El Consejo de Administración de Red Eléctrica ha nombrado este martes al exministro socialista Jordi Sevilla consejero y nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, cuyo mayor accionista es el Estado con el 20% de las acciones en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Sevilla, que tendrá un sueldo superior al medio millón de euros anuales (su antecesor recibió 546.000 euros brutos en 2017), sustituye en el cargo José Folgado, ex secretario de Estado con José María Aznar y nombrado en 2012, aunque entonces sus funciones eran las de primer ejecutivo.
El nombramiento, a instancias del nuevo Gobierno, permite a Sevilla aterrizar en uno de los puestos más codiciados en el actual proceso de relevos al frente de las empresas vinculadas al Estado. Como la participación del Estado en Red Eléctrica (responsable de la red de transporte y de la operación del sistema) es minoritaria, no hay topes a los sueldos de sus máximos responsables, a diferencia de lo que ocurre en Aena, empresa semipública que también cotiza en el Ibex y de la que el Estado tiene el 51%.
“Es todo un reto asumir la presidencia de una gran empresa como Red Eléctrica, en un sector regulado en el que se debe compaginar la garantía de un buen servicio de suministro eléctrico con la asunción de los nuevos desafíos asociados a la digitalización y la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada”, ha indicado Sevilla en una nota de prensa difundida por la compañía en la que expresa su confianza “en la profesionalidad de sus trabajadores y directivos para alinear nuestros esfuerzos con lo que ya es un gran objetivo nacional”.
Sevilla (Valencia, 1956) era hasta ahora vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca y es licenciado en Económicas, funcionario por oposición y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1983.
Militante del PSOE, coordinó el programa económico de los socialistas para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo del ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Sánchez, y fue asesor económico del Gabinete de Presidencia del Gobierno (entre 1985 y 1990) y del gabinete del ministro de Agricultura de 1991 a 1993, cartera que entonces ocupaba Pedro Solbes, de quien también fue jefe de gabinete como ministro de Economía y Hacienda desde 1993 a 1996. También fue asesor de economía de Joaquín Almunia durante la etapa en la que éste fue secretario general del PSOE (1997-1998).
El 12 de marzo de 2000 fue elegido diputado por Castellón en la VII legislatura, en la que fue portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, vocal de la Diputación Permanente y miembro de la comisión de Infraestructuras. Fue uno de los encargados de la redacción del programa electoral socialista para las elecciones del 14 de marzo de 2004, que ganó el PSOE y en las que volvió a ser elegido diputado por Castellón.
Tras la victoria socialista fue nombrado ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cargo que abandonó en julio de 2007 y en el que fue sustituido por Elena Salgado. Previamente, fue asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso (1998-2000) y secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio de 2000-julio de 2004), con Zapatero como secretario general.
En la Administración ha sido jefe de la Sección de Asistencia Técnica en la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda (1983); subdirector territorial en la Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985), en Valencia; y jefe del Servicio de Productos Hortifrutícolas y Aceites en la Dirección General de Comercio Exterior (1985).
Autor de la primera ley que reguló el conflicto de intereses, en 2016, tras ser criticado por Pablo Iglesias, que le situó (por error) en la multinacional “House Water Watch Cooper” (se refería a su vinculación con la consultora PricewaterhouseCoopers), Sevilla defendía las denominadas puertas giratorias: “¿Solamente van a poder ser ministros los funcionarios o los ricos de familia?”.
Según dijo entonces, prohibir ese trasvase ahondaría aún más “en el abismo que hay entre el sector público y el privado”; “desde el sector privado muchas veces no se entiende lo público y desde lo público muchas veces no se entiende lo privado”. “Yo creo que el objetivo no es evitar la puerta giratoria, sino evitar el escándalo, la ilegalidad, la prevaricación”.
Su antecesor al frente de Red Eléctrica, José Folgado, ex alcalde popular de Tres Cantos de 74 años, ha calificado estos años en Red Eléctrica de “experiencia extraordinaria en todos los sentidos” y se ha mostrado “seguro de que la compañía, con su nuevo presidente a la cabeza, sabrá afrontar los retos que conlleva la transición energética”.