Los economistas conservadores cargan estos días contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 con unos argumentos claramente contradictorios: que son demasiado optimistas en sus previsiones, dicen, y que son demasiado expansivos o derrochadores. Estos economistas no leen la línea oficial del FMI y de la OCDE, y tampoco al reputado Blanchard, tantos años ortodoxo economista jefe del FMI. No leen los periódicos que cuentan, día sí, día también, cómo en la mayoría de los países del entorno -prácticamente todos con gobiernos de centroderecha- aprueban medidas de estímulo de la demanda para impulsar sus economías.
La última, Angela Merkel, que ha dado una vez más prueba de inteligencia política, aplicando en Alemania lo contrario de lo que en la crisis anterior exigía a los demás. Entonces era la austeridad, pero ahora va a transferir a fondo perdido a las empresas de las actividades cerradas hasta el 75% de lo que facturaron en el mismo periodo del pasado año. Diez mil millones de euros en un mes. Merkel a los mandos del helicóptero de “regalar dinero”, quién lo habría dicho hace unos años.
Pero, lo cierto es que el peligro en estas circunstancias no es hacer demasiado, sino demasiado poco, y por esa razón ‘hacer más’ es el planteamiento y el enfoque que se recomienda desde las instancias internacionales y la que mayoritariamente se aplica en los países que nos rodean. La situación es grave. En el caso de la economía española no lo es menos, sino todo lo contrario. Los datos de la Contabilidad Nacional del tercer trimestre no muestran, lamentablemente, que hayamos superado la recesión: nada más lejos.
Un rebote que no oculta una profunda recesión
Tras el confinamiento del segundo trimestre, la vuelta a la actividad empresarial en el tercero muestra esa recuperación, que se ha bautizado algo equívocamente “rebote”. Las tasas de crecimiento intertrimestrales de todas las variables macroeconómicas son altísimas. El problema es que no recuperan ni de lejos lo perdido en los dos trimestres anteriores. Y estos incrementos, afectados por el ‘efecto base’ (ocasionado por la comparación con la parada previa de las actividades productivas), no pueden ocultar, como no lo han hecho en la EPA, las tasas de caída interanuales, que reflejan una economía en una recesión de profundidad casi inédita.
Incluidos esos fuertes crecimientos de este tercer trimestre, el PIB cae contando los últimos cuatro trimestres casi un nueve por ciento, el consumo casi un 7% (el de las familias, más de un 10%), la inversión un 13%, y el empleo, medido en horas de trabajo, más de un 6%, lo que supone un descenso de un millón de empleos a tiempo completo. Son cifras desconocidas.
Los indicadores de coyuntura referidos a la actividad empresarial y los pedidos están empeorando y señalan que el cuarto trimestre (el que va a indicar realmente el tono del crecimiento económico) probablemente indique un alto grado de debilidad económica: se demanda poco y se produce poco y los recursos para resistir se encuentran cada vez más mermados (el aplanamiento progresivo del indicador diario de actividad del Ministerio de Economía–gráfico siguiente- resulta expresivo en este sentido). Falta el impulso.
Saber en qué medida los PGE pueden resultar suficientes para remontar la situación resulta una cuestión complicada. Primero, por los tiempos diferentes de la marcha de la economía y de la actuación real del gasto presupuestario sobre esa economía. La tendencia económica actual, como se ha dicho, viene marcada por niveles de actividad y de generación de rentas muy inferiores a los previos a la crisis, que precisan impulsos para su recuperación.
Los tiempos de desarrollo y realización material de las políticas contenidas en los presupuestos son variables: breves, en general, en el caso de las transferencias a las familias (prestaciones de diversos tipos), pero mucho más prolongados para los proyectos de inversión. Y este presupuesto tiene sobre todo mucho peso de estas últimas. La demora de la tramitación presupuestaria y de la puesta en marcha de tales proyectos puede hacer que los efectos reales se retrasen hasta la segunda mitad del ejercicio. Si fuera así, como es previsible, las repercusiones económicas esperadas de la aplicación de los fondos europeos que se van a recibir serían incompletas y no permitirían alcanzar el objetivo de un crecimiento real del PIB del 9,8% para 2021 (como se ha previsto), retrasando con ello la recuperación económica, del empleo y de las rentas. Y prolongando mucho más tiempo de lo deseable (varios trimestres) una angustiosa situación de bajo nivel de actividad económica.
