Mientras los rebrotes por coronavirus se extienden por varias provincias, los temores se extienden en uno de los principales focos de contagio y muertes en los momentos más duros de la pandemia: las residencias de mayores. Los sindicatos CCOO y UGT y dos de las mayores patronales del sector de la dependencia, AESTE y ASADE, han suscrito un documento conjunto en el que piden al Gobierno central un Plan de Choque inmediato, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que mejore y garantice la coordinación del sistema sanitario y el de servicios sociales para evitar el descontrol y la desatención vividas en relación a las residencias y los domicilios de personas mayores y dependientes. La premisa de sindicatos y empresarios es clara: lo vivido en los pasados meses debe ser analizado y, sobre todo, no puede volver a producirse.
Los representantes sindicales y patronales han anunciado que se han reunido este mismo lunes por la mañana con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que se ha comprometido a sentarse a hablar con los agentes sociales del sector “de manera inmediata, antes de que termine julio” para analizar sus propuestas. Además de las mejoras en la coordinación, el sector reclama más fondos, especialmente por parte del Estado Central, y denuncia la infrafinanciación pública de este servicio esencial, que todavía sufre años de recortes en la dependencia en el pasado. Esos fondos son necesarios en opinión de los agentes sociales para mejorar la calidad de los servicios prestados, pero también las condiciones de trabajo de las trabajadoras del sector, la gran mayoría mujeres, muchas que cobran el salario mínimo y que han enfrentado su trabajo durante la pandemia en condiciones muy precarias.
“Han fallado muchas cosas y no pueden volver a fallar. Estamos viendo brotes de manera contigua en el país y hay un riesgo real de la que la situación vuelva a producirse aunque todos esperamos que no”, ha advertido este lunes Carlos Bravo, secretario confederal de CCOO. Junto a Adela Carrió, secretaria confederal de UGT, los responsables sindicales han insistido en una rueda de prensa esta mañana en la reclamación de que se realice una auditoría que investigue y analice lo sucedido durante la pandemia en las residencias de mayores y en los servicios a la dependencia de atención domiciliaria para corregir los errores en el sistema y mejorar la atención de cuidados.
Algo menos común es que la petición del estudio de lo sucedido en las residencias parta también de los empresarios del sector, que también se ha producido este lunes. “Sí, consideramos que es importante que haya una reflexión, un conocimiento de las causas que nos han llevado a esta falta de acción en la pandemia en todo el sistema sanitario y cómo podemos mejorar de cara a posibles rebrotes, para tener un sistema que garantice la atención a nuestros mayores en un futuro”, ha sostenido Jesús Cubero, secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE).
Patronales y sindicatos coinciden en que hay que actuar ya, con urgencia y con el liderazgo del Estado central, para solventar algunos de los errores más evidentes en los meses más duros de pandemia, como la falta de coordinación en el tratamiento de datos de lo que sucedía en las residencias de ancianos y en su relación con los servicios sanitarios.
Exigen coordinación en los datos
Respecto al primer problema, la falta de transparencia y control en la información sobre lo que se vivía en los centros residenciales, se evidencia de manera clara en que aún el Ministerio de Sanidad no ha facilitado los datos oficiales sobre cuántos contagios y muertes hubo en las residencias de mayores del país. Sanidad admitió finalmente a inicios de este mes que no ha facilitado las cifras de lo ocurrido ante la falta de calidad de los datos de las Comunidades. En el documento se concretaba que la cifra de fallecimientos era de 27.350 personas en total del 23 de marzo al 20 de junio de 2020, la suma de lo dado por todas las comunidades, pero Sanidad reconocía que la cifra no era válida y que presentaba discrepancias con otras fuentes, que hablarían de que en residencias han fallecido 32.843 personas.
Los sindicatos y patronales exigen en este sentido que el Gobierno central dirija y tome la batuta para garantizar el seguimiento de la situación en las residencias de todo el país, en colaboración de las Comunidades Autónomas. “Es necesario que haya una mayor transparencia y basada en un sistema de información centralizado y unificado. No puede repetirse la situación que se ha dado durante la pandemia, cuando los centros residenciales reportaban diariamente información en cuatro y cinco sistemas diferentes de consejerías, ministerio de Sanidad, Guardia Civil, Ayuntamientos, Policía municipal...”, ha afirmado Cubero. “Eso debe ser diseñado y liderado por el propio Ministerio de Sanidad y el de Políticas Sociales”.
Los empresarios han insistido en que “la mayor intervención” del Estado central en materia de coordinación no debe interpretarse por una invasión de competencias por parte de las CCAA, sino como una herramienta de coherencia y transparencia en los servicios de dependencia de todo el país. “Esa mayor coordinación nosotros también la vemos desde el punto de vista de la estandarización de los servicios, que la prestación tenga unos mínimos iguales en todo el Estado es un valor, a través de modelos de certificación y calidad”, ha defendido Valeriano López, de Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), con la intención de “sacar del sector” a empresas que no garanticen los mínimos necesarios en este servicio esencial. En el documento suscrito por las cuatro organizaciones se refiere en concreto el objetivo de combatir las “empresas pirata”, que devalúan la calidad de los servicios en residencias y en los hogares de personas dependientes.
Garantizar la atención sanitaria
Otra de las tareas urgentes pasa por mejorar la coordinación entre el sistema sanitario y el de servicios sociales de manera que se garantice una atención sanitaria adecuada de las personas mayores internas en las residencias y de las dependientes en sus hogares. Durante la pandemia, salieron a la luz los protocolos y órdenes de varias Comunidades, como la de Madrid, para no derivar a los mayores de las residencias de ancianos a hospitales.
Las patronales y sindicatos exigen protocolos claros de coordinación del sistema de dependencia con el sanitario, también liderado desde el Estado central, para asegurar la derivación a los centros sanitarios cuando sea necesario o la atención en los propios domicilios o centros residenciales en estos momentos de rebrotes focalizados y, especialmente, ante los temores de un nuevo rebrote más amplio en los próximos meses que vuelva a poner al país en una situación comprometida de nuevo.
De cara al medio plazo, todas las partes coinciden en la necesidad de revisar el modelo residencial en España, ya que “la población mayor de la residencia necesita una mayor atención sanitaria”, ha afirmado el representante de la patronal AESTE. El empresario ha recordado que las personas residentes cada vez tienen una edad más avanzada y requieren más cuidados sanitarios. La pandemia ha evidenciado estas carencias de forma drástica, dada la situación excepcional vivida, pero los sindicatos y las patronales coinciden en que es necesario abordar un cambio que garantice esa mayor atención de forma estructural, a largo plazo.