La financiación autonómica en España, que en la actualidad data de 2009, es un sistema “complejo y poco transparente, con serios problemas de equidad y eficiencia” y provoca un malestar creciente en las comunidades de régimen común, que sienten económicamente maltratadas. Así lo pusieron de manifiesto los expertos que elaboraron un primer informe para un nuevo modelo.
Los socialistas, cuyo consenso es fundamental para sacar adelante la reforma de la financiación, creen que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, podría querer tenderles “una trampa”: presentar una propuesta inasumible para las CCAA y que éstas queden como las culpables de que no haya un nuevo modelo de financiación. También se oponen a la pretensión del Gobierno de engarzar este debate con el de la reforma constitucional.
En un contexto de sensación de agravio, Compromís unió la semana pasada sus votos a Ciudadanos –pese a sus diferencias ideológicas– para votar en el Congreso en contra del cálculo del cupo por el que se ha renovado cinco años más el concierto económico con el País Vasco, comunidad foral que, junto a Navarra, está fuera del sistema de financiación autonómica.
La rapidez con la que el Gobierno llegó a un acuerdo para la renovación del cupo puso en pie de guerra a los presidentes autonómicos socialistas e incluso generó malestar en algunas comunidades gobernadas por el PP. El PSOE apremió a Mariano Rajoy a hacer una propuesta antes del 31 de diciembre. El presidente valenciano, Ximo Puig, hizo una reclamación inédita al plantear que Euskadi y Navarra –que están fuera del régimen común– empiecen a contribuir con aportaciones a la nivelación intererritorial (a la solidaridad entre autonomías).
Valencia fue escenario recientemente de una manifestación de decenas de miles de personas contra la “infrafinanciación” del territorio. Según denuncian, prestan más servicios públicos esenciales, como educación, sanidad o protección social, de los que pueden asumir por la financiación que reciben en el reparto que centraliza el Ministerio de Hacienda.
Socialistas y Unidos Podemos sí apoyaron las leyes que transponen los acuerdos entre el Gobierno central y el vasco, aunque con la “condición” de que a la vez se acelere la reforma justa del sistema de financiación, en marcha desde enero pasado. Pero persisten las diferencias entre lo que cada comunidad autónoma consideraría un justo y adecuado reparto de la riqueza pública y de las responsabilidades sobre ella.
El Gobierno ha asumido ya que no podrán cumplirse los plazos previstos en enero, entre otras cosas por el parón que supuso la crisis catalana. Y como ha ocurrido desde que se lanzó el proceso, Catalunya ha seguido ausente de este grupo de trabajo, aun en plena intervención con el 155 de la Constitución.
Esta semana se supone que termina el plazo (que inicialmente acababa el pasado viernes) a las comunidades autónomas para presentar sus conclusiones al Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) sobre un informe previo elaborado por un “comité de expertos”. Dicho informe ya contaba con una fuerte división y un 40% de votos particulares, una situación que parece que se vuelve a reproducir en este siguiente paso.
El análisis del comité, que celebró su primera reunión el pasado 2 de noviembre, será debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que se coordina la actividad fiscal de las comunidades autónomas y la de la Hacienda del Estado. A continuación se elaborarán los correspondientes anteproyectos legislativos y se procederá a su tramitación parlamentaria. En todo caso, el Gobierno da por hecho que sin el PSOE no será posible aprobar un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas.
En Hacienda consideran que la comisión territorial impulsada por el PSOE en el Congreso es el marco institucional en el que debe negociarse el sistema. Esa comisión, que ha nacido coja con el plantón de Unidos Podemos y las fuerzas nacionalistas (ERC, PNV y PDeCAT), no tendrá conclusiones al menos hasta dentro de seis meses, por lo que la demora será al menos de casi medio año sobre lo pactado en la Conferencia de Presidentes. Pero el PSOE sólo quiere hablar en la comisión “de principios básicos de financiación” que se puedan constitucionalizar.
