El “servicio social” femenino franquista se equipara a la mili y computará para acceder a la jubilación parcial

España computará a partir de ahora el “servicio social” femenino franquista para acceder a la jubilación parcial, al igual que ya sucedía con el servicio militar ('la mili') o su servicio social sustitutorio que debían cumplir los hombres en la dictadura. Con la aprobación de la medida este miércoles, avalada por unanimidad en el Senado, se acaba con una muestra de “discriminación” de las mujeres en el ordenamiento jurídico español, ha celebrado la gran mayoría de grupos políticos en la Cámara Alta.

La proposición de ley ha sido defendida esta mañana por el PSOE, el grupo que presentó la ley en el Congreso. El primer bloque de la reforma de pensiones del Gobierno de coalición, aprobado en diciembre de 2021, ya equiparó el “servicio social” femenino a la mili y el servicio social masculino en cuanto al acceso a la jubilación anticipada. Esta equiparación había sido avalada por varios tribunales, hasta el Supremo, que dictó jurisprudencia en 2020.

Sin embargo, había quedado pendiente la asimilación de cara a la jubilación parcial, que no se abordaba en la reforma de pensiones. La jubilación parcial permite a los trabajadores de edad avanzada (a partir de 62 años) reducir su jornada y recibir parte de su futura pensión de jubilación, como una fórmula de salida progresiva del mercado de trabajo.

Finalmente, la equiparación de ambos servicios franquistas (femenino y masculino) se ha aprobado de manera definitiva esta mañana, con ningún voto en contra, este miércoles en el Senado. Los diferentes grupos políticos han celebrado que se ponga fin a una diferencia que han considerado injustificada y que ha perjudicado a las mujeres durante años.

Hasta un año cotizado para la jubilación parcial

Así, en los 33 años de cotización que hay que demostrar para acceder a la jubilación parcial, se podrá computar el “servicio social” femenino al igual que ocurre con ‘la mili’ y el servicio social de los hombres, con el límite máximo de un año. 

El cambio en la Seguridad Social se aplicará en cuanto entre en vigor, “el mismo día al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado” (BOE), que tendrá lugar en los próximos días.

La medida se prevé que beneficie a un número reducido de mujeres, han reconocido los senadores y senadoras esta mañana en la Cámara Alta, ya que se aprueba “muy tarde”. Las mujeres con derecho a la medida están en su mayoría ya por encima de la edad de jubilación ordinaria o han fallecido, pero las más jóvenes que tuvieron que cumplir con esta obligación con efectos hasta 1978 sí podrán acudir a esta mejora si lo desean.

El “servicio social” en manos de la Sección Femenina de la Falange fue obligatorio para las mujeres entre 17 y 35 años que estuviesen solteras, que quisieran acceder a un trabajo remunerado o a un título académico u oficial, así como para aquellas mujeres que quisieran obtener el pasaporte o el carné de conducir, entre otras cuestiones.

Desde el PSOE han destacado que, aunque el número de beneficiadas sea limitado, la aprobación del cambio legal tiene como objeto acabar con una discriminación aún con efectos para algunas ciudadanas. La senadora Paloma Hernández Cerezo ha subrayado además la importancia “simbólica” de acabar con esta desigualdad y visibilizar un servicio franquista que trataba de “enseñarte a ser mujer” desde una visión patriarcal, por el que la mujer “necesitaba tutelas” o de su marido o de la propia dictadura apra cumplir con acciones básicas como trabajar o estudiar, al contrario que los hombres.

El PP, aunque ha apoyado la proposición de ley, presentó dos enmiendas en el Senado que han sido rechazadas por la Cámara. Una pretendía evitar que se pida la “cartilla” u otro medio de acreditación de este servicio social feminino, a menudo difícil de probar, y la segunda disponía que se tuviera en cuenta tanto la mili como el servicio femenino para acceder a la jubilación ordinaria, una cuestión pendiente desde hace años.

Desde el PSOE han respondido al PP que esta última cuestión debe ser abordada en el Pacto de Toledo, con más debate y análisis por parte del conjunto de los grupos parlamentarios, y no a través de una enmienda en la Cámara Alta.