La reforma de pensiones entra en su recta final y se ha situado cuesta arriba. “La semana pasada estábamos más cerca de un acuerdo que hoy”, analiza una fuente del diálogo social. El lunes, el Ministerio de la Seguridad Social hizo públicos sus planes sobre el último bloque de cambios, que incluyen la propuesta de ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión de los 25 a los 28 años. Dentro de los últimos 30 años, José Luis Escrivá plantea tener en cuenta 28, descartando los dos peores de la carrera laboral. La propuesta ha dado lugar a un nuevo choque en el Gobierno de coalición: Unidas Podemos que se desmarcó de la medida en cuestión de minutos a través de la vicepresidencia segunda, que lidera Yolanda Díaz.
Tras el 'no' de Yolanda Díaz le siguió el rechazo de otros miembros de Unidas Podemos, con posturas muy rotundas en contra de la medida. No cuestionaban los detalles de la propuesta de Escrivá, con lo que el Ministerio denomina un “efecto neutro” de media y personas que saldrían perjudicadas y beneficiados por la misma, sino que se oponían a abordar una cuestión que tachan de “recorte” y “endurecimiento” de la jubilación. “Tiene que desaparecer del perímetro de la negociación”, afirmaban desde el departamento de Díaz.
Con este marco, los sindicatos CCOO y UGT han pedido al ministro Escrivá que retire la medida de la mesa de negociación. No es un asunto que consideren “necesario” y ante la falta de acuerdo político que lo sustente (no existe ni en la propia coalición de gobierno) no van “ni a entrar a negociar” la medida, avisó el líder de CCOO, Unai Sordo. “Nos parece que la propuesta distorsiona mucho el diálogo sobre la segunda parte del acuerdo y quizá sea mejor que el Gobierno la retire”, indican desde UGT, sindicato que dirige Pepe Álvarez. En esta ocasión, se da casi por seguro que los empresarios no van a aceptar el acuerdo. Así, la mayoría que apoye la reforma debe pasar por los sindicatos y las fuerzas progresistas.
Retirar este punto enfrenta un obstáculo importante: el Ejecutivo comprometió la extensión del periodo de cómputo de la pensión a Bruselas dentro del Plan de Recuperación por la pandemia. De hecho, la medida está incluida como uno de los hitos del plan, cuyo cumplimiento es necesario para el desembolso de millones de euros de los fondos europeos para España.
El último bloque de la reforma de pensiones de Escrivá aborda otros elementos: el aumento de las cotizaciones de los salarios más altos y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que no convencía en Bruselas y que el Gobierno va a retocar ampliando la cotización adicional para las pensiones hasta 2050.
Estas cuestiones son consideradas “positivas” tanto por Unidas Podemos como por los sindicatos, aunque siguen en discusión y hay diferencias sobre sus detalles, pero el periodo de cómputo se ha convertido en el foco de conflicto, con posturas que parecen muy encontradas.
El Ministerio de José Luis Escrivá es el único que defiende la medida. Explica que haría más “equitativo” el sistema de pensiones, favoreciendo a las personas con peores carreras laborales, con más inestabilidad y periodos en el desempleo. La ampliación que se plantea no es muy elevada respecto a las aplicadas en el pasado (se tendrían en cuenta tres años más) y cuenta con dos medidas compensatorias: el descarte de los 24 peores meses de cotización de la carrera profesional, así como una mejora de las “lagunas” de cotización.
El resultado de este nuevo periodo sería “neutro” en términos medios, si se tienen en cuenta el conjunto de trabajadores en la actualidad, si cabe con un ligero aumento de la pensión de media (+0,42%), según los datos de la Seguridad Social. Sin embargo, tras la media hay situaciones diferentes, con beneficiados y también perjudicados.
La ampliación se prevé que beneficiaría a quienes tienen pensiones más bajas, con carreras laborales más inestables, mientras que empeoraría la futura pensión de quien ha tenido más estabilidad y salarios ascendentes en sus años de trabajo, con derecho a pensiones más elevadas. Así lo estimó también el Banco de España, con una simulación similar.
