Año 2017 y aún se pasan noches en blanco para salvar bancos en España. El Estado, a través de su brazo financiero, el Fondo de Resolución Bancaria (Frob) anunció a primera hora de la mañana la decisión de vender a Banco Popular a Santander por el precio de un euro. La decisión se cerró a lo largo de la noche después de que las entidades regulatorias asumieran que la entidad era inviable y que estaba a punto de afrontar problemas de impagos. Desde las 8 de la mañana, Santander garantiza la liquidez y se hace responsable de que cualquier depositante que acuda a lo largo del día de hoy a retirar su dinero de Popular pueda hacerlo con total tranquilidad.
La inminente quiebra ha llevado a que la Junta Única de Resolución, la autoridad competente para determinar la liquidación o rescate de las entidades bancarias europeas según la nueva regulación, decidiera activar el nuevo protocolo para salvar entidades. España se convierte así en el primer país europeo en usar este mecanismo y Popular, en el primer banco en ser intervenido de acuerdo con las nuevas reglas de juego.
Según la nueva ordenación, los contribuyentes no deben ser los primeros en soportar el rescate de las entidades financieras. Para lograr este efecto, se ha decidido amortizar todas las acciones del banco y también activar la conversión de parte de la deuda. Con esta mecánica, los accionistas y parte de los acreedores son los que han puesto el dinero para salvar la entidad que se suponía un riesgo para la estabilidad financiera española y, por ende, europea.
Para tomar esta decisión la situación había llegado a ser desesperada. La Junta Única de Resolución se explicaba en un duro comunicado asegurando que Popular estaba “quebrando o a punto de quebrar” con suficientes elementos para considerar que la entidad, en “un futuro próximo, sería incapaz de pagar sus deudas”.
La operación es efectiva desde hoy y para llevarla a cabo Santander realizará una ampliación de 7.000 millones de euros. Con ella cubrirá las necesidades requeridas de capital y provisiones, según ha informado la entidad en un comunicado. Para digerir el problema del ladrillo tóxico y las operaciones relacionadas con él, Santander hará 7.900 millones de euros de provisiones adicionales para activos improductivos, incluidos 7.200 millones de euros para activos inmobiliarios. Con lo que espera ampliar el nivel de cobertura de riesgo vinculado a la actividad inmobiliaria del 45% al 69%. A la par que espera reducir los activos inmobiliarios en los próximos años.
La CNMV ha suspendido a Popular de cotización. Por su parte, el Banco Central Europeo y el Banco de España también han emitido sus comunicados en los que también reconocen que la quiebra era inminente, pese a los intentos de la entidad por desmentir este punto en las últimas semanas.
La Junta asegura que “no había ninguna previsión razonable” de que ninguna alternativa liderada por el banco o ninguna medida tomada por los supervisores pudiera evitar la caída de la entidad en un periodo razonable de tiempo. Además, asegura que el proceso de venta iniciado por Banco Popular no estaba dando ningún resultado positivo, debido a la dificultad del banco para lograr movilizar la liquidez necesaria en el tiempo acordado.
El banco lleva sufriendo un duro castigo en los mercados en los últimos días. La semana pasada, las acciones de la entidad cayeron casi un 40% y esta semana, los títulos han vuelto a sufrir pérdidas en bolsa. De esta manera, la capitalización de Popular había caído hasta rondar los 1.300 millones de euros. Aunque desde la entidad seguían tratando de desinvertir en aquellos activos no relacionados directamente con su actividad para salvar los muebles.
La gestión de la información y la relación con el mercado han sido claves en que la entidad se deslizara por el precipicio y en que finalmente su destino fuera una profecía autocumplida. Tras la llegada del nuevo equipo ejecutivo con Emilio Saracho al frente (que procedía de JPMorgan) se sucedieron las filtraciones sobre la venta de la entidad y la inminente quiebra. Los desmentidos del banco han sido inútiles y el caos generado alrededor de las filtraciones ha ido hundiendo la confianza en la entidad y provocando su caída. La puntilla llegó con el retraso en el proceso de venta. En un primer momento, se hablaba de que la entidad habría dado de tiempo hasta el 10 de junio para recibir ofertas. Un plazo que se habría ampliado hasta finales de mes, lo que dejó claro para el mercado el nulo interés por parte de los compradores. En principio, Santander, Bankia y BBVA estaban en la recta final para expresar su interés.
Los problemas de Popular vienen de largo, con una difícil digestión de los activos inmobiliarios o la integración del banco Pastor en medio de la crisis como puntos clave. En los últimos años, la entidad ha vivido además tres ampliaciones de capital y ha estado inmersa en rumores de compra por otras entidades.