Rivas-Vaciamadrid llevará a Estrasburgo su pelea para que la banca pague el impuesto a las hipotecas al cerrarse las vías jurídicas en España

La batalla por quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas llegará al Tribunal de Estrasburgo. El Ayuntamiento de Rivas llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la decisión del Constitucional español de no admitir a trámite sus recursos contra la polémica decisión del Tribunal Supremo de revertir tres sentencias propias y acordar que son los clientes, y no los bancos, quienes tienen que pagar el llamado impuesto de las hipotecas. “Iremos a Estrasburgo para solicitar un amparo que la justicia española nos niega”, ha asegurado en Twitter el alcalde del ayuntamiento madrileño, Pedro del Cura.

En cuatro resoluciones a las que ha tenido acceso eldiario.es, el Constitucional decide no admitir a trámite otros tantos recursos presentados por la EMV de Rivas contra la decisión que tomó el Pleno de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, por un estrecho margen de 15 votos frente a 13, “por no apreciar la especial trascendencia constitucional” que exige la ley. Las resoluciones fueron notificadas el pasado 2 de septiembre y están firmadas por los magistrados Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y María Luisa Balaguer

El caso se remonta a noviembre de 2018. Tres sentencias previas del Tribunal Supremo habían dado la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid (gobernada por IU, Más Madrid, Podemos y PSOE) y habían determinado que el impuesto que se paga por registrar notarialmente una hipoteca debía abonarlo el banco que diera el préstamo, al ser el principal interesado en el acto jurídico en sí. Sin ese registro, no se podrían ejecutar las hipotecas.

Las tres sentencias anulaban un artículo de la legislación vigente y renovaban la doctrina previa de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que hasta entonces habían dado la razón a los clientes.

Pero en una decisión inédita hasta el momento, el presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo, decidió convocar al pleno para revisar la nueva doctrina. Díez-Picazo entendió que la primera de las sentencias -contraria a dos resoluciones anteriores- suponía un “giro radical” en la jurisprudencia que provocaba una “enorme repercusión económica y social”. La avocación a Pleno era una decisión inédita, ya que suponía revisar una doctrina consolidada en una sentencia, cuando lo normal es reunir a todos los magistrados, si es necesario, antes de que se produzca el fallo.

Las tres sentencias del Supremo que daban la razón a la EMV de Rivas, quien inició el procedimiento legal, mantenían su vigencia. Pero el ayuntamiento que dirige Pedro del Cura decidió presentar, primero, un incidente de nulidad ante el propio Supremo, además de los recursos ante el Constitucional. El edil, de IU, ha acusado al Alto Tribunal de “lavarse las manos” y de propiciar con ello un “nuevo y vergonzoso rescate judicial a la banca”.

“Rivas solicitó amparo al Tribunal Constitucional porque el Supremo decidió que la justicia tenía derecho de admisión: lo que valía para la EMV (que los bancos pagasen el impuesto) no podía aplicarse a millones de familias españolas. Algo inaudito”, asegura el alcalde, quien recuerda que el Constitucional ha tardado año y medio en resolver la no admisión de los recursos. “Han tardado un año y medio para mirar a otro lado. Es una vergüenza, así que iremos a Estrasburgo para solicitar un amparo que la justicia española nos niega”, concluye.

La lucha de Rivas contra este precepto de la ley tributaria arranca en 2011, cuando los servicios jurídicos municipales, gobernado históricamente por IU, llevaron al Supremo varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que daban la razón al Gobierno regional, dirigido entonces por Esperanza Aguirre, y determinaban que era la Empresa Municipal de la Vivienda ripense la obligada a pagar el impuesto en litigio.

El Supremo dio la razón a Rivas, para inmediatamente desdecirse. La decisión del Supremo, tanto en el fondo como en la forma, suscitó un intenso debate social y político que salpicó al propio presidente del tribunal, Carlos Lesmes, quien hoy continúa al frente de la institución por la negativa del PP a renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial. Lesmes fue quien impuso en 2015 a Díez-Picazo al frente de la Sala. Y él mismo participó en las reuniones previas a que el presidente convocara la reunión del Pleno.

Podemos e IU convocaron una concentración frente al Tribunal Supremo para protestar por la decisión y desde el Gobierno, por entonces del PSOE en solitario, se aseguró que era “jornada negrísima para la Justicia española que deja por los suelos el prestigio de los tribunales”. Con todo, los socialistas habían rechazado unos meses antes apoyar una proposición de modificación de la ley hipotecaria planteada por Unidos Podemos y que encargaba a la banca el pago del impuesto en cuestión. Tras la decisión del otoño, Podemos llevó a los tribunales a Díez-Picazo, pero el propio Tribunal Supremo inadmitió la causa.