En Unidas Podemos y la vicepresidencia segunda no se entra en los detalles de la medida, pero se rechaza porque consideran que no es “un avance de derechos”, reiteró Yolanda Díaz este mismo viernes. “Es un endurecimiento”, insistió la vicepresidenta segunda, aunque señaló al “acceso” a la jubilación, que no se toca en esta cuestión. El periodo de cómputo afecta a la cuantía de las futuras pensiones (que sería algo más alta o más baja, según el caso), pero no afecta a las condiciones de acceso a la jubilación, que se mantienen igual.
Desde los sindicatos defienden que se aparque la cuestión, ya que consideran que no hay el consenso político suficiente para abordarla. CCOO y UGT señalan que la mayoría alcanzada en el Pacto de Toledo no recomendó expresamente la ampliación del periodo de cómputo, aunque sí se refirió a hacer el sistema más contributivo y atender a las personas que se quedan en desempleo a edades avanzadas con perjuicios en su pensión. Estos motivos son los que alega el Ministerio de Escrivá para aplicar la reforma.
Además, los sindicatos mayoritarios creen que la medida no es “necesaria” en estos momentos. El ministro ha estimado que ahora hay “un 30% de trabajadores” que se verían beneficiados por este nuevo cómputo, por lo que se asume que la mayoría no lo estaría. Sin embargo, Escrivá está defendiendo en los últimos días que los beneficiados aumentarán en el futuro, por la existencia de carreras laborales más inestables, por lo que defiende que el cómputo propuesto será más beneficioso para las personas que se incorporan a partir de ahora al mercado laboral.
Aunque en el Ministerio de la Seguridad Social se insiste en que hay que cumplir con “todos los hitos” del componente 30 sobre pensiones del Plan europeo de Recuperación, en CCOO y UGT creen que sería posible renegociar con Bruselas este punto. Desde las centrales se recuerda que la medida no tiene un impacto presupuestario (el “efecto neutro” del que habla el Ministerio) y esto es lo que más importa habitualmente a la Comisión Europea.
Pese a este escenario, el ministro José Luis Escrivá ha dado por seguro este viernes que “habrá un acuerdo” en pensiones. El responsable de la Seguridad Social ha recordado que en las negociaciones es habitual que haya diferencias, pero ha defendido que sacará adelante las medidas. “Tengo credibilidad, hemos pasado por esto muchas veces”, ha afirmado en una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE.
En los sindicatos insisten en que, para entrar a negociar, primero debe haber acuerdo político. No solo en el Gobierno, sino también con un arco parlamentario que convalide el real decreto.
Antes del lunes, había varias fuerzas parlamentarias de la investidura que sopesaban la propuesta de Escrivá, según fuentes de la negociación, que creen que la cuestión puede desatascarse si en el Ejecutivo de coalición llegan a un acuerdo al respecto. La formación que más clara ha sido en su negativa a la medida es Unidas Podemos, mientras el resto han guardado un perfil más bajo, con cierta cautela. Así, está por ver si Escrivá puede convencer a sus socios de Gobierno o si su 'no' es inamovible.
En este sentido, la de pensiones es solo una más de las leyes en pugna en el Ejecutivo en estos momentos, con enfrentamientos en varias materias claves para una y otra formación: desde la ley de vivienda, a la que se ha referido este viernes Yolanda Díaz, la ley trans y la de familias, de cuyo freno el Ministerio de Derechos Sociales responsabilizó a la parte socialista, entre otras. Y en el horizonte más próximo está una nueva negociación por el incremento del salario mínimo.
Por ello, hay quien piensa que las discrepancias en pensiones pueden escalar al más alto nivel y que al final sean Pedro Sánchez y Yolanda Díaz quienes pongan sobre la mesa las diferencias y se pacten las normas para intentar llegar a un acuerdo que dé salida al paquete normativo que está pendiente de aprobación. Se verá en las próximas semanas, porque el plazo se agota: la reforma de pensiones debe estar aprobada antes de final de año. Al menos, así se la ha prometido a Bruselas.
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