Esta no es la semana del Ejecutivo con las estadísticas. Después del lío de los salarios, en el que el vicepresidente Montoro habló de moderada subida de las remuneraciones cuando se está registrando una caída según todas las estadísticas, ahora la vicepresidenta económica saca pecho con unas cifras de falsos parados hinchadas adrede o por error.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría se enredó en una espiral de cifras sobre los parados a los que se les había quitado la prestación por haber cometido fraude. En un primer momento, la vicepresidenta dice que se han abierto comprobaciones a 520.000 perceptores de prestaciones para ver si estaban cometiendo algún tipo de fraude en el último año y medio. Pero a lo largo de su intervención, Sáenz de Santamaría se ha ido encendiendo con la cifra y ha asegurado que “medio millón de personas cobran fraudulentamente la prestación por desempleo”. Además, ha explicado que este fraude consiste en que estas personas “cobran prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente y trabajan en B”.
Los datos que ha anunciado la vicepresidenta están muy lejos de las estadísticas oficiales que proporciona el propio Ministerio de Empleo. En agosto, la ministra envió una “carta abierta” a los medios de comunicación para hacer este mismo balance de la lucha contra el fraude. Pero las cifras eran muy diferentes. Según publicaron en su página web, en el primer semestre del año se les retiró la prestación por desempleo “a 60.004 beneficiarios de la prestación por falta de disponibilidad para el empleo, incumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la misma, frente a 52.269 en 2012”. Así, en el segundo semestre de 2012 se le tendría que haber retirado la prestación a 408.000 personas para que cuadrarán las cuentas de la vicepresidenta.
Pero el equívoco va más alla. Según Empleo, se detectó “a 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las han obtenido fraudulentamente”. Además, según el informe completo sobre lucha contra el fraude de 2012, solo 9.452 personas estuvieron en esta situación. Teniendo en cuenta que de media hay 2,7 millones de beneficiarios de prestaciones por desempleo, la proporción es casi anedótica y apenas un 3% de lo que ha dicho la vicepresidenta.
Fuentes del Ministerio de Empleo han intentado dar otra explicación a las cifras que ha dado la vicepresidenta pero que no encuentran en su base de datos. Así, desde Empleo dicen que se han debido de sumar también las suspensiones, es decir, la gente a la que se retira la prestación durante un mes.
En total, se les suspendió temporalmente la prestación a 123.000 beneficiarios en el primer semestre del año. Sumados a los 60.000 a los que se les quitó definitivamente la cifra da 183.000 por lo que en 2012 deberían haber sido 337.000 beneficiarios los que hubieran defraudado al sistema.
Sin embargo, Empleo no dio estos datos en agosto porque esto no se considera fraude. La mayor parte de estas personas olvidó renovar su demanda de desempleo a tiempo y se les suspendió el cobro durante un mes. Pero el error, como es lógico, no aparece en el plan de lucha contra el fraude.
En la referencia del Consejo de Ministros, que se publica con posterioridad a la rueda de prensa, se especifica que “la mayoría de estos perceptores -por los 520.000- han sido sancionados por el incumplimiento de requisitos tales como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones, así como la no renovación de demanda”. Es decir, faltas que no se consideran fraude. Además, se asegura que se hicieron 2,5 millones de “actuaciones de control”. Una cifra ingente si se tiene en cuenta que la plantilla de inspectores de la Seguridad Social apenas está en 2.000 efectivos. Es decir, en este año y medio cada inspector habría hecho 120.000 controles.
Las desorbitadas cifras ofrecidas por la vicepresidenta hubieran obligado a una tarea hercúlea a los inspectores laborales si se tiene en cuenta que en un año y medio abrieron 334.214 inspecciones en materia de empleo. Es decir, que por cada expediente abierto habrían pillado a 1,5 parados defraudando.
Las cifras hablan por sí solas.
El anuncio de los resultados de plan de lucha contra el fraude (con un batiburrilo de cifras que ya se conocían con anterioridad) se enmarcan dentro del inminente anuncio que hará el Ejecutivo de que impondrá sanciones más fuertes a quienes rechacen una oferta de trabajo. Así, la vicepresidenta ha dicho que “se reforzarán las medidas y consecuencias” derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones.
Horas antes, el presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguró que las personas desempleadas “que no quieran atender” ofertas de trabajo del servicio público de Empleo deberían tener algún tipo de sanción.