Desprecio entre banqueros: los dos últimos presidentes de Popular se enzarzan en el Congreso
El que fuera presidente de Banco Popular hasta 2017, Ángel Ron, ha defendido esta mañana en el Congreso de los Diputados la gestión realizada por la entidad y el cumplimiento de las normativas de solvencia. Ha culpado a su sucesor, Emilio Saracho, y a los inversores mexicanos de desestabilizar la entidad hasta abocarla a la resolución.
“Mi sucesor aseguró ante varios directivos que no conocía la banca comercial y que no iba a gestionarla sino a dejarla funcionar y a generar valor”, ha defendido durante su comparecencia en la comisión de investigación de la crisis financiera. El exdirectivo, imputado en el caso de la Audiencia Nacional que investiga la gestión de la entidad, ha argumentado que el objetivo de Saracho era “rebajar el precio de la acción y culpar a los anteriores administradores”.
El directivo, de este modo, se ha descargado de cualquier tipo de responsabilidad durante los años previos a la resolución del banco y ha argumentado que “era una entidad transparente y así lo atestiguaban los supervisores”. “Se cumplía ampliamente con las obligaciones de solvencia”, ha remarcado.
Ron ha defendido incluso la gestión del ladrillo. Ha reconocido la alta exposición al mercado inmobiliario pero ha señalado que en aquel momento si en España no se financiaba al sector “se quedaba fuera”. “Se hizo en aquel momento lo necesario para mantener la independencia del banco”, ha apuntado.
Por tanto, se ha remitido a intereses externos, como los accionistas mexicanos de la familia Del Valle, a quienes ha acusado de querer hacer se con el banco “a un precio muy bajo”. También al ya citado Saracho, a quien ha señalado por “hacer declaraciones que afectaron al banco”. El exdirectivo ha apuntado que la gestión de comunicación de la entidad tras su salida, señalando riesgos sobre el negocio, provocó que desde abril comenzara la salida de depósitos, que acabó provocando la crisis de liquidez.
Además, el antiguo presidente de Popular ha señalado que Santander “ha hecho un negocio excelente” con la resolución de la entidad. “No había visto nunca que 300.000 personas perdieran de la noche a la mañana sus ahorros”, ha apuntado. “Necesitan una compensación y debe haber una reparación”. El exdirectivo ha criticado el proceso de resolución realizado por la Junta Única de Resolución. “Es penoso que los accionistas hayan perdido todo”. En este sentido, ha defendido que “yo soy un afectado, he perdido más de un millón de euros. Soy un perjudicado económico y perjudicial”.
“Asumí la dirección con una pereza infinita”
“Lo que yo hice evitó un problema mayor”. Con esta frase ha resumido Emilio Saracho su valoración de su paso por la presidencia del grupo. “Yo estuve 108 días, el señor Ron estuvo más de una década”, ha subrayado descargándose de responsabilidades. “Me contactaron en 2016 para sustituirle y ya entonces me negué porque era el mayor problema que tenía el sistema financiero europeo”, ha corregido las palabras de su predecesor que defendía su gestión del grupo. “Asumí el cargo después de que se anunciara en un hecho relevante y subieran las acciones pero me producía una pereza infinita”.
Saracho ha señalado en una larga descripción de su paso por el Popular que cuando aterrizó el equipo directivo desconocía cuáles eran las necesidades de capital y provisiones. Además, ha añadido, recibió el aviso del secretario general técnico de la posibilidad de no cumplir con los ratios de solvencia a partir de junio del año pasado.
El exdirectivo, imputado junto a Ron en la causa de la Audiencia Nacional, ha culpado a la anterior dirección de los excesos durante la crisis. “La entidad mutó a algo que no era y aceleró cuando el resto de entidades comenzaron a frenar con la crisis”, ha apuntado. Además, ha acusado a su predecesor de “ocultación” de datos que llevaron a una reexpresión de las cuentas del año 2016.
También ha acusado al modelo de regulación financiera que entró en vigor en el año 2014, cuando la responsabilidad de supervisión pasó del Banco de España al Mecanismo Único de Supervisión europeo. “Creo que con la regulación anterior el banco podría haber seguido funcionado” ha defendido, criticando las restricciones de acceso a liquidez de la entidad días antes de su definitiva resolución.
En este sentido, ha argumentado que con el actual entorno regulatorio “el banco estaba condenado” y defender lo contrario “no era realista”. La entidad, según el directivo, perdió su viabilidad e independencia “mucho antes de lo que podían presumir Ron o los accionistas o quienes acudieron a la ampliación de capital”.
El banco tenía problemas “muy importantes”, según Saracho, pero ha criticado el modelo de resolución y venta de la entidad al Banco Santander. “Los accionistas no tenían mucho valor en el banco, pero desde luego no era de cero euros”, ha remarcado.
Previamente a la resolución, ha reconocido que se abrió un proceso de venta de la entidad en el que participaron Bankia, Santander, Sabadell y BBVA, aunque finalmente no se produjo. “Necesitábamos al menos 5.500 millones de capital para poder mantener el banco”, ha estimado el directivo.
El directivo ha apuntado que estaba previsto para el 12 de junio de 2017 el anuncio de una ampliación de capital, junto con la venta de una filial en Miami y de la participación en Wizink, así como el traspaso de activos tóxicos a “fondos buitre”. Con ello, según Saracho, se quería dar una muestra de confianza. “Yo habría invertido dos millones de euros en la ampliación”, ha señalado. Sin embargo, la ausencia de liquidez terminó por precipitar la resolución. “Este banco no tenía ninguna otra solución”.
