Lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible. Esta frase atribuida a Talleyrand y al torero Rafael Guerra resume a la perfección la saga del banco italiano Monte dei Paschi di Siena (MPS), que ha tirado la toalla de su ampliación de capital precipitando su nacionalización.
Hace ya dos semanas que se espera este desenlace, pero mientras hay vida hay esperanza y mientras un banco tenga en marcha una ampliación de capital y no se quede sin liquidez técnicamente no ha fallado.
En otros tiempos MPS quizá ya habría sido intervenido por el Estado italiano. Pero desde el rescate de los bancos españoles en 2012 las normas europeas no contemplan una inyección de capital público sin antes imponer quitas a accionistas e inversores. Puesto que nadie, ni los gobiernos nacionales ni las autoridades europeas, quiere correr con el coste político de estas quitas, las nuevas normas europeas llevan a marear la perdiz de un banco fallido hasta que no hay más remedio.
Durante esta semana MPS ha llevado a cabo una ampliación de capital de 5.000 millones de euros, que incluía una conversión voluntaria de deuda subordinada en acciones. A esta última se acogieron la mitad de los inversores minoristas (efectivamente, preferentistas) y dos tercios de los mayoristas, en total 2.500 millones de los 4.300 millones de deuda subordinada emitida por MPS.
Pero la ampliación de capital dependía además de dos factores. Por un lado, la presencia de un inversor de referencia dispuesto a aportar al menos 1.000 millones de euros. Durante mucho tiempo se habló del fondo soberano de Qatar como tabla de salvación para MPS, pero fuentes cercanas al banco revelaron a Reuters el miércoles que los qataríes se retiraban.
Por otro lado, es habitual que los bancos que colocan las acciones en una ampliación de capital aseguren la emisión. Esto quiere decir que si la demanda del público inversor no cumple las expectativas, los bancos colocadores de los títulos de la ampliación se quedan con las acciones sobrantes. Esta práctica tiene el sentido de dar más credibilidad a la campaña de venta de las acciones.
Sin embargo, el consorcio internacional de ocho bancos que iba a hacer la colocación comunicó a la entidad italiana hace dos semanas que retiraban el aseguramiento. En estas condiciones, y en ausencia de inversor de referencia, no es de extrañar que la ampliación de capital finalmente fracasase.
El MPS y otros tres bancos más
Llegados a este punto, la única solución era la nacionalización. El Consejo de Administración del banco aceptó anoche el fracaso de la ampliación de capital en marcha, y en un consejo de ministros extraordinario a medianoche se dio luz verde al rescate.
Los prolegómenos para iniciar este salvamento ya estaban aprobados. El Parlamento italiano había autorizado el jueves al Gobierno a endeudarse en 20.000 millones de euros para financiar un fondo con dos funciones: recapitalizaciones cautelares y garantías a emisiones de bonos con el fin de apuntalar la liquidez de los bancos. Aunque este fondo sería insuficiente para hacer frente a las necesidades potenciales de todo el sistema bancario italiano, parece diseñado para hacer frente al caso de MPS, así como de los venecianos Popolare di Vicenza y Veneto Banca, y del genovés Carige.
Il Corriere della Sera espera que el Gobierno italiano acabe por enterrar 7.000 millones de euros en Monte dei Paschi di Siena. Para empezar, aportando los 5.000 millones que se esperaba recaudar con la ampliación de capital. En segundo lugar, para indemnizar a los preferentistas que puedan argumentar que se les engañó al venderles las participaciones. Se estima que hay unos 40.000 pequeños ahorradores afectados por más de 2.000 millones de euros.
Finalmente, serán necesarios unos 1.500 millones más para comprar el tramo intermedio de la titulización con la que MPS planea deshacerse de su cartera de crédito moroso. En principio iba a comprar este tramo el fondo privado Atlante, pero no está claro que si se nacionaliza MPS esa firma vaya a tomar parte en la titulización.
Pendientes de Bruselas
¿Qué será en este caso de la directiva europea de reestructuración y resolución bancaria, y de su requisito de exigir quitas a los accionistas e inversores? La DRRB (por sus siglas) prevé que, antes de una recapitalización pública, asuman pérdidas los acreedores del banco fallido por el 8% de su balance.
En el caso de MPS serían 13.000 millones de euros. Dado que el valor contable de las acciones del banco es algo más de 9.000 millones, y que el valor nominal de la deuda subordinada excede de 4.000 millones, parece que no sería necesario imponer pérdidas a los acreedores senior (los que tienen deuda de mejor calidad) o a los depositantes.
Cuando llegue el momento, se tendrían que pronunciar las autoridades de competencia de la Comisión Europea (que debe determinar si la inyección de fondos públicos es ayuda ilegal del Estado) y la Junta Única de Resolución que desde este año es responsable de supervisar los planes de reestructuración de los bancos. Sin embargo, se espera que la Comisión sea sensible a la realidad política sobre el terreno en Italia, e interprete la intervención pública como una recapitalización cautelar según la DRRB, con lo que la Junta Única terminaría por no involucrarse.