Asociaciones y plataformas rurales denuncian que el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local desarrollado por Hacienda abrirá la puerta a la especulación y al capital privado de las grandes corporaciones. “Esta ley supone una desamortización encubierta de los bienes comunales (agua, bosques, cotos de caza, reservas micológicas) que son propiedad de las pequeñas entidades locales y pasarían a ser propiedad de administraciones públicas como ayuntamientos o diputaciones”, señalan representantes de plataformas rurales.
Además lamentan que “con este Proyecto de Ley se termina con la capacidad de decisión de las juntas vecinales (órganos de gestión y administración formado por los propios habitantes de los pequeñas localidades rurales) sobre sus propios recursos y se facilita la privatización del agua, el fracking y otro tipo de actividades especulativas que sólo buscan la rentabilidad a corto plazo”.
Las plataformas rurales intentan desmontar uno de los objetivos que según Moncloa pretende esta reforma: eliminar duplicidades y ahorrar costes administrativos. Según los representantes de las entidades locales menores, esto sólo sirve para “maquillar las cifras ante Bruselas”, “podrán decir que han reducido el número de políticos pero la realidad es que los pequeños núcleos rurales no han generado déficit y los representantes no cobran nada” recalcaron.
Entre los postulados que destaca Moncloa sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de julio de 2013 está “favorecer la actividad económica local con medidas liberalizadoras”.
Los bienes comunales abarcan en España, según las plataformas de representación del mundo rural, cuatro millones y medio de hectáreas. Sostienen que ahora mismo las grandes corporaciones están interesadas en las materias primas para especular y que estos territorios son uno de los patrimonios más valiosos que posee España.
En una rueda de prensa organizada por Ecologistas en Acción en la que han participado diferentes asociaciones del mundo rural y algunos representantes públicos de entidades menores, han señalado que “detrás de esta ley está acabar con la gestión del territorio y de los servicios además de eliminar la capacidad de decisión de los representantes locales que pasaría a administraciones superiores más permeables a la entrada de gestiones publico-privadas o directamente privadas”.