para limpiar los activos tóxicos del sector.
En esa entidad, en cuyo capital participan el Estado y un grupo de entidades financieras encabezadas por Santander, también fue nombrada consejera en 2012, poco después de su cese como miembro del consejo de gobierno del Banco de España, Ana Sánchez Trujillo, la primera mujer que fue miembro no nato de ese órgano.
Desde 2016, esta tipología de vocales está sometida al régimen de incompatibilidades que el resto de altos cargos. Durante dos años tras el cese no pueden prestar servicios en entidades privadas que se hayan visto afectadas por sus decisiones y, en el caso de los miembros de la comisión ejecutiva (como López Roa), la prohibición se extiende a cualquier entidad privada sujeta a la regulación o supervisión del Banco de España.
Durante los dos años de incompatibilidad, los exconsejeros del supervisor tienen derecho a percibir un 80% de la retribución anual, siempre que no desempeñen una actividad remunerada o cobren una pensión pública de jubilación.