Los sindicatos de tripulantes de cabina USO y Sitcpla, así como el de pilotos, Sepla, han impugnado de forma conjunta ante la Audiencia Nacional el expediente de regulación de empleo (ERE) que la aerolínea irlandesa Ryanair pretende aplicar en España. Finalmente, los representantes de los trabajadores explican que el despido colectivo alcanza a 224 empleados, frente a los 432 que se anunció en un inicio.
Los sindicatos alegan que el ERE está plagado de “múltiples irregularidades e incumplimientos” de la legislación laboral española y que, además, las causas para aplicar el despido colectivo “no quedan acreditadas, e incluso, algunas de ellas son inexistentes”.
Ryanair anunció un ERE en España debido a su decisión de cerrar las bases de Girona, Tenerife Sur, Lanzarote y Gran Canaria, debido, según la aerolínea de bajo coste, al retraso en las entregas de los Boeing 737-MAX, la ineficiencia de las tres bases insulares, el elevado coste de operaciones y la incertidumbre ante el “brexit” y su impacto en Canarias.
También adujo que la disminución de la demanda en el Aeropuerto de Girona durante la temporada de invierno obligaba al cierre de esta base.
Los tres sindicatos han difundido este viernes una nota en la que explican que, como argumenta su impugnación, la aerolínea irlandesa “no ha podido demostrar” el descenso en la demanda ni en la facturación en las operaciones en las bases canarias.
Añaden que Ryanair “no ha acreditado los cambios en la operativa de Girona siendo la estacionalidad de su actividad una constante desde la apertura de la base”.
En cuanto al retraso en la entrega de los Boeing 737 MAX, la demanda sindical recuerda que Ryanair contempla en su Informe Anual de 2019 disponer de unas 60 aeronaves inmovilizadas “como estrategia estacional, por lo que la no entrega de aviones no puede justificar el cierre de bases”.
Denuncia de “irregularidades”
USO, Sitcpla y Sepla denuncian también “múltiples irregularidades” cometidas por Ryanair en el ERE desde el punto de vista formal e intencional de la compañía.
Entre ellas, los representantes de la plantilla citan la falta de aportación del plan de recolocación externo y “la diferencia entre la comunicación de decisión final de la empresa a los representantes sindicales y la realizada a la autoridad laboral” en cuanto a las indemnizaciones por despido, vacantes, la fecha efectiva de los despidos, la situación de la base de Girona y el listado definitivo de afectados (finalmente “224 de los 502 que recibieron la carta anunciando el ERE”).
La demanda contiene además un apartado en el que se analiza la actuación de la empresa con respecto de la base de Girona, donde la aerolínea ofreció de manera individual a los trabajadores mantener sus puestos a cambio de precarizar sus condiciones laborales.
Los sindicatos tachan la maniobra de “una auténtica coacción, fraude de ley, intento de engaño y un claro ejemplo de incumplimiento de la obligación de negociar con buena fe”.