Un plan para construir viviendas públicas y asequibles que nos acerque a la media de otros países europeos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes en el Senado la construcción de 20.000 viviendas públicas de alquiler asequible en terrenos del Ministerio de Defensa. Es el tercer anuncio en unas semanas para reforzar el parque de vivienda social.
“Si tenemos en cuenta las viviendas públicas ya proyectadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en su plan de vivienda para el alquiler asequible, en los próximos años habilitaremos 183.000 viviendas de titularidad pública para alquiler”, aseguró Sánchez en la Cámara Alta. La meta: “Alcanzar lo antes posible la media europea del 9% de parque público de vivienda y seguir avanzando hacia el 20% que registran los países más avanzados de Europa en este ámbito”. Hoy, apenas el 2% de todo el parque de viviendas está dentro del paraguas del alquiler asequible. En Países Bajos, como comparación, es bastante más, porque supera el 30%.
Desglosamos de dónde sale ese objetivo de llegar a tener un parque público de 183.000 viviendas.
Esos más de 14.000 pisos son el objetivo a construir en coordinación con ayuntamientos y comunidades autónomas. Cabe recordar que son los gobiernos regionales los que tienen las competencias en vivienda, lo que conlleva que se tengan que firmar convenios entre administraciones.
Esos planes estatales son como la hoja de ruta de una legislatura en materia de vivienda. El actual corresponde al periodo 2022-2025 y para esos cuatro años de vigencia, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comprometido más de 1.440 millones de euros.
A lo largo de los últimos meses se han ido sellando convenios con distintas comunidades. Por ejemplo, con Castilla-La Mancha, Illes Balears o Cantabria, entre otras. De momento, dentro de ese objetivo de más de 14.000 hay firmados y conveniados 7.217 inmuebles.
Estos pisos son, también, nuevas promociones, pero están fuera de los planes estatales que se mencionan en el punto anterior.
Y, de nuevo, no todas están construidas, pero la mitad sí están proyectadas. En concreto, están firmadas entre las distintas administraciones 4.947 viviendas.
Es el gran proyecto en vivienda a través de los fondos europeos. Una meta de 20.000 pisos que tiene una fecha en el calendario, porque el compromiso con Bruselas pasa por que empiecen a entregarse en 2026. Es decir, en la próxima legislatura.
De esos 20.000 pisos, a día de hoy están firmados acuerdos para construir 14.000. Tienen que ser de alquiler social y ser energéticamente eficientes. Este objetivo tiene una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros, del Plan de Recuperación.
También tienen que ser viviendas nuevas, en terrenos de titularidad pública y la ayuda de los fondos es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil, con un máximo de 50.000 euros por vivienda, según desglosó el Ejecutivo.
Este fondo de viviendas no es nuevo. Hay que remontarse a 2012 –en pleno pinchazo de la burbuja– y al Gobierno de Mariano Rajoy para ver su origen. Entonces, se buscó crear un parque de alquiler social con pisos de las entidades financieras.
Un Fondo Social que no estuvo exento de problemas, porque el Gobierno del PP tuvo que cambiar los requisitos por lo difícil que era acceder a uno de esos pisos. De hecho, en el primer año solo se adjudicaron 750 inmuebles. Hoy ese fondo supera los 11.000 pisos y cerca de 10.000 ya están arrendados.
Sepes es la Entidad Pública Empresarial de Suelo. Es decir, es la encargada de gestionar el desarrollo de viviendas en suelo público del Estado. Por ejemplo, cuando se quieren desarrollar viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa, Sepes tiene que adquirirlos para, a partir de ahí, desarrollar los convenios con las administraciones autonómicas y construir esos pisos.
En este suelo de Sepes están operaciones clave, como Campamento en Madrid –donde hay cerca de 12.000 inmuebles– o Son Busquets (Palma).
El Estado va inyectando fondos a Sepes para realizar esos desarrollos de vivienda asequible. “La cantidad que hemos transferido a Sepes desde 2018 asciende a casi 622 millones”, aseguró la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que inyectó más dinero a esta sociedad estatal para financiar la Operación Campamento. “Este convenio convierte de facto a Sepes en el brazo ejecutor de la política de vivienda del Estado”, recalcó.
Este fue el primer anuncio de Pedro Sánchez para hacer crecer el parque de vivienda pública en alquiler asequible. Con matices. De esas 50.000 viviendas, 14.000 ya están habitadas.
Otras 21.000 se pondrán a disposición de municipios y comunidades, con fórmulas aún por definir, y hay que tener en cuenta que no todas están en condiciones de poder entrar a vivir, porque hay 11.900 que están pendientes de adecuación, es decir, no tienen condiciones suficientes para ser habitables, según explicó Sareb a elDiario.es.
Además, hay otros 15.000 pisos, bajo el paraguas del 'banco malo', que hay que construir.
En esta información se pueden buscar los pisos de Sareb municipio a municipio.
Se trata de un proyecto por concretar. Lo que anunció Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados es la financiación de 43.000 viviendas, bien de nueva construcción o rehabilitadas.
No se sabe dónde estarán, pero sí que para su financiación se creará una nueva línea ICO de los fondos europeos. Todas las actuaciones deberán cumplir unas condiciones: eficiencia energética, que se destinen al alquiler social a precio asequible y que la cesión en uso sea, al menos, por 50 años.
Es el último anuncio del presidente del Gobierno: otras 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, que tendrán que desarrollarse a través de Sepes, es decir, con convenios para que esta entidad compre esos suelos a Defensa.
Tampoco se sabe su distribución territorial. “El Ministerio de Defensa es uno de los principales propietarios de suelo público”, recordó el presidente en el Senado.
En total, más de 183.000 viviendas, entre los diferentes programas e iniciativas. “En los próximos cinco años vamos a incrementar en más de un 50% el número de viviendas de titularidad pública o impulsadas por la administración general del Estado”, prometió Sánchez.
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