Los Ministerios con capacidad inversora muestran presupuestos de una magnitud imponente. El caso del departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es un gran ejemplo: 16.600 millones de euros. Los principales capítulos presentan tanto incrementos como volúmenes de inversión desconocidos en mucho tiempo: un 15% hasta 2.340 millones en la inversión en carreteras, un 36% hasta 5.800 millones en ferrocarril, un 27% hasta 1.140 millones en el apartado marítimo, un 41% hasta los 1.063 millones en el transporte aéreo. Pese a las bajas cifras de partida de los presupuestos de años anteriores, las cifras son considerables. Y buena parte (6.500 millones) se aportan con presupuestos nacionales que, en general, no tendrán que esperar a recibir los fondos europeos. La capacidad para acelerar al máximo la puesta en marcha de estas inversiones resulta en este momento crucial.
Lo destinado a vivienda, y en especial a construcción de vivienda social en alquiler, resalta paradójicamente por una comparativa debilidad de financiación y objetivos, dentro de un capítulo con 2.250 millones de euros que multiplica por cuatro los de los años precedentes.
Algo que debería reforzarse de forma notable en la tramitación parlamentaria, y aprobar enseguida reformas urgentes que aseguren el más rápido inicio de la construcción de este tipo de viviendas. Y algo similar debería hacerse en las inversiones en Ciencia e Innovación, un sistema que necesita recuperar lo más rápidamente posible el terreno perdido a través de un esfuerzo aún más intenso.
Junto con el Ministerio de Transportes, los otros Departamentos que gestionarán en 2021 mayores cifras de los Fondos Europeos son el de Transición Ecológica con 6.800 millones, el de Economía y Transformación Digital con 3.600 millones, y el de Sanidad, con 2.900 millones. Cifras importantes pero algo inferiores, entre 1.000 y 2.000 millones de euros, gestionarán los de Educación, Industria, Trabajo, y Ciencia. Para todos ellos vale el comentario anterior acerca del importante desafío que supone poner en marcha lo más rápido posible esos proyectos para que comiencen cuanto antes a rendir efectos sobre la economía.
Conocer si los presupuestos serán suficientes para remontar la actual situación económica, en segundo lugar, resulta complicado debido a la dificultad de comprender la magnitud real de algunas importantes políticas de gasto en los departamentos en los que durante 2020 se ha ampliado mucho el gasto inicialmente previsto, cuando las cifras de los PGE 2021 se presentan comparadas con el presupuesto inicial de este año. Es el caso de una de las principales políticas de gasto, las prestaciones por desempleo, en las que si la comparación se efectúa con la previsión de ejecución de 2020 cambia por completo su signo respecto a la realizada con aquel presupuesto inicial: en este caso el gasto parece crecer en un abultado 20%, cuando en relación al gasto real realizado en 2020, el presupuestado para 2021 se reduce en 10.000 millones de euros.
Esto abre un aspecto esencial del análisis de los PGE-2021: la insuficiencia de medidas de transferencias de rentas que coadyuven a mejorar, más a corto plazo que las inversiones, la evolución económica actual, sin tener que contemplar tres trimestres más un deterioro que supondrá altos costes para las empresas, las familias y el empleo.
Aspectos expansivos de las rentas familiares
En este sentido, la contracción que supone reducir en 10.000 millones el gasto en desempleo de 2020 no podrá ser más que parcialmente compensada con la suma de otros aspectos expansivos de las rentas familiares que contienen los presupuestos: la revalorización de las pensiones (0,9% las contributivas y un 1,8% las no contributivas), la subida del IPREM (un 5%, que incrementa la cuantía de los subsidios por desempleo y múltiples prestaciones públicas y acceso a servicios de todas las Administraciones), los 2.500 millones netos (de la dotación del Ingreso Mínimo Vital que –ahora sí- deberían alcanzarse en 2021 (450 millones proceden de la reducción de la protección familiar), los 190 millones del plan de corresponsabilidad, los casi 300 millones de la equiparación a los dos progenitores del permiso por nacimiento y cuidado de hijos, el incremento del 0,9% de salarios de los empleados públicos.
Junto a las anteriores, otras políticas sociales con repercusión en las rentas familiares son los más de 600 millones de incremento de dotación del Estado para el Sistema de Atención de la Dependencia y los 700 millones de crecimiento de las becas de estudios, entre los capítulos más cuantiosos.
En conclusión, los PGE para 2021 son unos presupuestos que movilizan una cantidad de recursos excepcional, sobre todo por la aplicación de los fondos europeos, pero que también realizan un esfuerzo de recursos nacionales en ciertos capítulos inversores y en medidas de gasto social, lo que permite considerarles por sí mismos (sin la ayuda europea) como expansivos.
Ahora bien, la magnitud relativamente limitada -desde el punto de vista del estímulo macroeconómico que necesita la demanda- de estos nuevos recursos, y la fuerte reducción de otros que tuvieron gran potencia durante 2020, junto a la demora de los efectos reales de las inversiones, que constituyen su mayor montante, pone en evidencia la dislocación que podría suponer que unos presupuestos excepcionales llegaran fuera de tiempo.