“El Gobierno pretende una trampa”, temen los socialistas
Pero según aseguran a eldiario.es fuentes socialistas, el Ejecutivo “pretende una trampa”, que es culpar a las CCAA de una falta de acuerdo para que la reforma del modelo concluya con éxito. Para ello propondría cuestiones inasumibles para las comunidades y dejaría fuera cuestiones que las regiones creen innegociables. Además, Manuel Escudero, asesor económico de Pedro Sánchez, deja claro que el escenario para debatir la reforma de la financiación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y no la comisión para la reforma constitucional, como ha sugerido el Gobierno.
Para Andalucía, “hasta que no se garanticen los recursos suficientes, no se puede ir al siguiente paso, que es cómo se reparten”. Cuantifican el desfase entre lo que se recibe y lo que se gasta en al menos 16.600 millones, como hizo el estudio “Suficiencia financiera de las CCAA y Estado del bienestar”, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Algunos de los expertos mencionan una cantidad similar. “Esto tendría que haber venido cuantificado, pero el Gobierno no ha querido”, dice el Gobierno de Susana Díaz. “En nuestra respuesta no hablamos de cuánto necesita Andalucía, pero serían unos 3.000 millones”.
Por su parte, Baleares insiste en las tesis ya expresadas en el voto particular del informe de expertos. Su idea es que las comunidades con mayor capacidad deben tener más autonomía fiscal y más cuota de corresponsabilidad en la gestión.
Su experto, Guillem López Casasnovas, diagnosticó que “la insensibilidad de muchos políticos y académicos de bandera, especialmente de los representantes del Ministerio, ha sido enorme y han sido más generadores de los problemas que ahora padecemos que ayudar a la solución. De aquella incomprensión, este malestar. Hace tiempo que el nacionalismo español no tiene los sensores bien puestos en lo que pasa en algunas Comunidades”.
Las entidades locales exigen una reforma en paralelo
Y mientras se desarrolla esta reforma autonómica, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido la “convocatoria urgente” de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para debatir una nueva financiación en el ámbito de las corporaciones locales de forma paralela. “Queremos y demandamos que los nuevos baremos de la financiación local se desarrollen en paralelo a la financiación autonómica”, ha dicho el presidente de la FEMP, Abel Caballero.
Ha recordado que los gobiernos locales son una Administración del Estado y quieren ser tratados como tales. “Contamos con un gran aval que nos da fuerza moral para esta demanda: ser los garantes del cumplimiento de las cuentas del Reino de España ante de Bruselas, con nuestro superávit y con la reducción de deuda que hacemos Ayuntamientos y Diputaciones”. Al hilo de esto, Caballero ha recordado su demanda de una resolución sobre techo de gasto que permita una mayor flexibilidad a las corporaciones con superávit. Sobre este tema indicó que “si se hubiera aceptado nuestra propuesta, una parte de los problemas de algunos Ayuntamientos, por ejemplo el de Madrid, se habrían evitado”.
El comité de expertos entregó su trabajo en julio, con propuestas como otorgar capacidad sobre el IVA a las regiones o acabar con el llamado statu quo, que es una cláusula que impide que ninguna comunidad autónoma pierda respecto al anterior sistema en caso de reforma.
Respecto al sistema de financiación foral, fueron claros: País Vasco y Navarra deberían empezar a aportar al fondo de solidaridad interterritorial, algo que no se ha tenido en cuenta en la lay aprobada este jueves. De hecho, el propio pacto de un cupo (cantidad que paga el País Vasco por las competencias que ejerce el Estado en su territorio) de 1.300 millones al año, que fue refrendado en el Congreso, llegó a provocar dimisiones en el seno del comité de expertos. El dimisionario fue el profesor Carlos Monasterio, representante designado por Asturias, gobernada por el PSOE. Finalmente los socialistas, al igual que Unidos Podemos, han votado a favor de este cupo.
Los expertos, que terminaron sus trabajos con una fuerte división y un 40% de votos particulares, proponían asimismo un fondo básico con la recaudación propia y otro de nivelación, con fondos del Estado y de las autonomías. También defienden la armonización del impuesto de sucesiones para evitar las diferencias actuales. En patrimonio sí avalaron que haya comunidades, como Madrid en la actualidad, que no lo recauden.