La negociación colectiva entre los sindicatos y los empresarios ha dado por fin sus frutos. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han pactado con las organizaciones patronales CEOE y Cepyme este lunes una subida salarial fija de “en torno al 2%” más otro 1% variable en función de la productividad, la situación de las empresas y el absentismo injustificado, así como alcanzar un salario mínimo por convenio de 1.000 euros al mes hasta 2020. Los agentes sociales han sellado esta tarde el preacuerdo sobre el IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que deberá ser respaldado en el seno de las centrales sindicales y la CEOE, con las recomendaciones a nivel estatal para los convenios colectivos que se firmen entre 2018 y 2020.
Los secretarios generales de los sindicatos UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, ya advirtieron de que este año no volvería a ocurrir lo mismo que el pasado, cuando se levantaron de la mesa de negociación con la patronal sin refrendar un acuerdo. Tras muchos meses de negociaciones en los que las conversaciones han pasado baches, con críticas cruzadas e incluso concentraciones de protesta de los sindicatos frente a las sedes de la patronal, los agentes sociales han cerrado este 25 de junio un documento.
Aunque no son obligaciones, el texto contiene las recomendaciones de los líderes de las organizaciones sindicales y empresariales a nivel estatal para los convenios colectivos que se suscriban en los próximos tres años y también desarrolla algunos temas para abordar con el Gobierno en materia laboral.
Con el cambio del Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, estas cuestiones que se negociarán con el nuevo Gobierno han adquirido una gran relevancia. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, confirmó que el Ejecutivo de Sánchez no va a derogar la reforma laboral del PP de 2012 ni a modificar aspectos claves de esta sin consenso social y político. Valerio ha emplazado a que los cambios prometidos por el PSOE en la oposición lleguen de la mano del “diálogo social”, por lo que los acuerdos a los que ya han llegado la patronal y los sindicatos acercan esas modificaciones legislativas.
Salario mínimo por convenio de 1.000 euros
En materia salarial, el acuerdo recoge un aumento en dos tramos: una parte fija de “en torno al 2%”, más una parte variable del 1% “ligada a conceptos que en cada convenio se determinen, como la evolución de la productividad, resultados, absentismo injustificado y otros, en base a indicadores cuantificados, medibles y conocidos por ambas partes”. El redactado del “entorno” al 2% ha llegado al texto del preacuerdo después de que durante mucho tiempo la patronal defendiese recoger un incremento de “hasta el 2%”. Los sindicatos, por su parte, ceden en sus demandas iniciales, que exigían una subida mínima del 3,1%.
Por otro lado, las organizaciones de trabajadores alcanzan una de sus “líneas rojas” en estos meses de negociación: que los salarios más bajos subieran más y se trataran de manera específica, dado que han sufrido una mayor devaluación durante los años de crisis económica. La propuesta de las centrales sindicales de fijar un salario mínimo por convenio de 1.000 euros mensuales en 14 pagas ha quedado finalmente reflejada en el texto, para ser alcanzada “de manera progresiva” hasta 2020.
La cláusula de revisión salarial, que enfrentaba a las partes, al final ha quedado contemplada como una opción: “Los convenios colectivos podrán establecer mecanismos de revisión salarial, teniendo en cuenta los indicadores que en cada caso estimen los negociadores”.
Prórroga de los convenios
El acuerdo también abordan la 'ultraactividad' (prórroga automática de un convenio en ausencia de otro que lo sustituya), para que no decaiga durante la negociación del siguiente convenio. En la actualidad, esta renovación está marcada por la limitación temporal de un año que estableció la reforma laboral de 2012.
El preacuerdo incluye que “los firmantes compartimos la necesidad de que durante los periodos de negociación de los convenios colectivos, estos conserven su vigencia” y proponen varias medidas para facilitar la negociación entre sindicatos y patronal durante la renovación. El texto precisa que la renovación de los convenios se hará “respetando básicamente la autonomía de la voluntad de las unidades de negociación”.
Modificar la subcontratación
Entre los asuntos para ser tratados con el nuevo Gobierno, los empresarios y los sindicatos se han puesto de acuerdo en que hay que modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontratación de obras y servicios. Los agentes sociales concluyen que “la regulación de estos procesos de descentralización no deben incentivar una competencia desleal, ni un deterioro de las condiciones de empleo”. Las organizaciones de trabajadores han denunciado que algunas subcontratas tiran los precios a la baja y suponen un ahorro para las empresas a costa de los salarios de sus trabajadores.
Para cambiar esto, continúan, “es necesaria una nueva regulación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que garantice las condiciones laborales en los procesos de descentralización productiva”. Esta es una de las modificaciones legislativas que el PSOE había exigido desde la oposición y en que estaba desarrollando en el trabajo parlamentario en el Congreso de los Diputados.
Equiparación de los permisos por nacimientos
Otros de los acuerdos que mandan a la mesa de la ministra de Trabajo pasan por “desarrollar medidas integrales” para favorecer la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres. Entre sus recomendaciones, los agentes sociales concretan sobre todo una que está en la primera línea política: la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad.
El texto del preacuerdo insta a “una equiparación en las condiciones de disfrute de los permisos de paternidad/maternidad o de las reducciones de jornada, de manera que se incentive desde el poder público que hombres y mujeres se acojan al ejercicio del derecho de forma equitativa, igualitaria e intransferible”.
También proponen “un desarrollo del sistema de atención a la dependencia y la infancia que dé la cobertura necesaria” para que las mujeres no se vean tan afectadas en su carrera profesional, así como “un estudio cualitativo del sistema de pluses y complementos salariales, midiendo su impacto de género” para que sea tenido en cuenta en las negociaciones de convenios colectivos.
Los sindicatos y la patronal también consideran que se debe recuperar el contrato de relevo “en las condiciones de su puesta en marcha”, acordar medidas que favorezcan alternativas al despido mediante la adaptación de jornada, impulsar una reforma legal de la Formación Profesional para el Empleo y crear un Observatorio sobre absentismo laboral que en 6 meses emita un informe sobre el tema, entre otras cuestiones.