Sevilla, 30 abr (EFE).- El recibo de la luz registró este mes de abril la mayor subida de la historia, con un 46,4 % para el usuario medio, según un análisis de la organización de consumidores Facua difundido este viernes, que señala que la factura ha aumentado 26 euros con respecto al mismo mes del año pasado.
El análisis de Facua-Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa semirregulada (PVPC) indica que con el precio medio del kilovatio hora (kWh) de abril, la factura del usuario medio ascenderá a 81,55 euros, frente a los 55,71 euros de hace un año, lo que supone casi 26 euros de diferencia.
El kWh ha experimentado un incremento del 70,7 %, pasando de los 9,98 céntimos -impuestos indirectos incluidos- de abril del año pasado a 17,04 euros en los últimos 30 días.
Facua recuerda que en abril de 2020 el kWh tuvo el precio más bajo en 16 años (durante todo 2004 se fijó en 9,95 céntimos).
El elevado valor del kWh este abril ha sido consecuencia, fundamentalmente, de los máximos históricos que ha alcanzado el precio del CO2 en Europa, que sigue siendo determinante para la configuración de las tarifas en el mercado mayorista español, explica la organización de consumidores.
Pese a la elevada subida, Facua aconseja a los usuarios que “no caigan en la trampa” de contratar tarifas del mercado libre y mantengan o se den de alta en el semirregulado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que ofertan las comercializadoras de referencia impuestas por el Gobierno.
Los estudios realizados por la asociación año tras año ponen de manifiesto que el PVPC es la tarifa “más competitiva” y sólo está por encima de algunas ofertas del mercado libre en determinados meses.
Facua lamenta que el Gobierno no acelere el cumplimiento de los compromisos programáticos adoptados por el PSOE y Unidas Podemos al inicio de la legislatura en materia de política energética.
Entre ellos se incluyeron la bajada del precio del término de potencia, la aplicación de un precio más bajo para los primeros kWh consumidos y la eliminación de la elevada retribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han “recuperado sobradamente sus costes de inversión”.
La asociación también reclama una bajada sustancial de los impuestos indirectos que se aplican a la factura eléctrica de las familias, que superan el 27 %, al sumarse el IVA general del 21 % con el impuesto especial sobre la electricidad.
Asimismo, aboga por una reforma del bono social para que muchos más consumidores puedan acceder a él y aumente el descuento que representa sobre la tarifa semirregulada PVPC.