Un grupo de empresas españolas de material ferroviario, de ingeniería y de construcción han mantenido la pasada semana una reunión urgente con el secretario del Metro de Panamá, Roberto Roy, para tratar el tema de la infravaloración del título de los ingenieros españoles que amenaza con dejarlas sin opciones de adjudicación en la licitación de la Línea 2, que se producirá a lo largo de los próximos meses.
El contencioso se arrastra desde hace nueve meses cuando una pugna entre dos empresas españolas de ingeniería (Saitec y Ayesa) que competían por un contrato en el Metro de Bogotá en Colombia se saldó con un fallo por el que se considera el título de los licenciados españoles en las principales ingenierías (anteriores al marco de Bolonia) como un simple “diploma de pregrado”.
Esta valoración tiene como consecuencia que los equipos de profesionales que ofertan las empresas españolas obtendrán una puntuación en la evaluación de las licitaciones que es “exactamente la mitad” de la que se le otorgan a las “maestrías” de los titulados que presentan las principales competidoras. La desventaja no sólo afecta a los proyectos en Colombia o Panamá, sino que se ha extendido a casi toda Latinoamérica, principal caladero de negocio para las constructoras españolas en este momento.
“Este es el problema real y más grave con el que nos enfrentamos los empresas españolas desde hace casi un año en los concursos de grandes proyectos en la zona y el Gobierno de Madrid no hace nada por solucionarlo”, aseguran fuentes del grupo que acudió a la cita con Roberto Roy y que ha pedido no ser identificado “porque todavía no está lanzada oficialmente la licitación de la nueva línea del metro”.
Más grave que lo del canal
Estas empresas afirman que el conflicto del canal entre la ACP y el consorcio de Sacyr “apenas nos afecta”, ya que “no es un problema de la capacidad tecnológica del adjudicatario, sino de liquidez y de diferencia en la valoración de los sobrecostes que se han producido”.
Las mismas fuentes han asegurado que, en las conversaciones mantenidas con la dirección del Metro de Panamá, sus interlocutores han interpretado “de modo abierto y sin restricciones” que el conflicto de fondo que se ha suscitado entre la Autoridad del Canal (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) está directamente motivado por la actitud adoptada por Impregilo, principal socio de Sacyr.
Desde que en febrero del pasado año la empresa italiana cambió de propietario, tras la OPA lanzada por el empresario Pietro Salini, su política en el proyecto es “no asumir ni un euro de pérdidas más”. En la opinión de estos directivos panameños, “el conflicto no se terminará del todo hasta que las 16 compuertas para el tercer juego de esclusas en construcción estén ya en Panamá dispuestas a ser instaladas”. Actualmente, sólo han sido suministradas cuatro.
La ACP envió recientemente una representación a Italia para asegurarse de que la constructora de estas piezas clave del proyecto, la también italiana Cimolai, estaría dispuesta a mantener el resto del suministro si se produjera una ruptura con Impregilo.
Licitación de la Línea 2
El Metro de Panamá es una de las operaciones estrella en la que está embarcada la actual Administración del país centroamericano. Su popularidad entre la población es superior a la de la ampliación del canal. La Línea 1 del suburbano se inaugurará el 5 de marzo tras una inversión de 1.452 millones de dólares (1.060 millones de euros). Su extensión es de 13,7 kilómetros y 12 estaciones, de las que siete son subterráneas y cinco en superficie. La empresa del Metro de Barcelona, TMB, la ingeniería Ayesa, la ferroviaria CAF y la constructoras Acciona y FCC han tenido un papel estelar en la construcción de esta primera fase.
Ahora, cuando el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y el secretario del Metro de Panamá han confirmado que tienen la intención de licitar en los próximos meses la Línea 2 del suburbano con el objetivo de que el proyecto esté adjudicado en diciembre de este año, han saltado todas la alarmas entre las empresas españolas. Aseguran que se enfrentan al “gravísimo problema de la degradación de los títulos de sus ingenieros”, lo que “supone una desventaja casi insalvable para lograr la adjudicación frente a nuestros competidores”.
La fuentes citadas critican con dureza que “el Gobierno de Madrid se movilizara para resolver las dificultades del grupo de Sacyr desde el mismo momento en el que surgieron diferencias sobre la ampliación del Canal, y se quede de brazos cruzados a la hora de solventar el problema de la degradación de la titulación de los ingenieros españoles en toda Latinoamérica”. No se explican esta pasividad, cuando “la solución parece algo tan simple como ajustar la titulación tradicional con el nuevo marco de Bolonia”.
La inacción del Ministerio de Educación español ha llevado a asociaciones y colegios de ingenieros industriales a presentar en enero una denuncia ante la Unión Europea. Como consecuencia de la falta de equiparación de los distintos planes de estudios, “los ingenieros españoles nos vemos perjudicados en las contrataciones y también las empresas de las que forman parte, porque puntúan menos en los concursos”, indicó en su día a eldiario.es un portavoz del Colegio de Ingenieros de Caminos.