“Ya han llegado los fondos”. Con esta lacónica confirmación se resuelve la llegada a España de la estratosférica cifra de 40.000 millones de euros, los que las autoridades españolas han solicitado a Bruselas para poder rescatar a la banca. Aunque Economía ya había advertido de que la fecha del 12 de diciembre era orientativa, la sorpresa de que esta disparatada cifra estuviera ya en poder del Estado y no se hubiera notificado ha sido una de las anécdotas que explican bastante bien la descoordinada planificación con la que se está desarrollando el rescate financiero.
Durante la mañana del martes, ni Economía ni el Banco de España tenían constancia de que la transferencia se hubiera materializado ya en la cuenta del Frob (el Fondo de Restructuración Bancaria, entidad encargada de gestionar el rescate). Sin embargo, a media tarde la noticia llegaba desde Bruselas donde fuentes de la zona del euro confirmaban que ya se había hecho la inyección.
Ni en Madrid se tenía claro cuándo llegaban los fondos, ni los bancos rescatados saben tampoco cuando se les van a hacer las inyecciones de capital. “Lo importante es que el dinero obra ya en poder del Estado y responde”, explican fuentes conocedoras del proceso. “Ante cualquier eventualidad que tuvieran estas entidades antes de que se hiciera efectiva la inyección de capital que van a recibir cada una, el Frob respondería”, puntualizan. Esta misma mañana el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha confirmado que en los próximos días se materializarán las ayudas para recapitalizar los cuatro bancos nacionalizados, una vez que se realicen los trámites mercantiles y administrativos necesarios.
Ahora el Frob debe repartir los 39.468 millones de euros que recibió ayer entre las denominadas entidades del Grupo I, esto es, las nacionalizadas. Así, Bankia necesita capital por 17.960 millones, Novagalicia por 5.425 millones, CatalunyaCaixa por 9.084 millones y Banco de Valencia por 4.500 millones. Las entidades solo saben que durante el mes de diciembre se les irán distribuyendo estos fondos, pero desconocen el cómo, cuándo y dónde.
Los otros 2.500 millones de euros restantes se irán como capital social inicial al banco malo, bautizado por el acrónimo Sareb (Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). Según fuentes conocedoras de la operación, hoy mismo se intentará firmar la constitución del banco malo como sociedad en el Colegio de Notarios de Madrid que ha ofrecido sus dependencias y la labor del decano, José Manuel García Collantes, para dar fe de tan singular operación.
El 30 de noviembre se había constituído la sociedad promotora que sirve de antesala al Banco Malo, con un capital inicial de 60.000 euros, con el único fin de cumplir, al menos en apariencia, el requisitio de Bruselas de que en diciembre ya deberían poder tranferirse los activos de la banca rescatada.
Que sea hoy la firma de constitución de la sociedad del banco malo depende de que se cierre, definitivamente, la aportación privada de la banca. Lo estipulado por la normativa del Sareb es quelos recursos propios de la sociedad supongan el 8% del tamaño de la entidad (44.000 millones de euros), esto es alrededor de 3.900 millones. Gracias a la inyección de capital realizada ayer por el Mede (Mecanismo de Estabilización Europea, o sea, el fondo de rescate) al Frob, este aportará alrededor de 500 millones de euros en “efectivo” y el resto en deuda suscrita. A los inversores privados les tocaría aportar otros 400 millones líquidos y 1.600 millones en deuda suscrita.
La resistencia casi numantina de BBVA en participar en la operación es lo que está dificultando el cierre de la operación. Economía pretendía que al menos un 55% del capital del banco malo estuviera en manos privadas pero se va a tener que conformar con que en su arranque, la sociedad solo tenga un 51% de capital no público. Este es el mínimo exigido para que la deuda de la entidad no compute se incluya dentro de las cuentas del Estado. Con todo, desde Economía se dan de plazo hasta febrero para conseguir captar el resto de la financiación privada que aligeraría el peso de la presencia pública en la entidad.